En un generalizado ambiente de alborozo, la población conoció el Decreto-Ley No. 302 con las modificaciones a la Ley No. 1312, Ley de Migración del 20 de septiembre de 1976. Ninguna “actualización” había sido tan esperada como esta. Esas reacciones reflejan la aspiración de marcharse de Cuba compartida por amplios sectores, especialmente los jóvenes, al haber perdido absolutamente la confianza en el futuro del país. Opción reforzada por el fracaso de las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Raúl Castro, y el crecimiento de las dificultades existenciales de la inmensa mayoría de los cubanos.
En particular el aligeramiento de los trámites, especialmente la eliminación del permiso de salida —la llamada Tarjeta Blanca—, y de la carta de invitación, sustituidos por la adquisición del pasaporte; ha estimulado la esperanza de evasión, aunque según los Artículos 23, 24.1 y 25 su entrega estará vedada a personas comprendidas en determinados perfiles ocupacionales o “cuando razones de defensa y seguridad nacional” así lo aconsejen, concepto que abarca a disidentes tratados como rehenes. Eso deja un gran marco discrecional que permitiría utilizar estos artículos como reguladores del éxodo que podría suceder, de manera que el pasaporte serviría de sustituto de la Tarjeta Blanca.
Muchas personas se preguntan por qué ahora se toma esta medida, que incluye cambios cosméticos en los mecanismos para que los cubanos residentes en el exterior viajen a Cuba. La respuesta podría estar en el interés del Gobierno de dar una impresión de cambio a posiciones más flexibles, a fin de mejorar su imagen externa, algo que ha venido haciendo en otros aspectos como las modificaciones en los métodos de represión (detenciones cortas) y ciertos márgenes para que la intelectualidad pueda expresarse.
Por otra parte, las presiones internas y el nivel de disgusto han crecido mucho en un ambiente de frustración generalizada que posiblemente se quiera reducir, como en otras ocasiones, con un éxodo, y estimulando las esperanzas de poder abandonar Cuba. A su vez, el reordenamiento laboral es una de las medidas más importantes de la llamada actualización del modelo económico; proceso que debe terminar en 2015 con el despido de alrededor del 25,0 % de la población ocupada (1,3 millones de personas), pero marcha a un ritmo muy lento debido a que no se han creado las fuentes de empleo necesarias en el sector privado dadas las limitaciones en la cantidad de oficios permitidos, altos impuestos, falta de un mercado mayorista o exceso de burocratización. Esto se repite en la entrega de tierras en usufructo fundamentalmente por la permanencia de los severos controles estatales sobre la gestión de los productores, falta de recursos y sobre todo de estímulos.
Es muy posible que con esta ley se intente desplazar una parte sustancial de las personas que queden sin trabajo estatal hacia el exterior, con el propósito adicional de convertirlas en emisoras de remesas. Ciertamente un obstáculo a esos planes será el otorgamiento de visas por los países receptores. Sin embargo, no es menos cierta la gran capacidad de los cubanos para encontrar formas de escapar del “paraíso”. En el período 2001-2010, el saldo migratorio ascendió a 341.199 personas, según las estadísticas oficiales, por lo que con las modificaciones y abaratamiento de los trámites podrían crearse mejores condiciones para la salida, en un momento de creciente deseos por el auge de la crisis y la continuada disminución del nivel de vida, en especial por la elevación de los precios al consumidor, mientras los salarios se mantienen casi estáticos y se producen importantes recortes en beneficios sociales.
Las modificaciones a la Ley Migratoria a corto plazo podrían redundar en ganancias para el Gobierno, aunque el proceso de éxodo legal ratifica el fracaso de un proyecto que prometió condiciones dignas para todos los ciudadanos en su patria. Las consignas de defensa de la soberanía y la independencia nacional enarboladas al principio de la revolución han terminado en un completo fracaso, cuando masivamente los cubanos optan por residir en el extranjero y el país basa sus planes en la dependencia externa en su condición de Estado parásito.
Asimismo este éxodo contribuirá al empeoramiento de la situación demográfica, ya de por sí bastante difícil, a través de la aceleración del proceso de envejecimiento de la población. Al cierre de 2011, los cubanos con 60 o más años constituían el 18,1 % de la población y en 2035 alcanzará el 34,0 %, según proyecciones de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Esa tendencia seguramente quedará reforzada con el probable incremento de salida del país, teniendo en consideración que la mayoría de los emigrados estarán en edad laboral. Paralelamente es posible que se profundice el rechazo de muchos jóvenes a estudiar carreras universitarias o de nivel medio que puedan obstaculizar las ansias de abandonar Cuba, o interrumpir sus estudios antes de graduarse. Tampoco puede soslayarse que la salida masiva al exterior contribuirá a aumentar la fragmentación de la sociedad cubana originando los traumas y problemas sociales y humanos que de ello se desprende.
En cuanto a los residentes en el extranjero, los cambios realizados son cosméticos. Ahora podrán prolongar sus visitas a Cuba hasta 90 días, lo cual continúa siendo una humillación. Seguirán portando un pasaporte cubano, que también recibirán según su “comportamiento”, lo que mantienen incólumes el control y el chantaje. Se plantea que será posible la reinserción en el país de algunos, para lo cual necesitarán una autorización del Gobierno. Está claro que también con ello se excluirá a quienes hayan osado expresarse críticamente.
De todas formas habrá que esperar la aplicación del Decreto-Ley a partir del 14 de enero de 2013. Fundamentalmente en lo relativo a la aplicación de los Artículos 23, 24-1 y 25 con las limitaciones para entregar los pasaportes. Resulta evidente que aunque podría haber algunos aspectos positivos en estas Modificaciones, como la no confiscación de los bienes de las personas que salgan del país definitivamente, es totalmente insuficiente y no cumple con el espíritu y los postulados de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Políticos y Civiles, Económicos, Sociales y Culturales. Al mismo tiempo no garantiza que en el futuro haya una emigración legal, ordenada y segura, objetivos imposibles de alcanzar con el mantenimiento de prohibiciones y una sociedad gravemente enferma.