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Se está disparando la inflación en Estados Unidos con proyecciones que pueden llegar a niveles que desemboquen en una grave estanflación¹. ¿Seguiremos las huellas del desastre económico de Jimmy Carter? Esa es la inquietante perspectiva que estamos contemplando debido al abrumador derroche de trillones de dólares que se van sumando a una enorme deuda que le iremos dejando a nuestros hijos, nietos y bisnietos, y que ya nos está afectando con la devaluación del poder adquisitivo del dólar y la resultante inflación.

El 11 de febrero de 2020 publiqué un informe sobre la enorme y creciente deuda nacional de Estados Unidos, cuando parecía que el Presidente Trump estaba frenando su crecimiento, pero no con la suficiente e indispensable rapidez. Subrayaba entonces cómo había crecido aceleradamente durante los gobiernos de Bush y Obama, y no se había frenado durante el gobierno de Trump al ritmo decreciente que él había prometido en su campaña electoral. De hecho, la deuda alcanzaba un monto de 6,06 trillones² de dólares cuando Bush tomó posesión, aumentó a 10,63 trillones cuando tomó posesión Obama y se aceleró hasta 19,95 trillones cuando tomó posesión Trump. Al comienzo de la pandemia, aunque el crecimiento se había frenado bastante, no obstante alcanzaba ya la cifra de 23,27 trillones.

El estallido de la pandemia y su propagación provocó una enorme baja en la producción y en el nivel de servicios del país, desembocando en un considerable desempleo y una notable aceleración del monto de la deuda. Por tanto, el 7 de agosto de 2020 volví a dar la voz de alarma en un ensayo publicado en inglés (que pueden leer pulsando en este enlace). En consecuencia, en esa fecha la deuda se había elevado en pocos meses a la abrumadora cifra de alrededor de 26,50 trillones de dólares.

Por otra parte, el "Money Supply", es decir el dinero disponible y circulante³, aumentó de unos 4,6 trillones en 2000 a unos 19,5 trillones hoy día. En otras palabras, se está emitiendo dinero (y/o papel moneda) a manos llenas sin que haya un respaldo de valor que lo justifique. En consecuencia, se desploma su poder adquisitivo y lo que podíamos comprar en 1987 con un dólar requiere ahora un promedio de $2.28. En otras palabras, el empleado u obrero que recibía un salario de $1000 semanales en aquella fecha, tendría que recibir hoy día $2280 semanales para mantener el mismo nivel de vida.

Vea el Informe sobre Desarrollo Humano 2020:

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Naciones Unidas y sus organismos especializados, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), funcionan bajo los mandatos de los Estados Miembros y, por tanto, el personal, desde el Secretario General hasta el más humilde de los empleados, se ve sometido a presiones por parte de los países representados por gobiernos autoritarios o dictatoriales en los procesos de elaborar trabajos de investigación –como el reciente Informe sobre Desarrollo Humano de 2020–, para los cuales, con frecuencia, se ven obligados a depender de los datos que proporciona el gobierno de países que no son democráticos y suelen impedir u obstaculizar cualquier intento de investigación para comprobar la validez de los datos recibidos.

No obstante, el Indice de Pobreza Multidimensional que presenta ese Informe es muy riguroso y confiable para la mayoría de los 189 países estudiados. Este Índice fue creado en 2007 por James Foster y Sabina Alkire, expertos de la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford e intenta arrojar luz sobre cómo las personas experimentan la pobreza, revelando su nivel comparativo entre países. Así vemos que, en el caso de América Latina, el país menos afectado por la pobreza multidimensional es Chile y podemos seguir entresacando otros países del continente, como sigue:

43. Chile
46. Argentina
55. Uruguay
57. Panamá
62. Costa Rica
70. Cuba

Aunque Cuba está en el Nº 70 de ese índice, por encima del resto de los países de América Latina, aparecen en blanco en el cuadro comparativo la mayoría de los parámetros que se utilizan para este índice, lo cual denota que Cuba no le ha proporcionado al PNUD la información correspondiente ni ha permitido que ese organismo investigue para presentar toda la información. 

Le llaman "cancel culture"
y se está extendiendo como una plaga.

Es lógico denunciar la censura en los medios de comunicación de cualquier democracia que se precie pero, además, esta práctica que ha estallado como un polvorín en los medios sociales es también un grave error que puede traerle a los censores desagradables consecuencias.

Estamos contemplando con justa indignación cómo los gigantes de la alta tecnología ("Big Tech") están introduciendo limitaciones y trabas para restringir severamente o incluso erradicar opiniones que califican de conservadoras. Es asombroso que estas empresas multibillonarias, manejadas por opulentos empresarios y administradores a los que les sobra el dinero, intenten silenciar a quienes, precisamente, son los principales defensores de la propiedad privada y de la libre empresa. Cabe especular que ellos no tienen interés alguno en respetar la propiedad privada ni fomentar la libre empresa, por la sencilla razón de que se han dejado dominar por una ambición desmedida que los impulsa a aspirar a la formación de sistemas monopólicos y oligopólicos que sólo son posibles cuando hay gobiernos centralizados que proverbialmente derivan hacia la corrupción y permiten estos excesos del capitalismo.

Aunque este es un fenómeno que se ha extendido rápidamente en pocos meses por la mayoría de los países industrializados, el foco de la censura pandémica que nos está azotando parece originarse en Estados Unidos. A raíz del horrible ataque de grupos extremistas al Capitolio de Washington DC el pasado 6 de enero, estas empresas se han despojado de toda pretensión de objetividad.

La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) favorece la empresa privada capitalista orientada por los preceptos de la Economía Social de Mercado, que se desenvuelva mediante una política promotora de la Justicia Social.

Cuando hablamos de la "distribución de la riqueza", la DSI promueve también lo que se conoce como el Distributismo, una teoría económica que enfoca los temas éticos de la distribución de la riqueza y del bien común, alentando y favoreciendo la iniciativa empresarial y la propiedad privada. No obstante, es muy importante subrayar y dejar muy en claro que no promueve ni un sistema de Welfare, como está planteado en muchos países ni, mucho menos, uno de clientelismo político, que es la consecuencia de muchas políticas populistas que se aplican en muchos países, incluso en los EEUU, para lograr más votos en las elecciones.

Sobre la teoría económica del Distributismo, que implica una estructurada descentralización del poder que permita a cada comunidad, a cada municipio o a cada provincia (o Estado) resolver los problemas que atañen a ese escenario político –como postula el Principio de Subsidiariedad–, los interesados en entender este tema pueden encontrar un análisis breve, pero más detallado del Distributismo en el ensayo titulado «La Economía de Mercado a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia», además de encontrar en él una ojeada sobre otros aspectos muy pertinentes de la Doctrina Social Cristiana en materia socioeconómica.

Para leer ese análisis, pulsen → AQUÍ