Oxfam, una confederación de 21 organizaciones caritativas independientes fundada en Gran Bretaña en 1942, ha publicado este mes un informe que se concentra en la desigualdad de la riqueza. Los lectores pueden leerlo y analizarlo AQUÍ. Su labor a través de los años es encomiable y este informe tiene muchos aspectos interesantes y certeros sobre la enorme desigualdad que existe entre los más ricos y los más pobres. 
No obstante, el informe se deja llevar por la tendencia a analizar las desigualdades sociales como un problema que se resuelve mediante la aplicación de mayores impuestos a "los ricos". Aunque la solución a las enormes brechas existentes en la distribución de la riqueza debe incluir reformas impositivas destinadas a eliminar las muchas e injustas lagunas impositivas (loopholes) en los sistemas fiscales de muchos países, el problema no es en sí mismo la brecha entre ricos y pobres, sino la injusticia en las políticas y normas económicas y sociales. En otras palabras, las personas deben tener igualdad de oportunidades en la sociedad, independientemente de su raza, sexo, religión o condición social. Además, debe respetarse un principio de distribución justa, que ajuste los beneficios o recompensas para distribuirse razonablemente en función del mérito.
La desigualdad es injustificable si algunas personas son tratadas preferentemente y otras injustamente, y el reconocimiento de que tanto la pobreza como la injusticia están relacionadas puede ser el desafío más relevante para políticos, economistas y sociólogos en el siglo XXI.
Por tanto, es correcto ver la desigualdad como algo injusto, pero es indispensable 
hacer la distinción mucho más clara. Con ese propósito, para mejorar la sociedad en que vivimos, algunos investigadores están argumentando que tenemos que estar todos de acuerdo en un régimen de justicia social que no atente contra el derecho a la propiedad y la libertad de empresa.
Además, es importante no confundir la “distribución de la riqueza” con la “distribución del ingreso”. La riqueza es el stock patrimonial de una sociedad, el valor de bienes, tierra y capital, acumulado generalmente a través de generaciones y de una magnitud cientos de veces superior al ingreso que tiene una sociedad en un año determinado. Según el Banco Mundial (List of countries by wealth inequality based on information by the World Bank 2019), los países con mayor desigualdad en la distribución de su riqueza, de acuerdo al Gini*, son: Holanda (Gini: 0,9), Rusia (0,879), Suecia (0,867), Estados Unidos (0,852), Brasil (0,849) y Dinamarca (0,838).
El listado de la desigualdad del ingreso es diferente. Esto se explica por varias razones. La gran proporción de la población que tiene “riqueza negativa”, recibe ingresos eventualmente “positivos” por su trabajo. La disponibilidad inmensa de apalancamiento permite a los más pobres generar ingresos presentes contra pagos futuros, aunque su “riqueza” sea crecientemente “negativa”. El listado de los países más desiguales por ingreso lo lidera Sudáfrica, con un Gini de 0,65, seguidos por Holanda, Suecia y Dinamarca.
La revista Nature Human Behavior publicó en abril de 2017 un informe de la Universidad de Yale (EE.UU.), el cual sostiene que los seres humanos -incluso los niños pequeños- prefieren vivir en un mundo en el que existe la desigualdad. Sencillamente, la desigualdad es producto de un Estado de derecho en el que se aplica la ley a todos por igual pero con resultados distintos según el mérito, las circunstancias favorables o adversas, la capacidad y el esfuerzo. En uno de sus experimentos con niños de seis a ocho años, el estudio llegó a la conclusión de que muchos se enojan o amargan si las personas que trabajan duro no son recompensadas, o si los vagos son recompensados.
En su libro “Sobre la desigualdad”, Harry G. Frankfurt, profesor emérito de filosofía en la Universidad de Princeton, argumenta que la obligación moral debe estar en la eliminación de la pobreza, no en lograr la igualdad, y tratar de asegurarse de que todos tienen los medios para llevar una buena vida. “Creo que es probable que la gente responda con mayor simpatía al sufrimiento provocado por la pobreza que a los daños necesariamente impuestos a aquellos que son menos ricos que otros”, dice Frankfurt.
“Será beneficioso modificar el debate y la investigación, alejarla de la desigualdad misma”, afirma Christina Starmans, sicóloga que participó en la investigación de la Universidad de Yale . “Y enfocarla en temas como la injusticia y la pobreza, que son el núcleo de lo que nos preocupa”.
Por todo esto, lamento que Oxfam diga en su último informe que «el presente informe se centra en la importancia de gravar la riqueza de las élites económicas», al tiempo que su análisis no contempla que esta política impositiva debe acomodarse a una justicia equitativa para todos que fomente la igualdad de oportunidades. Se ha demostrado que estas desigualdades son más agudas en países donde no impera un Estado de derecho, lo cual permite cometer impunemente abusos a muchos con poder económico.
Lamento también que Oxfam argumente en su informe que: «... “compre, pida un préstamo y muera tranquilo” para eludir el impuesto sobre la renta personal. Primer paso, comprar algún activo, como por ejemplo una empresa. Pero en lugar de asignarse un salario a cuenta de la empresa, por el que tendría que tributar, ¿por qué no pedir un crédito a un banco o a un tercero, poniendo ese activo como garantía? ¡Porque los préstamos no tributan!» Este argumento es simplista, por no decir falso. No dice que Elon Musk, por ejemplo, deberá pagar alrededor de mil millones de dólares en intereses a un grupo de bancos que le han concedido un préstamo de alrededor de 13 mil millones, más otros 12 mil 500 millones usando sus acciones en Tesla como colateral, para proceder a la compra de Tweeter. Los motivos del Sr. Musk no se orientan a pagar menos impuestos puesto que los intereses que debe pagar por los préstamos implican un mayor costo que lo que se ahorraría en impuestos, sino que esos préstamos están destinados a obtener los fondos necesarios para la compra de Tweeter sin tener que proceder a la venta de acciones de Tesla y de otras de sus inversiones, cuyos precios se derrumbarían en la Bolsa.
El aumento indiscriminado de los impuestos a millonarios y multimillonarios, sin tener en cuenta las normas de equidad y justicia, puede tener efectos contraproducentes. Si son empresarios, puede obligarlos a reducir el personal, puede forzarlos a declararse en bancarrota o puede impulsarlos a mudar sus empresas a países subdesarrollados o dictatoriales donde se cometen abusos de injusticia social mucho peores.
Si son inversionistas y su riqueza depende de la salud de la Bolsa de Valores, debe reconocerse que no cuentan con un capital líquido sino con un dinero potencial si venden sus acciones y un ingreso razonable por los dividendos o intereses producto de sus inversiones. El aumento de impuestos a estos inversionistas puede obligarlos a vender parte de sus acciones, causando una baja considerable en sus precios, dividendos e intereses, y hasta puede animarlos a residir y hacerse ciudadanos de países donde la política fiscal no sea tan estricta. Además, como muchos fondos de pensiones dependen de la salud de la Bolsa de Valores para garantizar un ingreso adecuado a sus pensionados, cualquier fluctuación negativa perjudicará a los jubilados.
Por tanto, no se trata de que los ricos sean menos ricos sino de que los pobres dejen de ser pobres y que la política económica se concentre en beneficiar a la clase media y facilitar a los más pobres su legítima aspiración a elevarse a la clase media como premio a sus esfuerzos. Por tanto, todas las medidas políticas deben orientarse a fomentar la creación de empleos para que al reducirse el desempleo al mínimo, los trabajadores y empleados aprovechen un ambiente más competitivo a la hora de negociar salarios. Uno de los factores que más contribuyen a reducir el desempleo consiste en facilitar la creación de nuevas empresas y en favorecer a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs), que son las que suman un mayor número de empleos en cualquier país.
Además, debe reducirse la asistencia a los más pobres mediante un mecanismo que facilite la búsqueda de empleos. Si es necesario, con la creación de agencias de empleo administradas por el Estado que pongan un límite a la asistencia con recursos del Estado correspondiente a un número determinado de ofertas de empleo que puedan ser rechazadas por el beneficiario en un tiempo razonable que lo obligue a aceptar alguna de ellas antes de llegar a su vencimiento. En el caso de familias con niños pequeños, el Estado debe crear un número suficiente de guarderías (como opción a las privadas) que puedan proteger a los niños hasta que los padres terminen sus horas de empleo. Para reducir los gastos del Estado en el mantenimiento de estas guarderías, se les podría cobrar a los padres un pequeño porcentaje de sus ingresos salariales cuando éstos sean superiores al nivel básico de subsistencia.
En fin, se trata de analizar cómo pueden eliminarse los más bajos niveles de pobreza sin empantanarse en políticas que sirven para fomentar la dependencia de la ayuda pública (welfare). Se trata de eliminar el estado de dependencia de amplios sectores de la población para fomentar el estado de productividad e iniciativas privadas en todos los niveles sociales.
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* El índice de Gini o coeficiente de Gini es una medida económica que sirve para calcular la desigualdad de ingresos o la desigualdad en la riqueza que existe entre los ciudadanos de un territorio, normalmente de un país. El valor del índice de Gini se encuentra entre 0 y 1, siendo cero la máxima igualdad (todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos o un nivel equiparable de riqueza) y 1 la máxima desigualdad (todos los ingresos o toda la riqueza los tiene un solo ciudadano).