Toma nota.../Take note...

En Dinamarca, uno de los países con un sistema de asistencia social más generoso y derrochador, alrededor de 3 millones de personas que no trabajan son mantenidos por menos de 2 millones 800 mil personas que trabajan, según Statistics Denmark; Insurance & Pension Denmark.

Por su parte, el Center for Immigration Studies of the Census Bureau's Survey of Income and Program Participation (SIPP), informa que las cifras de 2018 señalan que el 63% de los habitantes que no son ciudadanos, tienen acceso a algún programa de asistencia pública y casi el 50% recibe también ayuda alimentaria. Casi la mitad de ellos son inmigrantes que entraron ilegalmente al país. Además, entre los ciudadanos de origen danés, aproximadamente el 30% de la población recibe ayudas públicas (welfare).

La situación en otros países escandinavos y Finlandia es semejante, aunque en menor escala. Por ejemplo, en Suecia han entrado más de 2 millones de inmigrantes en este siglo, la mayoría en los últimos cinco años, abrumando a una población que, incluyendo a esos inmigrantes, no llega a diez millones y medio. De los inmigrantes de este siglo, alrededor de 400,000 reciben ayudas del Estado ("welfare").

Este sistema de mantenimiento favorece una creciente dependencia del Estado por parte de muchos de sus habitantes que no ven incentivo alguno para luchar por su supervivencia, buscar empleo y trabajar a sueldo, cuando pueden mantenerse con las ayudas del Estado sin esfuerzo alguno y, si acaso, pueden también hacer trampa con "trabajitos por la libre" que hacen de forma encubierta para no perder sus privilegios de Welfare.

Se están desarrollando desde hace algún tiempo tendencias de control gubernamental mediante políticas monetarias y fiscales. La más insidiosa y desconocida para la mayoría de los habitantes del planeta son las CBDCs, que son las siglas que identifican a una nueva moneda digital de los bancos centrales (Central Bank Digital Currency).

Se trata de monedas digitales que circulan de forma virtual y que están controladas por los bancos centrales y emulan a la moneda fiduciaria del país donde circulan. Son similares a las "stablecoins", que están vinculadas en una proporción de 1:1 con una moneda fiduciaria particular. Pero a diferencia de las CBDCs, las stablecoins, como Tether (USDT), son administradas por entidades privadas que poseen dinero en efectivo emitido por los bancos centrales o equivalentes, y mantienen esos activos para que sus stablecoins puedan reflejar el valor exacto de las monedas fiduciarias.

Por otra parte, aunque los CBDCs se confunden con las criptomonedas (como el Bitcoin), son más bien híbridos que si bien funcionan en "blockchain", lo hacen en redes privadas y centralizadas que son controladas por las entidades económicas centrales y públicas de un país según los dictados de su gobierno.

El "blockchain" es un libro mayor de auditoría compartido e inalterable que facilita el proceso de registro de transacciones y de seguimiento de activos (un activo puede ser tangible o intangible) en una red de actividades o negocios públicos. Está ideado como una práctica que funciona para proteger y mantener seguros los datos de distintos tipos de "dinero digital".

Aunque este sistema no se ha estado estableciendo a la luz pública, sus promotores lo enaltecen en privado con el argumento de que contrarrestan la amenaza desestabilizadora de las criptomonedas y que, además, es "más eficiente [que las monedas fiduciarias] para fomentar la inversión, reducir los costos, desarrollar la automatización y permitir un mayor control sobre el uso del dinero para prevenir actividades ilícitas". Por ejemplo, un informe elaborado por Huobi Global, firma global de blockchain, remarcó que "una moneda digital emitida por un banco central cumpliría con todas las funciones tradicionales del dinero".

Oxfam, una confederación de 21 organizaciones caritativas independientes fundada en Gran Bretaña en 1942, ha publicado este mes un informe que se concentra en la desigualdad de la riqueza. Los lectores pueden leerlo y analizarlo AQUÍ. Su labor a través de los años es encomiable y este informe tiene muchos aspectos interesantes y certeros sobre la enorme desigualdad que existe entre los más ricos y los más pobres.

No obstante, el informe se deja llevar por la tendencia a analizar las desigualdades sociales como un problema que se resuelve mediante la aplicación de mayores impuestos a "los ricos". Aunque la solución a las enormes brechas existentes en la distribución de la riqueza debe incluir reformas impositivas destinadas a eliminar las muchas e injustas lagunas impositivas (loopholes) en los sistemas fiscales de muchos países, el problema no es en sí mismo la brecha entre ricos y pobres, sino la injusticia en las políticas y normas económicas y sociales. En otras palabras, las personas deben tener igualdad de oportunidades en la sociedad, independientemente de su raza, sexo, religión o condición social. Además, debe respetarse un principio de distribución justa, que ajuste los beneficios o recompensas para distribuirse razonablemente en función del mérito.

La desigualdad es injustificable si algunas personas son tratadas preferentemente y otras injustamente, y el reconocimiento de que tanto la pobreza como la injusticia están relacionadas puede ser el desafío más relevante para políticos, economistas y sociólogos en el siglo XXI.

Por tanto, es correcto ver la desigualdad como algo injusto, pero es indispensable hacer la distinción mucho más clara. Con ese propósito, para mejorar la sociedad en que vivimos, algunos investigadores están argumentando que tenemos que estar todos de acuerdo en un régimen de justicia social que no atente contra el derecho a la propiedad y la libertad de empresa.

Además, es importante no confundir la “distribución de la riqueza” con la “distribución del ingreso”. La riqueza es el stock patrimonial de una sociedad, el valor de bienes, tierra y capital, acumulado generalmente a través de generaciones y de una magnitud cientos de veces superior al ingreso que tiene una sociedad en un año determinado. Según el Banco Mundial (List of countries by wealth inequality based on information by the World Bank 2019), los países con mayor desigualdad en la distribución de su riqueza, de acuerdo al ^Gini*, son: Holanda (Gini: 0,9), Rusia (0,879), Suecia (0,867), Estados Unidos (0,852), Brasil (0,849) y Dinamarca (0,838).

It is extremely difficult to conceive a figure of 31,5 billion (in Spanish) or 31.5 trillion (in English) because it exceeds our ability to visualize that amount of money. It is equivalent to 31,5 followed by 11 zeros. If we reduce it to the size of the debt per inhabitant (per capita) it equals US$94,204 per person (men, women, and children) in the United States. Such is the amount of the US national debt!

However, this crushing debt does not seem to worry lawmakers who have not slowed down the unbridled budgetary waste one iota but rather have accelerated it this year 2023, adding to the 2022 huge budgetary deficit which is projected to grow to astronomical amounts if this trend is not corrected before it is too late to avoid the country's economy crashing. In fact, the budgetary waste is notably aggravated by the disastrous "pork barrel" smuggled in behind the scenes by ambitious politicians who intend to buy the vote with their irresponsible largesse.

This year’s budgetary release (a 2,714-page US$1.7 trillion monstrosity) exposes some 7,200 earmarks, an increase of 1,702.8% (!!!) from the 285 in fiscal year (FY) 2020. This pork barrel has a cost of $18.9 billion in 2023.