El ataque terrorista a las “torres gemelas” que destruyó varios edificios monumentales del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York cambió el curso de la historia cuando el gobierno de Estados Unidos aprobó una ley conocida como el “Patriot Act”, la cual viene aplicándose de forma cada vez más intrusiva desde entonces, pese a que se proclamó sólo como una medida provisional de emergencia.
Lo que ha sucedido en realidad es un proceso de creciente vigilancia y control Estatal sobre sus ciudadanos, a la mayoría de los cuales se les ha convencido de que es aceptable y muy conveniente prescindir de sus libertades fundamentales a cambio de mayor seguridad.
Este proceso de control de la población está redundando impunemente en procedimientos marcadamente autoritarios que ignoran la ley y muchas garantías constitucionales con el pretexto de aplicarlos para garantizar la seguridad nacional según la perciban las autoridades de múltiples organismos que duplican y hasta superan el poder que tradicionalmente estaba reservado a unos pocos organismos de inteligencia e investigación.
Nos estamos refiriendo nada menos que a 9 organismos establecidos en las últimas décadas (que en EEUU llaman "agencias") que compiten y hasta imponen su autoridad sobre la CIA, el FBI, la DEA y los organismos de inteligencia militar de cada uno de los cuerpos de las fuerzas armadas. Estos son:
- Oficina del Director de Inteligencia Nacional
- Agencia de Seguridad Nacional (NSA)
- Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA)
- Oficina de Inteligencia e Investigación (bajo la autoridad del Departamento de Estado)
- Oficina de Inteligencia y Análisis (bajo la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional, creado el 9/11)
- Oficina de Inteligencia y Análisis (bajo la autoridad del Departamento del Tesoro)
- Oficina de Inteligencia y Contrainteligencia (bajo la autoridad del Departamento de Energía)
- Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial
- Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO)
Aparte de la enorme burocracia que se desempeña en los 3 organismos tradicionales y en los centros de inteligencia militar de los 5 cuerpos de las fuerzas armadas, se ha sumado recientemente otra enorme burocracia con nueve organismos más, los cuales abruman a los ciudadanos con un poder que les permite aplicar medidas al margen de la ley y la Constitución del país. 
Es notable que el escudo (Seal) del Departamento de Justicia proclama el lema "Qui Pro Domina Justitia Sequitur" (Quien procesa para la Señora Justicia) y que la Sra. Justicia ha estado representada a través de los siglos con pinturas y estatuas de una dama que sostiene una balanza y tiene sus ojos vendados. En otras palabras, significa que la justicia es ciega para no distinguir entre unos y otros y equitativa para aplicar sus fallos por igual.
Por tanto, traicionaría su función y sus principios un Departamento de Justicia que respondiera a los intereses políticos del poder gobernante, permitiera el abuso de las leyes y la Constitución por parte de numerosos organismos de inteligencia y que, cuando aplica la ley, lo hiciera rigurosamente contra un sector y con excesiva indulgencia para el otro sector. Si desprecia su estricta imparcialidad por intereses partidistas se convierte en una amenaza.
Esto es algo muy grave si tenemos en cuenta que el gobierno tiene la tecnología para monitorear todos nuestros dispositivos electrónicos, escuchar nuestras llamadas telefónicas y leer todos nuestros correos electrónicos y mensajes de texto a través de esas 17 agencias, además de contar con el control irrestricto de las cámaras de seguridad que nos vigilan en lugares públicos, y lo hace bajo los supuestos requisitos “indispensables” de la seguridad nacional, por encima o al margen de la intervención del sistema judicial que garantiza nuestros derechos.
El problema se complica cuando un amplio sector de la población y de la prensa justifica este abuso por lealtad partidista. No caen en cuenta acerca del acuciante peligro de tener un sistema de vigilancia que, aunque fuera políticamente neutral, que no lo es porque está controlado por la multitud de funcionarios y agentes de seguridad nacional y sus primos del Departamento de Justicia, todos los cuales se arrogan la potestad de actuar como si fueran un Estado duplicado. Peor aún, es importante entender también que si permitimos que el nutrido y complicado “sistema de seguridad” tome ese panóptico[1] para ponerlo a disposición de un Poder Ejecutivo dispuesto a esgrimir como un arma represora la infinidad de datos de información (incluso violando el derecho a la privacidad) contra quienes califica de enemigos políticos, entonces tenemos un problema aterrador en nuestras manos.
Un caso de abuso que merece mencionarse (entre muchos otros) son las prácticas que en este sentido se aplicaron contra Project Veritas, un grupo que ha demostrado a través de muchos años la neutralidad de su actuación, pero que ahora es calificado de “ultra derecha” por quienes se sienten muy incómodos por algunos de los hechos que han revelado en los últimos 2 o 3 años.
Siguiendo las órdenes del Departamento de Justicia, agentes allanaron las casas de tres periodistas de Project Veritas, incautando 47 dispositivos electrónicos. No sólo actuaron por simples “sospechas” de que contenían material “robado” a la hija del Presidente, Ashley Biden, sino que avisaron previamente a The New York Times, a quien Project Veritas estaba demandando por difamación al calificar sus videos como "engañosos", "desinformación coordinada", usar únicamente "fuentes no identificadas" y "sin evidencia verificable". Además, después se reveló que no sólo las autoridades habían estado acumulando desde muchos meses antes infinidad de emails, llamadas telefónicas grabadas y mensajes de texto que contenían información ajena a la obtenida más recientemente sobre Ashley, sino que era información privada de los donantes, comunicaciones de origen, incluidas las comunicaciones de denunciantes (whistleblowers) dentro del gobierno federal, y comunicaciones reservadas por ley entre abogados y clientes.
El allanamiento estaba totalmente injustificado porque la información en poder de esta organización había sido proporcionada por terceros. En el caso Bartnicki vs Vopper, la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo inequívocamente que mientras los periodistas no cometan un presunto robo ellos mismos, tienen derecho a recibir, investigar y publicar (o no publicar) materiales supuestamente robados que, por añadidura, en este caso no había prueba alguna de que habían sido "robados". En sus acciones, el Departamento de Justicia no sólo estaba ignorando las decisiones judiciales y sus propias políticas, sino que estaba violando la Ley de Protección de la Privacidad, el “Privilegio del Reportero” de derecho consuetudinario y las Enmiendas Primera y Cuarta de la Constitución.
Los registros o búsquedas solo se permiten si son "razonables", y una búsqueda generalmente se considera "razonable" sólo cuando el gobierno obtiene por primera vez una orden “emitida adecuadamente”, lo cual significa que la orden debe describir los lugares específicos que se registrarán y las cosas que se incautarán, debe estar respaldada por una “causa probable” previamente investigada y debe ser emitida por un "magistrado neutral e independiente". En conjunto, esto se conoce coloquialmente como el "requisito de orden judicial", y es fundamental para cualquier análisis honesto de estas redadas que últimamente se están multiplicando contra un sector del panorama político del país.
Es importante recordar que uno de los motivos que provocó el estallido independentista contra el dominio de Jorge III sobre sus colonias americanas, además de la cuestión de los impuestos, fue que el 11 de noviembre de 1762 los testaferros del Rey irrumpieron y allanaron la casa del panfletista John Entick. Rompieron puertas, cajas, cofres y cajones cerrados con llave y confiscaron sus papeles y documentos privados y los libros de su biblioteca personal, todo porque la Corona “sospechaba” que Entick fomentaba la oposición política contra el Rey. El recuerdo de este hecho motivó la redacción de la Cuarta Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, pero ¿acaso se está repitiendo la historia?
Recordemos también a Thomas Jefferson cuando afirmó que «el más sagrado de los deberes de un gobierno [es] hacer justicia equitativa e imparcial a todos sus ciudadanos.»[2] Es hora de revocar el “Patriot Act”, desmantelar tantos organismos de inteligencia que nos vigilan y controlan sin “causa probable” ni procedimiento judicial, y exigir al Departamento de Justicia y a todos los fiscales que se desempeñen estrictamente de conformidad con los principios centrales del constitucionalismo, respetando sus deberes en nombre de la Sra. Justicia.
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[1] El método o sistema de ver y controlar todo un conjunto desde un solo punto.
[2] «… the most sacred of the duties of a government [is] to do equal and impartial justice to all its citizens.»