Le llaman "cancel culture"
y se está extendiendo como una plaga.
Es lógico denunciar la censura en los medios de comunicación de cualquier democracia que se precie pero, además, esta práctica que ha estallado como un polvorín en los medios sociales es también un grave error que puede traerle a los censores desagradables consecuencias.
Estamos contemplando con justa indignación cómo los gigantes de la alta tecnología ("Big
Tech") están introduciendo limitaciones y trabas para restringir severamente o incluso erradicar opiniones que califican de conservadoras. Es asombroso que estas empresas multibillonarias, manejadas por opulentos empresarios y administradores a los que les sobra el dinero, intenten silenciar a quienes, precisamente, son los principales defensores de la propiedad privada y de la libre empresa. Cabe especular que ellos no tienen interés alguno en respetar la propiedad privada ni fomentar la libre empresa, por la sencilla razón de que se han dejado dominar por una ambición desmedida que los impulsa a aspirar a la formación de sistemas monopólicos y oligopólicos que sólo son posibles cuando hay gobiernos centralizados que proverbialmente derivan hacia la corrupción y permiten estos excesos del capitalismo.
Aunque este es un fenómeno que se ha extendido rápidamente en pocos meses por la mayoría de los países industrializados, el foco de la censura pandémica que nos está azotando parece originarse en Estados Unidos. A raíz del horrible ataque de grupos extremistas al Capitolio de Washington DC el pasado 6 de enero, estas empresas se han despojado de toda pretensión de objetividad.
Es atroz que en cualquier democracia algunas empresas monopólicas u oligopólicas puedan impunemente anular las operaciones de otras empresas más pequeñas o que han entrado recientemente al mercado para competir legalmente, como ha sido el caso de "Parler", que se había convertido en una alternativa competitiva de "Twitter", la que hasta hace poco monopolizaba ese tipo de comunicaciones. Es atroz que algunas poderosas empresas que ofrecen un servicio público censuren impunemente las opiniones de sus usuarios, discriminándolos por sus tendencias políticas. Twitter, Facebook y otras empresas que intentan controlar sin competencia las comunicaciones y la opinión pública afirman con piadosa hipocresía que lo hacen porque están en contra de fomentar la violencia que, según ellos, proviene de sectores "ultraconservadores".
Aparte de ser una hipocresía, es una flagrante ridiculez cuando comparamos ese alegado propósito con la realidad de lo que permiten publicar. Es una constante muy evidente que en esos medios se publiquen mensajes que no sufren censura alguna pese a su carácter propagandístico y muy agresivo, incluso procedentes de China o de Irán y de otras fuentes que promueven la violencia y el terrorismo contra los países democráticos, además de todas las exageraciones, noticias falsas o manipuladas, o de los groseros insultos de fanáticos que no toleran ideas conservadoras. Para colmo, el que era Director Ejecutivo de Twitter sugirió enardecido el año pasado que habría que fusilar a los capitalistas que él consideraba objetables.
Es también muy lamentable que uno de los grandes partidos políticos de Estados Unidos vea con beneplácito lo que está sucediendo. Por supuesto, cabe concluir que mediante este contubernio con los extremistas que se están apoderando del Partido Demócrata, "Big Tech" interprete que están comprando un seguro de protección que les permita seguir operando en forma monopolística. No obstante, tal estrategia es un grave error, como señalé al principio. Sólo están logrando que se desarrolle un fuerte sentimiento de rechazo entre la mayoría de los usuarios que eventualmente redundará en perjuicio de sus intereses comerciales. Esa arrogancia y esa actitud de desprecio invitan a una firme retribución de la que no son inmunes pese a su poder y riquezas, porque resultará en la pérdida de la mayoría de sus clientes.
Por añadidura, al tratar de destruir sitios como Parler, Big Tech está provocando que los afectados cursen una serie de demandas acusándolos de restricción ilegal del comercio. Además, los futuros demandantes están explorando otras vías legales, como el concepto de que ciertos sitios califican como medios de servicio público y que, por lo tanto, no pueden bloquear publicaciones que no violen la ley. En todo caso, es normal que en un Estado de le toque a las autoridades competentes y NO a las empresas determinar las violaciones a las leyes.
Además, la ira y la sensación de alienación que provocan es muy perjudicial para el entorno político y cultural en que vivimos. Estos gigantes tecnológicos deberían haberse dado cuenta hace años de que su bienestar depende en última instancia de la buena voluntad del público a quien dicen servir, o al menos de su aquiescencia. A la larga, se verán obligados a pagar por su arrogancia y prepotencia.