Las expropiaciones
El gobierno revolucionario cubano comenzó en 1959 un proceso de confiscación de las propiedades extranjeras que no concluyó hasta expropiar las más pequeñas nacionales a favor del Estado.
En 1953, en el juicio seguido por el asalto al cuartel Moncada, el líder de la revolución esbozó un programa, que en materia económica se limitaba esencialmente a desarrollar el país mediante la potenciación de la industria y una reformara agraria. En abril de 1959, durante su visita a Estados Unidos, lo sintetizó en dos ideas: industrialización y hacer productivo cada metro de terreno cubano. Para desarrollarlo dijo: “Las puertas están abiertas a las inversiones privadas que contribuyan al desarrollo de la industria en Cuba. Es absolutamente imposible que hagamos progresos si no nos entendemos con Estados Unidos”.
Con la Primera Ley de Reforma Agraria (mayo de 1959) se expropiaron las extensiones superiores a 30 caballerías de tierra[1] de las cuales el 40% pasó a manos del Estado, y se creó una especie de gobierno paralelo, presidido por Fidel Castro: el Instituto Nacional de Reforma Agraria, desde el cual se ensayó como sería el modelo totalitario cubano.
El 7 de junio de 1959 la Asociación Provincial de Ganaderos de Camagüey expresó su rechazo a la Ley, porque la misma “traería aparejada la paralización de la economía”[2]. Y el Dr. Armando Caíñas Milanés, presidente de la Asociación de Ganaderos de Cuba, declaró: “Nosotros hemos intentado muchas veces discutir con el Dr. Fidel Castro los puntos en que discrepamos de la Ley Agraria, sobre todo de la Transitoria Séptima, que nosotros señalamos como esclavizante por no ser propia de nuestro pueblo, de nuestro espíritu democrático, de nuestras costumbres […] Se desvirtúa el derecho de la propiedad privada y de la libre empresa con un organismo estatal omnímodo e inobjetable. Este sistema no es de nuestro clima ni de nuestro ambiente, y por haberlo dicho así con derecho, con el derecho de todo cubano a ser oído por su gobierno, y porque representamos un sector nacional tan importante como el de la ganadería, se nos ha atacado”[3].
Con la segunda Ley de Reforma Agraria (octubre de 1963), se redujo el límite de tierras en a 5 caballerías. A diferencia de la ley anterior, ahora el 100% de las tierras expropiadas pasaron directamente a los fondos del Estado, con lo cual surgieron los improductivos latifundios socialistas; mientras la indemnización –una renta mensual de 15 pesos por caballería expropiada a pagar con los llamados bonos de la Reforma agraria-, solo incluyó a los que mantenían las tierras en explotación.
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