Este proyecto de "dolarización" que promete el Presidente Javier Milei en su gobierno, ha despertado profundas inquietudes y es oportuno darle una somera ojeada.
Debido a la envergadura de la economía americana, que todavía supera con creces a sus más cercanos competidores, los Estados Unidos siguen ejerciendo una influencia dominante sobre el comercio internacional. En consecuencia, el dólar se utiliza tanto en términos contables como en su función de medio de pago en un gran número de transacciones internacionales. Es eso lo que lo caracteriza como "divisa" y hasta ahora conserva una clasificación como "divisa fuerte" debido a que su poder adquisitivo no se ha reducido frente a otras monedas sino que, por el contrario, las supera en estabilidad y valor de cambio desde hace más de un siglo.
Considerando estas características del dólar, la "dolarización" puede tener dos opciones de política monetaria:
adoptar de forma oficial la moneda de Estados Unidos como su moneda de curso legal; y,
ajustar la moneda nacional a una paridad forzosa con el dólar.
En el mundo actual podemos sacar conclusiones de los efectos que ha tenido la política monetaria en Ecuador, El Salvador, Panamá y Zimbabue, además de 4 territorios de ultramar asociados a la Unión Europea, pero con una política de dolarización en lugar de "eurización".
The ivory towers of academia have echoed a sentiment of multitudinous ends and limited means. Even though it lacks a healthy dose of common sense, this academic "wisdom" has a significant impact on the media. Despite being profoundly contradictory, the relationship between population increase and abundance exists because historically, on average, each individual human has produced more value than they have consumed. In the process of discovery, people are left with innovations that overcome shortages, spur economic growth, and raise standards of living. However, to innovate, people must be allowed to think, speak, publish, associate, and disagree. They must be allowed to save, invest, trade, and profit. In a word, they must be free.
Let's talk about a "general economy" when discussing the issue of energy production and consumption. That means an "energy economy" because it depends on "the circulation of energy upon the earth". The systems of human economic production and consumption have to be viewed within a larger context since they are only made feasible by the global energy flows. In general, analysts fundamentally misunderstand the material foundation of life, which causes them to misinterpret how we understand human economic behavior. They believe that we organize and distribute the outcomes of these systems in the most effective way possible and operate on the principle of utility, yet this is untrue. A political centrifuge oriented towards the use of material resources has been created to achieve short-term goals but fails to recognize –or it is convenient for their political ambitions not to recognize– the long-term purpose of our actions because they are promoting the immediate and more visible ends instead of the more important final ones.
Most economists believe that human activities are organized around utilitarian objectives, but in reality, our "activity, in fact, pursues the useless and infinite fulfillment of the Universe". It is important to develop the concept of a "general economy", one built on an abundance of energy as opposed to the concept of scarcity which dictates our immediate restrictions and goals. Let's understand the truism that life is possible due to an excess of energy in the Universe. Solar energy is therefore the primary source of life's development. It is superabundant and only a tiny part of it is enough to maintain the richness of life on our planet. Therefore, the origin and essence of our wealth are given in the superabundant radiation of the sun, which dispenses energy and wealth without any required return.
Se agitan los fantasmas de una "catástrofe económica" sin precedentes si una mayoría de congresistas en Estados Unidos no llegan a un acuerdo con el Poder Ejecutivo para elevar el "techo de la deuda" (debt ceiling) por encima de los 31.4 billones –trillions en inglés–, una cifra que ya ha sido sobrepasada.
Este "techo" no es más que la cantidad total de dinero que el gobierno federal está autorizado a pedir prestado para cumplir con sus obligaciones legales existentes. Esto tiene que ver con el presupuesto nacional, que está en constante déficit y, por tanto, el gobierno tiene que añadir más deuda para cubrir TODOS los gastos deficitarios.
Los que pretenden mantener un alto nivel de déficit en el presupuesto para simular una economía floreciente se niegan a recortar determinados gastos y amenazan entonces con caer en una situación de "bancarrota" (default) que impediría al gobierno seguir pagando, según pronostican, obligaciones como el Seguro Social, los beneficios a militares y veteranos, el Medicare, y otros compromisos semejantes, provocando así una fuerte reacción emocional en el país entre quienes temen verse afectados por esas medidas.
Los que pretenden aceptar un alza del techo de la deuda condicionada a una reducción del déficit presupuestario, alegan que esas obligaciones nunca deben verse afectadas sino que hay que reducir otros gastos que ya son demasiado onerosos para un país tan enormemente endeudado.
En este debate es muy importante que estemos conscientes del desenfrenado aumento de la deuda nacional en lo que va de siglo. La deuda era apenas de poco más de 10 billones –trillions en inglés– al finalizar 2008 (después de dos guerras). Creció a 20 billones –trillions– a fines de 2016. Sufrió un alza importante a 26 billones –trillions– al finalizar 2020, sobre todo causada por el cierre de la economía durante la pandemia, y es en estos momentos de 31.8 billones –trillions– a pesar de que terminó la pandemia hace poco más de dos años. ¡Ha aumentado casi 5 billones –trillions– desde enero de 2021! ¡Equivale a que cada habitante del país deba más de $95,000 por los gastos de gobierno! Una deuda por la cual, además, hay que pagar 570 mil millones al año en intereses...
En Dinamarca, uno de los países con un sistema de asistencia social más generoso y derrochador, alrededor de 3 millones de personas que no trabajan son mantenidos por menos de 2 millones 800 mil personas que trabajan, según Statistics Denmark; Insurance & Pension Denmark.
Por su parte, el Center for Immigration Studies of the Census Bureau's Survey of Income and Program Participation (SIPP), informa que las cifras de 2018 señalan que el 63% de los habitantes que no son ciudadanos, tienen acceso a algún programa de asistencia pública y casi el 50% recibe también ayuda alimentaria. Casi la mitad de ellos son inmigrantes que entraron ilegalmente al país. Además, entre los ciudadanos de origen danés, aproximadamente el 30% de la población recibe ayudas públicas (welfare).
La situación en otros países escandinavos y Finlandia es semejante, aunque en menor escala. Por ejemplo, en Suecia han entrado más de 2 millones de inmigrantes en este siglo, la mayoría en los últimos cinco años, abrumando a una población que, incluyendo a esos inmigrantes, no llega a diez millones y medio. De los inmigrantes de este siglo, alrededor de 400,000 reciben ayudas del Estado ("welfare").
Este sistema de mantenimiento favorece una creciente dependencia del Estado por parte de muchos de sus habitantes que no ven incentivo alguno para luchar por su supervivencia, buscar empleo y trabajar a sueldo, cuando pueden mantenerse con las ayudas del Estado sin esfuerzo alguno y, si acaso, pueden también hacer trampa con "trabajitos por la libre" que hacen de forma encubierta para no perder sus privilegios de Welfare.
Se están desarrollando desde hace algún tiempo tendencias de control gubernamental mediante políticas monetarias y fiscales. La más insidiosa y desconocida para la mayoría de los habitantes del planeta son las CBDCs, que son las siglas que identifican a una nueva moneda digital de los bancos centrales (Central Bank Digital Currency).
Se trata de monedas digitales que circulan de forma virtual y que están controladas por los bancos centrales y emulan a la moneda fiduciaria del país donde circulan. Son similares a las "stablecoins", que están vinculadas en una proporción de 1:1 con una moneda fiduciaria particular. Pero a diferencia de las CBDCs, las stablecoins, como Tether (USDT), son administradas por entidades privadas que poseen dinero en efectivo emitido por los bancos centrales o equivalentes, y mantienen esos activos para que sus stablecoins puedan reflejar el valor exacto de las monedas fiduciarias.
Por otra parte, aunque los CBDCs se confunden con las criptomonedas (como el Bitcoin), son más bien híbridos que si bien funcionan en "blockchain", lo hacen en redes privadas y centralizadas que son controladas por las entidades económicas centrales y públicas de un país según los dictados de su gobierno.
El "blockchain" es un libro mayor de auditoría compartido e inalterable que facilita el proceso de registro de transacciones y de seguimiento de activos (un activo puede ser tangible o intangible) en una red de actividades o negocios públicos. Está ideado como una práctica que funciona para proteger y mantener seguros los datos de distintos tipos de "dinero digital".
Aunque este sistema no se ha estado estableciendo a la luz pública, sus promotores lo enaltecen en privado con el argumento de que contrarrestan la amenaza desestabilizadora de las criptomonedas y que, además, es "más eficiente [que las monedas fiduciarias] para fomentar la inversión, reducir los costos, desarrollar la automatización y permitir un mayor control sobre el uso del dinero para prevenir actividades ilícitas". Por ejemplo, un informe elaborado por Huobi Global, firma global de blockchain, remarcó que "una moneda digital emitida por un banco central cumpliría con todas las funciones tradicionales del dinero".