Con frecuencia los que deben cuidar del cumplimiento respetuoso y justo de la ley, los decretos, los reglamentos y toda norma de convivencia social, interpretan, ejecutan y violan las propias regulaciones que ellos mismos, o las instituciones que representan, han aprobado o instituido.
En cualquier lugar de este mundo hay personas con responsabilidad que incumplen lo establecido. En todo el mundo hay servidores del orden público que se corrompen. En todos los lugares hay quienes hacen la ley y luego la irrespetan o la aplican con doble rasero, o la manipulan al servicio de sus intereses ideológicos o de poder. Se puede argumentar que todo esto ocurre en otros lugares, pero enseguida viene a la mente aquel viejo refrán que dice “mal de muchos, consuelo de tontos”.
Nada justifica que la ley o las normas de convivencia pacífica y civilizada sean violadas por aquellos mismos que tienen la responsabilidad de aplicarlas, salvaguardarlas o interpretarlas en el sentido de la suprema dignidad de la persona humana y de la búsqueda del bien común.
Leyes y normas justas y precisas
En primer lugar, toda legislación, código o normativa debe ser sobre todo justa. Universalmente se entiende que una ley justa es aquella que respeta la integridad, dignidad y todos los derechos de todos los ciudadanos sin diferencia, discriminación, ni privilegios. Las leyes que lesionen alguna libertad o derecho humano, totalmente o en parte, no son leyes justas. Las leyes injustas pierden su fuerza legal y moral. Pierden su legitimidad precisamente porque van contra la naturaleza humana y sus derechos.
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