Bruselas utiliza dos varas de medir
a la hora de analizar las políticas
de los distintos países de la UE.
¿Puede un país pobre como Hungría
ofrecer a los inmigrantes las mismas
prestaciones sociales que Luxemburgo o Suecia?
En nuestros días, los europeos del Este no están muy bien vistos en la UE. Al parecer, trastornan el consenso político en Bruselas y quieren dividir la Unión. Con sus poderosos políticos, como Viktor Orbán, jefe del Gobierno húngaro; el presidente checo, Milos Zeman, o Jaroslaw Kaczynski, capellán de Ley y Justicia, el partido que gobierna en Polonia, son los famosos aguafiestas que no se avienen al reparto de emigrantes y refugiados exigido a sus países. Además, piden a voces que se refuercen las fronteras exteriores de Europa y se ponga fin a la emigración a través del Mediterráneo.
Para que no se vuelva a repetir la oleada migratoria de 2015, Orbán ya ha levantado una valla fronteriza en el sur de Hungría. Para colmo, los partidos gobernantes de la derecha nacionalista, como la Unión Cívica Húngara de Orbán o Ley y Justicia de Karczynski, han puesto manos a la obra para adaptar el Estado de derecho a sus intereses. Se cancelan los contratos con la televisión para otorgar licencias a personajes afines al Gobierno, y se cambia la composición de los Tribunales Constitucionales para someterlos al control gubernamental. ¿Se ajusta esto a los valores de Europa? Pues, al parecer, sí, ya que mientras no concluya con éxito ningún procedimiento contra Polonia, Hungría u otro país contestatario, como Eslovaquia, por infringir los tratados, los miembros relativamente recientes tendrán que ser considerados europeos de pleno derecho, con la única diferencia de que su estilo político es diferente (más nacionalista, autoritario, crítico con la emigración) del de Bruselas, París o Berlín.
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