Columnistas invitados/Guest columnists

The US Supreme Court's decision to hear arguments about the constitutionality of the federal Defense of Marriage Act (DOMA) and California's Proposition 8 guarantees that the debate over marriage will be at the forefront of American public life for the foreseeable future.

DOMA defines marriage as the legal union of one man and one woman for purposes of federal law (it says nothing about what states may or may not define as "marriage"). Prop 8 was a voter-initiated correction of the California Supreme Court's interpretation of that state's constitution as containing a "right" to same-sex "marriage."

Irrespective of whether the U.S. Supreme Court takes a narrow approach to these cases, or tries to find a "right" to same-sex "marriage" in the U.S. Constitution that would be binding on all the states, the marriage debate will continue. Indeed, if the Court preempts the political process, the marriage debate will likely intensify, just as the right-to-life argument intensified after Roe v. Wade eliminated the abortion laws of every state, 40 years ago this month.

All the more reason, then, to try and clarify some of the issues here.

Laws authorizing same-sex "marriage" have been successfully promoted as the equivalent of civil rights laws that ban racial discrimination. Indeed, that's a large part of the power of the "marriage equality" movement: it has battened onto the one available public moral reference point for Getting It Right in 21st-century American politics — the civil rights movement of the 1950s and early 1960s. For almost two centuries, equality before the law had been denied to Americans of African descent; that blatant injustice was challenged by a movement of moral persuasion and legal maneuver; the movement was ultimately vindicated by a change of hearts, minds and statutes. If then, on matters of race, why not now, on the question of who can "marry"? That's the argument; it has considerable emotive power.

But it's wrong.

En un generalizado ambiente de alborozo, la población conoció el Decreto-Ley No. 302 con las modificaciones a la Ley No. 1312, Ley de Migración del 20 de septiembre de 1976. Ninguna “actualización” había sido tan esperada como esta. Esas reacciones reflejan la aspiración de marcharse de Cuba compartida por amplios sectores, especialmente los jóvenes, al haber perdido absolutamente la confianza en el futuro del país. Opción reforzada por el fracaso de las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Raúl Castro, y el crecimiento de las dificultades existenciales de la inmensa mayoría de los cubanos.

En particular el aligeramiento de los trámites, especialmente la eliminación del permiso de salida —la llamada Tarjeta Blanca—, y de la carta de invitación, sustituidos por la adquisición del pasaporte; ha estimulado la esperanza de evasión, aunque según los Artículos 23, 24.1 y 25 su entrega estará vedada a personas comprendidas en determinados perfiles ocupacionales o “cuando razones de defensa y seguridad nacional” así lo aconsejen, concepto que abarca a disidentes tratados como rehenes. Eso deja un gran marco discrecional que permitiría utilizar estos artículos como reguladores del éxodo que podría suceder, de manera que el pasaporte serviría de sustituto de la Tarjeta Blanca.

Muchas personas se preguntan por qué ahora se toma esta medida, que incluye cambios cosméticos en los mecanismos para que los cubanos residentes en el exterior viajen a Cuba. La respuesta podría estar en el interés del Gobierno de dar una impresión de cambio a posiciones más flexibles, a fin de mejorar su imagen externa, algo que ha venido haciendo en otros aspectos como las modificaciones en los métodos de represión (detenciones cortas) y ciertos márgenes para que la intelectualidad pueda expresarse.

Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores, se reunió con un grupo de cubano-americanos en Nueva York, cuando acudió al debate general del 67 Período de Sesiones de la  Asamblea General de la ONU, a principios de octubre.  En esta ocasión mostró la verdadera naturaleza del gobierno y la de sus pretendidas reformas económicas al negar con absurdos argumentos  que la  comunidad cubana en Estados Unidos pueda invertir en Cuba y contribuir a la reconstrucción nacional.  En el encuentro expuso que no cree posible la inversión de emigrantes porque su dinero no cubre los montos mínimos, y añadió: “Yo no sé a cuantos cubanos ustedes conocen que podrían invertir en Cuba 200, 300, 500, mil millones de dólares, que es la inversión que (el régimen) demanda.”  Asimismo reiteró que “no interesa que alguien llegue con 100,000 dólares a invertir en la industria farmacéutica ni tampoco que haya un pequeño taller privado tratando de competir con el Polo Científico.”

De esas palabras se desprende en primer lugar una gran ignorancia acerca del tema de las inversiones, y en particular sobre la gravedad del estado de la economía cubana. Por otra parte, sus palabras reflejan el claro interés oficial en que se mantenga la actual situación  de impedir que puedan establecerse lazos económicos entre Cuba y Estados Unidos; algo que desde hace mucho tiempo hemos subrayado.  Al régimen en ningún momento le ha interesado el establecimiento de relaciones económicas, comerciales y financieras con el vecino país, que puedan minar la coartada del embargo y la oportunidad que brinda para tratar de justificar el desastre nacional y la represión contra todo aquel que levante su voz en protesta por la situación imperante.

Debe subrayarse que la comunidad cubana en Estados Unidos es una de las más exitosas desde el punto de vista económico, político y social.  Según el Censo de 2010 residen más de 1,8 millón de personas de origen cubano, con una destacada representación en los niveles gubernamental y legislativo. Actualmente las remesas enviadas desde allí se estiman en 2,0 miles de millones de dólares, con  una tendencia al crecimiento, y constituyen uno de los principales ingresos en divisas para Cuba.  Al mismo tiempo llegan alrededor de 400 000 cubano-americanos como visitantes anualmente, con un significativo aporte económico, además de  contribuir al acercamiento entre las familias y la sociedad de ambos países.

El presente artículo analiza los deportados de origen hondureño que el gobierno de Estados Unidos, "aliado histórico" de Honduras, ha devuelto por vía aérea al territorio nacional, durante el periodo 2003-2012. En esa década, suman en total más de 221,000 deportados, aunque se reconoce que algunos de ellos han sido deportado varias veces.

El Centro de Atención del Migrante Retornado/CAMR, que dirige la Hermana Valdete Wilemann, de la Congregación Scalabriniana presta servicios al migrante hondureño y a sus familiares en los aeropuertos internacionales de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Del CAMR salen los datos para este trabajo cuya pregunta central es: ¿Se volverá el 2012 año cumbre en la serie histórica de hondureños deportados por vía aérea desde Estados Unidos?

En el Internet hay más información proveniente de fuentes mexicanas y guatemaltecas, relativo también al número anual de hondureños deportados pero por tierra. Sin embargo, esas fuentes están ignoradas para este artículo porque no son confiables. Fluctúan mucho de un año a otro, sin explicación alguna.

Tal descarte tiene un costo. Aceptamos que este escrito, sin esos datos pierde fuerza de convencimiento. Pues esos nacionales deportados que "no contamos" forman parte "del mismo fenómeno", y en volumen agregan "grandes números", quizás más de un centenar de miles en el mismo período.

Aún así podemos decir que tales contingentes humanos regresan a Honduras por la frontera terrestre de Corinto, unos procedentes de Guatemala y la mayoría de México. Si las mencionadas "hermanas repúblicas" generaran datos "confiables" sobre esos flujos migratorios, podríamos entonces llegar a estimar en Honduras el gran total de deportados, juntando los que llegan por vía terrestre con los que llegan por vía aérea.