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En mi última entrega, señalé cómo Pedro Sánchez ha ido dando pasos hacia la consolidación de un régimen a la venezolana en España y cómo para poder avanzar en esa dirección le resulta indispensable controlar a una prensa que ha sido objeto de terribles acciones desde hace tiempo. Como no resulta difícil imaginar, esa conducta exige neutralizar y controlar a la administración de justicia y, ciertamente, ese es un proceso que viene de lejos y que con Sánchez está llegando a un verdadero paroxismo. El control de la justicia se produce por el control de la fiscalía, el control de algunos jueces de instrucción y el control de tribunales superiores como el supremo o el constitucional así como del consejo general del poder judicial. En esta entrega, voy a detenerme en fiscales y jueces de instrucción y dejaré las otras instituciones judiciales para la próxima. Comencemos con los fiscales.

Fue el propio Pedro Sánchez, cuando estaba en la oposición, quien formuló la siguiente cuestión: “¿De quién depende la fiscalía? Pues eso”. Lo que Pedro Sánchez deseaba poner de manifiesto es que, al fin y a la postre, al fiscal general del estado lo nombra directamente el gobierno y ese fiscal general de estado aprovecha el orden jerárquico de la fiscalía para que los fiscales se comporten no de acuerdo a la legalidad sino a las órdenes que reciben. Los ejemplos que se podrían citar son muy numerosos, pero permitan que cite sólo algunos ejemplos especialmente escandalosos.

En el año 2006, el indescriptible Cristóbal Montoro creó un despacho de abogados en el que estaban integrados su hermano y cargos relevantes de la administración de Hacienda. De manera explícita, Montoro declaró que no iba a dedicarse al tráfico de influencias aunque lo cierto es que entonces era miembro del parlamento europeo y no abandonó su escaño a pesar de formar parte del despacho. Entre los miembros más destacados del despacho de Montoro aparte de él mismo se encontraba Ricardo Martínez Rico, antiguo secretario de Estado de Presupuestos y Gastos con Aznar, que sustituiría a Montoro como presidente del despacho y es hermano del subsecretario de Hacienda y Función Pública de Montoro; Ricardo Montoro: presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) entre 2000 y 2004 y hermano de Cristóbal Montoro; Luis de Guindos, ministro de Economía de Rajoy, y anterior presidente del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers en España y Portugal; Manuel de Vicente Tutor, inspector de Hacienda y secretario del consejo de Equipo Económico y socio director del Área fiscal y regulatoria, así como secretario del consejo de la empresa fotovoltaica Solaria; Pilar Platero Sanz a la que Montoro nombró subsecretaria del Ministerio de Hacienda y presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el hólding adscrito a Hacienda del que dependen la mayoría de empresas estatales y las participaciones en cotizadas como REE, Enagás o Ebro; Miguel Crespo Rodríguez, que fue imputado por sus actuaciones relacionadas con Bankia, José Manuel Fernández Norniella, que fue presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y secretario de Estado de Hacienda y de Comercio con Rato, y que fue condenado por el escándalo de las tarjetas ‘black’; Salvador Ruiz Gallud que fue director general de la Agencia Tributaria y director de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales de Hacienda; Francisco de Asís Piedras Camacho que durante la etapa de Aznar fue director del Gabinete de Montoro y consejero de SEPI, CESCE y Paradores, entre otros cargos; José María Romero Vera, asesor de Cristóbal Montoro en el Parlamento Europeo entre 2004 y 2008; Gonzalo Solana, colocado por el Gobierno en el consejo de administración de Enagás y presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia; José Folgado, antiguo vicepresidente de CEOE y secretario de Estado de Energía y Presupuestos con José María Aznar y alcalde de Tres Cantos, municipio madrileño que adjudicó varios contratos a Equipo Económico; José María Michavila, antiguo ministro de Justicia con Aznar; Covadonga Romero de Tejada: hija del antiguo secretario general del PP madrileño y alcalde de Majadahonda Ricardo Romero de Tejada, condenado por las tarjetas ‘black’, y apoderada en la constructora DICO, vinculada al empresario David Marjaliza, uno de los cabecillas de la trama corrupta Púnica y Ana Serrano que sería directora de Comunicación de Montoro en Hacienda.

La realidad objetiva de oprobio y miseria a la que la dictadura de Cuba ha llevado a los cubanos prueba la inviabilidad económica, social, política e histórica del régimen. La dictadura agoniza acrecentando el sufrimiento del pueblo al que somete y al que por 65 años engañó en una seudo revolución que es un sistema de crimen organizado, que ya no tiene opciones y cuyo colapso es solo cuestión de tiempo. La liberación del pueblo cubano con democracia es el único camino, y las democracias de las Américas y del mundo tienen un rol que aún no asumen.

La dictadura de Cuba agonizaba en 1999 en su denominado “periodo especial” que se había iniciado cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) se disolvió, porque el castrismo era un satélite parásito de la URSS en el marco de la Guerra Fría. Cuando se esperaba que la dictadura cubana siguiera el camino de la URSS, Hugo Chávez tomó la presidencia de Venezuela desde la que con petróleo y dinero sacó al castrismo de su postración e inició junto con Castro y Lula da Silva (Foro de Sao Paulo) la más importante agresión contra la democracia fundada en la quimera de expansión internacionalista de Castro, con la que el siglo XXI resultó el escenario de la transformación del castrismo del siglo XX en castrochavismo, con narrativa política de “socialismo del siglo 21″.

La dictadura de Cuba pasó de estar al borde de su desaparición a controlar el movimiento anti democrático económicamente más poderoso que fue liderado por Hugo Chávez hasta su muy oportuna muerte por la que el control total pasó a Castro. El inicial movimiento populista bolivariano construyó el Petrocaribe con el que controló los votos de todo el Caribe a cambio de petróleo venezolano y luego controló a la Organización de Estados Americanos (OEA) con Insulza, mientras producía golpes de estado duros y blandos en la región con la complicidad del sometido organismo interamericano que ignoró la Carta Democrática Interamericana, en coincidencia con la inexplicable retirada de los Estados Unidos de la región.

La corrupción administrativa es un mal reiterado entre los gobernantes de todas las épocas, alcanzando un mayor o menor grado según las circunstancias y el país donde se ha padecido. Estados Unidos no ha sido la excepción, pero ha alcanzado últimamente un nivel sin precedentes como lo contemplamos en el caso de un ex Presidente al que se le imputan numerosos cargos y por los cuales está siendo sometido a diversos procesos judiciales simultáneos todavía no resueltos, en medio de un proceso electoral en el que es candidato, como también a un Presidente en funciones, quien también es candidato y está protegido por la inmunidad presidencial para no estar sometido a ningún proceso judicial por los manejos que se le imputan.

No obstante, las pruebas que involucran al Presidente parecen ser contundentes. Los Senadores Republicanos de Estados Unidos han recibido documentos de Cathay Bank que muestran millones de dólares de empresas chinas transferidos o entregados a Hunter Biden, el hijo del Presidente Biden. El hermano del presidente, James, está involucrado también en los documentos revelados.

En un movimiento inesperado, los registros financieros de los Biden fueron entregados por Cathay Bank a mediados de abril después de que los Republicanos del Senado reiteraran su solicitud, mientras que todos los demás bancos estadounidenses involucrados se negaron a hacerlo.

Este banco les entregó registros financieros que mostraban millones de dólares en pagos de empresas chinas a Hunter Biden y a su tío, James, un hermano menor del Presidente Joe Biden. Los registros que Cathay Bank proporcionó a los senadores Johnson y Grassley muestran profundos vínculos financieros entre el hijo y el hermano del presidente y la ahora desaparecida CEFC China Energy, que tenía vínculos con el Partido Comunista Chino (PCCh). [ Ver la presentación del Senador Grassley AQUÍ]

En términos generales, España no suele merecer una especial atención en los medios de comunicación internacionales. No faltan razones para esa circunstancia. Aunque parte de la OTAN y de la Unión Europea, España no es uno de los miembros más importantes ni destacados. Podría mantener una proyección mayor en Hispanoamérica, pero, en términos generales, esa presencia no ha sido potenciada por gobiernos tanto de izquierdas como de derechas más atentos a no molestar al Coloso del norte y a respaldar las operaciones, no siempre ejemplares, de los empresarios españoles. A decir verdad, España suele ser noticia o bien en relación con el fútbol o en conexión con algún evento cultural o por la vida de la familia real. Precisamente por esa falta de repercusión, llama poderosamente la atención la manera en que se ha visto situada bajo el foco en las últimas semanas y no precisamente bajo una luz positiva. En este artículo, intentaré explicar las razones mediatas de esa atención y también apuntar a cómo el sistema político está experimentando una mutación que lo asemeja de manera creciente – y desdichada – al sistema chavista. En entregas sucesivas, espero mostrar la manera en que ese desarrollo está ya afectando a la libertad de expresión y de prensa, a la independencia de la administración de justicia y al tráfico de drogas internacional. Pero empecemos por los antecedentes de la situación actual.

Hace unos días, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez provocaba una sorpresa internacional al anunciar que se retiraba durante cinco días para decidir si permanecía o no al frente del ejecutivo. La medida era desusada porque lo habitual es que alguien dimita o no, pero no lo es que para adoptar una decisión se retire cinco días a meditar. Algunos – como el autor de estas páginas – anunciamos que Sánchez no se marcharía y nos basamos para afirmarlo, entre otras cosas, en el precedente de Felipe González que voy a rememorar brevemente.

Corría el año 1979, y más concretamente el mes de marzo, cuando en España se celebraron elecciones generales. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) resultó la segunda fuerza política más votada, con casi cinco millones y medio de votos. Además, fue la segunda fuerza y la primera de izquierdas más representada en el parlamento, con un total de 121 escaños. Semejante resultado rayaba lo prodigioso porque el PSOE había sido casi inexistente durante el franquismo – a diferencia, por ejemplo, del PCE – y se había formado casi de la nada a la muerte de Franco. Apenas dos meses después, en mayo, el PSOE celebró su XXVIII congreso. El que entonces era secretario general del partido, Felipe González, estaba decidido a reconducir la marcha del PSOE en la dirección que le marcaban desde el extranjero focos de poder como la fundación Rockefeller, la masonería o la internacional socialista. Fue así como insistió en abandonar la línea histórica del PSOE y adaptarse a otra semejante a la de SPD alemán. Al negarse el congreso del partido – todavía muy marxista - a alinearse con Felipe González, éste presentó la dimisión y se marchó a su casa. A la mañana siguiente, muy temprano, una treintena de dirigentes del PSOE y de la Unión General de Trabajadores (UGT), el sindicato socialista, fueron convocados a una reunión de la que debía salir una comisión ejecutiva alternativa a Felipe González. En aquella reunión, después de que hizo acto de presencia Felipe González que había regresado al congreso del PSOE, el profesor Enrique Tierno Galván, presidente de honor del PSOE, informó de una llamada telefónica procedente de la embajada de Estados Unidos en España que le había informado del peligro de un golpe de estado militar si del congreso salía una ejecutiva escorada a la izquierda encabezada por él. De manera bien reveladora, en la reunión de los dirigentes socialistas se hallaban presentes los agregados laborales de las embajadas de Estados Unidos y Alemania así como el director de la Fundación Ebert que no desmintieron lo informado por Tierno Galván.