Con este titular la agencia EFE y la página de noticias en la web “Infobae” señalan una de las conclusiones de la 78 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada hace pocas semanas en Madrid.
Los periodistas cubanos que hacen su labor en la Isla reciben del régimen solo hostigamiento, amenazas, citaciones policiales, violencia física y verbal, e incluso encarcelamiento. Destaca la SIP que existe “un andamiaje represivo contra la libertad de prensa” por parte de la tiranía castrista.
Ello va acompañado del “control de las telecomunicaciones” y ha generado “el mayor éxodo de profesionales de la prensa” de la historia. El hostigamiento ha afectado además a corresponsales extranjeros.
Todo ello está ocurriendo mientras -como destaca Yoani Sánchez en nota reciente- “quedan pocos días para que entre en vigor un nuevo Código Penal que restringirá aún más la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa”.
Una vez más hay que decirlo: quienes tenían esperanzas de que -por el mero hecho del relevo biológico-generacional- el régimen presidido por primera vez por alguien que no se apellidara Castro traería consigo una visión más dialogante y comprensiva con la realidad existente han sido completamente defraudados.
Porque si una palabra ha definido al “modelo Díaz-Canel” ha sido “represión”. Basta ver las condenas que se están aplicando contra los ciudadanos apresados luego de las protestas del 11-J; las condiciones crecientemente funestas de los presos políticos, cuyo número solo aumenta; el incremento del número de ciudadanos con deseos de emigrar; la violencia aplicada para aplacar las protestas sociales ante las carencias de todo tipo.
La SIP hizo mención asimismo de un caso específico: el periodista y activista cubano Lázaro Yuri Valle Roca –detenido desde junio de 2021– quien fue condenado a 5 años de prisión por los delitos de “propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia” y se encuentra recluido a pesar de su “grave estado de salud”, de acuerdo con la asociación.
Leemos en Infobae:
“Estas sanciones serán reforzadas, de acuerdo con la organización, en el nuevo Código Penal -aprobado el pasado mayo- que entrará en vigor el 1 de diciembre."
En él se “persiguen todos los aspectos de la labor periodística, castiga con prisión al autor de cualquier crítica a funcionarios estatales y garantiza impunidad a las autoridades”.
Una de las penas que contempla el Código es de 10 años de cárcel por la “recepción, el uso y la posesión de fondos provenientes del extranjero”, lo que limitaría al máximo la financiación de los medios fuera de la burbuja estatal.
Por otro lado, los reporteros que no son detenidos son objeto de “citación policial, cerco en su casa, y corte de internet”, agrega la SIP”.
Y es que la represión y persecución ha llegado al extremo de que el régimen castrista presiona a los propietarios de casas para que desalojen a sus inquilinos cuando se trata de periodistas críticos, como la fotógrafa María Lucía Expósito.
Y, por no dejar, se ha llegado incluso al castigo económico: se imponen multas elevadas a periodistas que el régimen considera críticos e incómodos.
En el informe también figura el papel de la estatal Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, S.A. (Etecsa). La red de internet “es espiada y censurada” y, en muchas ocasiones, bloqueada durante hechos como las protestas antigubernamentales del 11J.
Además, la SIP hace hincapié en que el “monopolio estatal (…) mantiene bloqueadas decenas de websites de medios de prensa independientes y de diferentes ONG relacionadas con los derechos humanos”.