Columnistas invitados/Guest columnists

En términos generales, España no suele merecer una especial atención en los medios de comunicación internacionales. No faltan razones para esa circunstancia. Aunque parte de la OTAN y de la Unión Europea, España no es uno de los miembros más importantes ni destacados. Podría mantener una proyección mayor en Hispanoamérica, pero, en términos generales, esa presencia no ha sido potenciada por gobiernos tanto de izquierdas como de derechas más atentos a no molestar al Coloso del norte y a respaldar las operaciones, no siempre ejemplares, de los empresarios españoles. A decir verdad, España suele ser noticia o bien en relación con el fútbol o en conexión con algún evento cultural o por la vida de la familia real. Precisamente por esa falta de repercusión, llama poderosamente la atención la manera en que se ha visto situada bajo el foco en las últimas semanas y no precisamente bajo una luz positiva. En este artículo, intentaré explicar las razones mediatas de esa atención y también apuntar a cómo el sistema político está experimentando una mutación que lo asemeja de manera creciente – y desdichada – al sistema chavista. En entregas sucesivas, espero mostrar la manera en que ese desarrollo está ya afectando a la libertad de expresión y de prensa, a la independencia de la administración de justicia y al tráfico de drogas internacional. Pero empecemos por los antecedentes de la situación actual.

Hace unos días, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez provocaba una sorpresa internacional al anunciar que se retiraba durante cinco días para decidir si permanecía o no al frente del ejecutivo. La medida era desusada porque lo habitual es que alguien dimita o no, pero no lo es que para adoptar una decisión se retire cinco días a meditar. Algunos – como el autor de estas páginas – anunciamos que Sánchez no se marcharía y nos basamos para afirmarlo, entre otras cosas, en el precedente de Felipe González que voy a rememorar brevemente.

Corría el año 1979, y más concretamente el mes de marzo, cuando en España se celebraron elecciones generales. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) resultó la segunda fuerza política más votada, con casi cinco millones y medio de votos. Además, fue la segunda fuerza y la primera de izquierdas más representada en el parlamento, con un total de 121 escaños. Semejante resultado rayaba lo prodigioso porque el PSOE había sido casi inexistente durante el franquismo – a diferencia, por ejemplo, del PCE – y se había formado casi de la nada a la muerte de Franco. Apenas dos meses después, en mayo, el PSOE celebró su XXVIII congreso. El que entonces era secretario general del partido, Felipe González, estaba decidido a reconducir la marcha del PSOE en la dirección que le marcaban desde el extranjero focos de poder como la fundación Rockefeller, la masonería o la internacional socialista. Fue así como insistió en abandonar la línea histórica del PSOE y adaptarse a otra semejante a la de SPD alemán. Al negarse el congreso del partido – todavía muy marxista - a alinearse con Felipe González, éste presentó la dimisión y se marchó a su casa. A la mañana siguiente, muy temprano, una treintena de dirigentes del PSOE y de la Unión General de Trabajadores (UGT), el sindicato socialista, fueron convocados a una reunión de la que debía salir una comisión ejecutiva alternativa a Felipe González. En aquella reunión, después de que hizo acto de presencia Felipe González que había regresado al congreso del PSOE, el profesor Enrique Tierno Galván, presidente de honor del PSOE, informó de una llamada telefónica procedente de la embajada de Estados Unidos en España que le había informado del peligro de un golpe de estado militar si del congreso salía una ejecutiva escorada a la izquierda encabezada por él. De manera bien reveladora, en la reunión de los dirigentes socialistas se hallaban presentes los agregados laborales de las embajadas de Estados Unidos y Alemania así como el director de la Fundación Ebert que no desmintieron lo informado por Tierno Galván.

¿Los nuevos secretarios provinciales del PCC serán capaces de hacer las cosas de manera distinta a sus antecesores?

Los primeros secretarios del Partido Comunista de Cuba (PCC) de seis provincias (La Habana, Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas, Ciego de Ávila y Matanzas) fueron removidos de sus puestos en abril, la mayoría tras cinco años en el cargo.

Cabe preguntar si los que fueron nombrados después serán capaces de hacer las cosas de manera distinta, como ha demandado el primer ministro Manuel Marrero a los cuadros y la población. Todos los secretarios están lastrados por su participaron en el análisis, aprobación y aplicación de las fallidas “Tarea Ordenamiento” y las más de 430 medidas para reactivar la producción azucarera y agrícola, en especial Joel Queipo, jefe del Departamento Económico Productivo del Comité Central del PCC desde 2021.

 Este y otros dirigentes superan a los analfabetos o incultos ejecutores de la Revolución de 1959 en que son graduados universitarios, algunos doctores en Ciencias. Ahora tendrán que demostrar si pueden resolver los problemas creados por ellos mismos con “ciencia” e “innovación”, como ha reclamado el gobernante Miguel Díaz-Canel.

Los primeros secretarios del PCC no han sido elegidos ni siquiera por los militantes que votaron su aprobación, sino que han sido seleccionados por la estructura gobernante para imponer sus mandatos. Se trata del tradicional ilusionismo propagandístico hacia el ámbito internacional, afincado en la represión de la población mediante las leyes y las fuerzas de todas las armas.

Con las visitas y videoconferencias continuas se aseguran de tenerlos muy controlados y temerosos, sin tiempo para trabajar en sus propias iniciativas. Ninguno puede preciarse de haber elevado los resultados productivos y el bienestar de los habitantes, siempre escudándose tras las restricciones impuestas por las sanciones del “bloqueo” de Estados Unidos.

                                                            CAPÍTULO IV 

                                                    LA CRISIS DE UCRANIA

A finales de septiembre del 2020, el nuevo Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, aprobó una Política de Seguridad Nacional que tenía como objetivo establecer una alianza de intereses con la OTAN con el fin último de incorporar a Ucrania como Miembro Pleno de la Organización, lo cual estaba previsto a ser considerado en la siguiente Cumbre de lideres de la OTAN que se celebraría en Madrid a mediados del año 2022. Esta acción del muevo Presidente ucraniano prendió las alarmas en el Kremlin y dio comienzo a la cuenta regresiva para lo que hoy dejó de ser una “Operación Militar Especial”, para convertirse en una guerra de facto. (21)

Los meses de marzo y abril de 2021 vieron el mayor despliegue de tropas, blindados, artillería y misiles por parte de la Federación de Rusia hacia las fronteras con Ucrania desde la anexión de Crimea en marzo de 2014, contabilizándose más de 100.000 efectivos apostados en los limites sur y este de Rusia con Ucrania. El contingente de tropas rusas sería parcialmente desmovilizado en junio de 2021.

Pero tras la ignominiosa retirada de las fuerzas de la OTAN de Afganistan entre julio y agosto de 2021, Putin vio una oportunidad para avanzar en su expansionismo neoimperial con su cantado propósito de restablecer el Russkiy Mir o Mundo Ruso de la época zarista, forjando “…una nueva nación y gentilicio, surgido de la unión de rusos, bielorrusos y ucranianos, sin importar el costo humano que ello conlleve”.(22) En septiembre de 2021, apenas transcurridos 30 días de la retirada de Afganistan, la que el expresidente español José Maria Aznar calificó como" un error que vamos a pagar muy caro y durante mucho tiempo" (23), Vladimir Putin dio la orden de desplegar nuevamente tropas, artillería y carros de combate en las fronteras de Ucrania, totalizando ese nuevo despliegue cerca de 125,000 efectivos.

 El año 2022 fue recibido por un Vladimir Putin confiado y desafiante ante la evidente división en la OTAN producto del desastre en Afganistan. El 10 enero de 2022, en una reunión entre diplomáticos rusos y norteamericanos celebrada en Ginebra, Suiza, los representantes de Putin presentaron dos propuestas de “Tratados de Seguridad” a sus pares norteamericanos que incluían una garantía vinculante que Ucrania no se incorporaría a la OTAN y la exigencia de una reducción cualitativa y cuantitativa de efectivos de la OTAN estacionados en los países de la Europa del Este. Esas propuestas fueron acompañadas de una amenaza de respuesta militar “no especificada” en caso de que no fuesen aceptadas por la OTAN.

La libertad es un componente esencial del bien común. Sin libertades no hay pueblos libres, ni repúblicas, ni democracias, ni bien común.
 
Aristóteles, el gran filósofo de Estagira, fue el padre del concepto de bien común. Clasificó a los regímenes políticos en dos grandes grupos: los que están inspirados en el egoísmo y al servicio del interés de los gobernantes y los que están inspirados en el altruismo y al servicio del bien común.
 
La crítica que he escuchado sobre esta idea de Aristóteles es que en realidad el concepto de bien común no es más que el concepto particular de bien común que tengan los gobernantes en cada momento histórico. En otros términos el bien común lo definen los que detentan el poder político en cada gobierno y momento de la historia. Es decir que el bien común termina siendo una forma de encubrir el poder y el interés de los que mandan.

Dicha crítica nos ayuda a comprender los límites del concepto de bien común pero no lo invalida completamente. Sigue siendo importante que la clase política gobernante en algún momento y en alguna medida no piense solamente en sus intereses particulares sino que tenga una perspectiva más abierta y amplia de lo que podría ser el interés o el bien del país o de la sociedad en general.