
La represión en Cuba es cada vez más dura y cada vez más como reacción a protestas por hambre. Y es comprensible que la gente se indigne: un reciente sondeo muestra que sólo el 29% de los cubanos hace dos comidas al día. Según el informe de Food Monitor, otro 9,8% de los encuestados afirma que nunca consume vegetales. Estos actos represivos, especialmente cuando van dirigidos contra jóvenes y ciudadanos desarmados, genera gran preocupación en materia de derechos humanos. Que se enfrente a una solicitud fiscal de 8 a 10 años de cárcel por expresar una necesidad básica no solo constituye una posible violación de la libertad de expresión, sino también del derecho a la protesta pacífica, consagrados ambos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 19 y 20),
documento al que el régimen, visto lo visto, no se atiene en lo absoluto.
Como si fuera poco, la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Maricela Sosa Ravelo, anunció el 30 de mayo de 2025 que se aplicará la pena de muerte o la cadena perpetua a quienes cometan actos vandálicos contra infraestructuras y servicios considerados estratégicos en el país.
El régimen citó, a través de la Cancillería, a Hammer, el valiente diplomático estadounidense que circula por provincias y pueblos cubanos. Lo acusa de incitar a cometer actos delictivos. Desde su país, lo defienden sin ambages. «Seguiremos reuniéndonos con patriotas cubanos, líderes religiosos y quienes luchan por las libertades de los cubanos» puntualizó el Departamento de Estado. Por cierto que esta semana, el canciller cubano, confesó que temen a la Cúpula Dorada, el sistema de escudo antimisiles de EEUU y lo califica como “amenaza para la paz”.
En el Combinado del Este, Lázaro Piloto Romero, de 58 años, sufrió una brutal agresión. Fue arrestado en 2023 y sentenciado a siete años por propaganda contra el orden constitucional tras una protesta pacífica. Y en el mismo penal, de máxima seguridad, un rapero inició esta semana una huelga de hambre.
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