Un régimen fiscal que haga hincapié en la equidad para el individuo permitirá a sus ciudadanos conservar la mayor parte del dinero que ganan o de la riqueza que poseen porque, después de todo, es de su propiedad. En particular, conservar lo que poseen o han adquirido legítimamente porque es de su propiedad privada, no de la propiedad comercial, sino de la vivienda y de la tierra donde ésta está asentada.
Los defensores de la tributación argumentan que las nociones de derechos legales de propiedad privada están definidas por el marco legal del Estado y, por lo tanto, la tributación exigida por parte del Estado no representa una violación de la ley de propiedad, a menos que el impuesto en sí sea ilegal.
Frente a tal argumento, ¿qué pasa con la “teoría de la tarifa de entrada” que describe el impuesto a la propiedad como el precio de admisión para vivir en una comunidad y consumir todos los servicios que esta ofrece, como la educación y la protección policial que proporciona el gobierno local, así como otros servicios indispensables y el mantenimiento de la infraestructura?
Aparte de si es justo o no aplicar forzosamente estos impuestos, hay que considerar 
en cualquier enfoque inicial sobre este tema que los precios de las viviendas se han disparado en los últimos años, y los precios en lugares como Idaho o Florida en Estados Unidos han aumentado más del 50%. En realidad, han subido considerablemente en todas partes, lo que ha llevado a un aumento de los impuestos a la propiedad. Por ejemplo, en Michigan, las empresas están sufriendo las consecuencias y algunas personas están vendiendo sus casas porque no pueden pagar el aumento de los impuestos a la propiedad. Lo mismo está sucediendo en Florida y otros Estados de la Unión, así como en el resto del mundo donde estos impuestos son aplicados.
Además, muchos de los que luchan por hacer frente a las facturas cada vez más altas de los impuestos sobre la propiedad son ancianos y viven de ingresos fijos que suelen ir perdiendo terreno con el alza inflacionaria que predomina en todas partes. Otros son personas de ingresos bajos y medios. Por tanto, este duro impacto en los propietarios de viviendas ha inspirado esfuerzos de base, como una iniciativa electoral propuesta en Michigan que aboliría los impuestos estatales y locales sobre la propiedad.
Otro de los argumentos negativos sostiene que los impuestos a la propiedad pueden sofocar la inversión en bienes raíces y, por lo tanto, sofocar la inversión en muchos otros renglones en nuestras comunidades. En los Estados de la Unión americana donde las tasas de impuestos a la propiedad son especialmente altas, los inversores inmobiliarios suelen desviar su atención y sus inversiones a los Estados con tasas impositivas más bajas o se van a otros países con condiciones impositivas más favorables. De hecho, muchos jubilados de Estados Unidos emigran a otros países donde pueden adquirir una vivienda a precios mucho más bajos y sin impuestos a la propiedad, para tener un nivel de vida más digno y cómodo.
Muchos expertos en impuestos y economistas sostienen que los impuestos al consumo de tasa plana son "justos y eficientes" porque los impuestos sobre el consumo pueden evaluarse así de manera equitativa. Las tasas no tienen por qué ser regresivas (cuando se aplican cuotas cada vez menores a medida que decrece el valor de la base) si están estructuradas adecuadamente, con exenciones para los productos básicos y para los hogares de bajos ingresos. Aunque los críticos a este tipo de impuestos aducen que son una carga mucho más pesada para las personas de bajos ingresos porque les restan recursos indispensables para una subsistencia digna, en realidad son los más beneficiados por este tipo de impuestos porque suelen no aplicarse a los alimentos ni a las medicinas, que son las necesidades que constituyen un mayor porcentaje del consumo entre las personas de bajos y medianos ingresos.
Por tanto, los impuestos al consumo representan un gravamen mucho mayor para las personas de altos ingresos porque son los que gastan un alto porcentaje de esos ingresos en artículos de lujo, joyas, autos, botes, yates, aeronaves, ropas costosas, artículos valiosos de decoración, viajes y servicios de todo tipo. Incluso podría ajustarse el consumo de algunos de estos artículos a tasas impositivas más altas.
Más allá de eso, los impuestos al consumo son fáciles de recaudar e imposibles de eludir. Esto se debe a que los impuestos al consumo generan ingresos por la compra de bienes y servicios y, por tanto, se colectan en el momento mismo de las operaciones de compra-venta o del rendimiento de servicios, a diferencia de los impuestos sobre la renta y la propiedad, que se facturan y recaudan con posterioridad y dependen de las declaraciones de los contribuyentes y de la capacidad de las autoridades para determinar si la declaración se ha hecho con honestidad.
Compárese eso con los impuestos a la propiedad. Según cálculos en 2014 de la Asociación Nacional de Gravámenes Fiscales, alrededor de $14 mil millones en impuestos a la propiedad NO se recaudaban cada año en los Estados Unidos. Este fenómeno ha continuado en aumento y esos miles de millones en impuestos a la propiedad no se cobran porque el propietario no los paga y la propiedad se somete entonces a una ejecución hipotecaria o se subasta. Cabe preguntarle al lector, ¿cuántas personas conoce o cuántas ha oído hablar que han perdido sus propiedades, su vivienda o su terreno, por no haber podido pagar los impuestos que les imponen? Ocurre en todo el país a diario.
Esto no solo es inmoral y poco ético, sino que es criminal y una violación de los derechos civiles de una persona. ¿Por qué? Porque la mayoría de las ventas de propiedades ocurren sin que se aplique el Debido Proceso judicial establecido entre los derechos humanos más básicos... Es decir, no ha habido una audiencia judicial, ni un juicio, ni una adjudicación de todos los hechos, y no se ha dado consideración a la legitimidad ética de las leyes con respecto al impuesto en primer lugar.
Si el propietario no se pone al día con los impuestos, la autoridad tributaria podría vender la casa para recuperar el monto atrasado, aun cuando la deuda no pagada sea una pequeña fracción del valor de la propiedad. A veces, el gobierno local utiliza un proceso de ejecución hipotecaria fiscal. O la autoridad fiscal podría vender la propiedad directamente. O podría vender el gravamen fiscal que tiene, y el comprador podría ejecutar la hipoteca o utilizar otros procedimientos para obtener el título de propiedad.
Ante esta realidad, lo cierto es que NADIE es propietario de su vivienda. El propietario es el gobierno que, después que el contribuyente trabajó y se esforzó para comprar su vivienda, se convierte en realidad en arrendatario de las autoridades que le cobran por permitirle ocuparla y que lo echan sin contemplaciones si no paga.
Muy distinto es el caso de los impuestos al consumo, porque las personas consumen de acuerdo con sus ingresos y sus ahorros sin correr el riesgo de perder sus viviendas ni su estilo de vida por modesto o millonario que pueda ser. En este sistema NO puede darse el caso de que alguien deje de pagar los impuestos que le corresponden porque están incluidos en la compra de artículos de consumo y de servicios prestados.
Además, los impuestos a la propiedad privada implican un sistema discriminatorio por el cual un sector de la población está obligado a sufragar los gastos de toda la población. Da la impresión que el Estado nos castiga por ser propietarios de la casa en que vivimos. Los impuestos al consumo, por el contrario, son una obligación de todos para el bien de todos y son justos porque son proporcionales a la capacidad económica de cada contribuyente. Aunque el contribuyente de bajos ingresos tenga que pagar impuestos al consumo de ciertos artículos y servicios, el peso impositivo a su presupuesto personal es mucho menor que el que generan en el ámbito comunitario los impuestos a la propiedad, porque éstos le hacen mucho más difícil la tarea de llegar a ser propietarios de sus hogares y obligan a los propietarios a reducir su consumo, provocando resultados negativos en la tasa de desempleo y el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas afectadas por una escasa demanda de sus productos y servicios.
Hagamos causa común para que desaparezca de la política fiscal de todos los países democráticos este impuesto discriminatorio y abusador que otorga al Estado un poder autoritario.