Cuba / Cuban Affairs

Entre cacerolazos y circo, así estamos viviendo hace días, con la miseria de los apagones, la falta de comida, la basura que nos envuelve y unas flotillas que llegan con argumentos de solidaridad, gestos de cercanía con niños que se convierten en falta de respeto, y fotos que nos exponen sin permisos.

Nos encontramos: con los cacerolazos se vuelven la única posibilidad de expresar nuestro grito ahogado y flotillas que se burlan de nuestra pobreza, ante un gobierno inepto que utiliza esta flotilla para hacer ver que sus donaciones serán un respiro y a un pueblo hundido renunciando a su dignidad.

No estamos llamados a dejar que caminen por encima de nosotros, hemos sido creados en libertad y dignidad, a imagen y semejanza de Dios que dijo que éramos muy buenos, obra creada con cariño de sus manos. Con la conciencia de esa dignidad de humanos no podemos permitir más abusos.

Estamos presenciando en Cuba una situación de extrema miseria, desintegración social y daño antropológico que exige un cambio decisivo de desmantelamiento del sistema totalitario que ha hundido al país. Ante esta situación, se ha despertado el optimismo de muchos sectores y se habla del inminente derrocamiento del régimen actual y hasta del restablecimiento de la Constitución de 1940, pero se contemplan muy pocas opciones claras o viables de cómo lograrlo. ¿Cómo se llega al proceso de transición? ¿Cómo se establecen los parámetros del poder dentro de Cuba que propicien ese proceso? ¿Cuáles serían los pasos que gradualmente habría que dar para evitar el caos o el reciclaje a una nueva dictadura?

Ante todo, es indispensable reconocer que no se puede saltar de un sistema jurídico, por deficiente y negativo que este sea, a otro de 86 años de antigüedad que no guarda relación con muchos aspectos de la realidad social, económica y política actual ni guarda relación alguna con la estructura de leyes civiles y criminales existentes en el país, sin provocar un caos político, social y económico. Por lo tanto, no se trata de "restaurar" ciegamente la Constitución de 1940 de la que la enorme mayoría de la actual población cubana, tanto en la isla como en el exilio, desconoce su contenido, sino de utilizarla como base sólida ("atemperada" o actualizada) en una nueva Constituyente, evitando el vacío institucional durante una transición.

Para llegar a una reforma constitucional y eventualmente a una reforma jurídica amparada por la nueva constitución es indispensable elaborar un Proyecto de Transición muy bien definido que establezca las pautas viables en las circunstancias actuales para lograr el desmantelamiento gradual de la estructura monolítica que hoy día impide un proceso pacífico hacia la democracia y, sobre todo, hacia una amplia democracia participativa.

Tomando como base diversos documentos aprobados por el Comité Gestor de la Participatory Democracy Cultural Initiative (PDCI) en el transcurso de los últimos 20 años, planteo que es indispensable mantener una actitud de pragmatismo que nos permita comprender las limitaciones que el pueblo cubano puede encontrar para dar los primeros pasos hacia la Transición antes de hacer otras propuestas de transición democrática que en las circunstancias actuales no son posibles. Con ese propósito debiéramos seguir tres pasos previos en un enfoque básico que, por supuesto, requerirá mayor elaboración, sobre todo en cuanto al texto de la primera reforma constitucional planteada en referéndum para poder dar el segundo paso aquí sugerido, así como los textos de las “Disposiciones Transitorias” y el “Mecanismo de Transición” que deberán redactarse para facilitar el tercer paso propuesto y que aquí planteo con sólo consideraciones generales para el debate y una mejor y más amplia elaboración de un programa viable.

1. En este sentido, el Proyecto de Transición tiene que basarse inicialmente en lo que hay para poder ir sorteando obstáculos sin estrellarse de lleno con la muralla inflexible de un gobierno intransigente. Si bien cualquier proyecto de esta índole debe descansar en principios fundamentales de la democracia que abarquen la amplia gama de los derechos humanos, el primer paso a dar no debe perderse en el laberinto de los idealismos, los partidismos o las consideraciones abstractas sino orientarse a hacer planteamientos sobre realidades y problemas que pueden resolverse con el apoyo de la voluntad popular, según las necesidades y aspiraciones del pueblo cubano. 

Cuba necesita, en este nuevo tránsito hacia la libertad, de los mejores proyectos y programas para reemprender el camino hacia la eticidad, el civismo, la democracia y el progreso. Cuba tiene, en los mismos cimientos fundacionales, dos documentos inspiradores y programáticos sin los cuales la nueva República no sería fiel a nuestras raíces, identidad y cultura: las Cartas a Elpidio del Padre Félix Varela y el Manifiesto de Montecristi de José Martí que firmó también Máximo Gómez.

Hoy me detendré en algunas reflexiones basadas en el Manifiesto de Montecristi al cumplirse, el próximo 25 de marzo, el 131 aniversario de su proclamación en 1895. Hoy este Programa ético tiene toda su vigencia. Veamos algunas de sus propuestas:

1. Reconstruir Cuba a partir de sus raíces

En efecto, los cubanos no debemos volver a caer en el grave error de buscar fuera lo que Cuba misma posee desde su gestación. Así lo escribió Martí en el Manifiesto de Montecristi:

“Desde sus raíces se ha de constituir la patria con formas viables, y de sí propia nacidas, de modo que un gobierno sin realidad ni sanción no la conduzca a las parcialidades o a la tiranía. Sin atentar, con desordenado concepto de su deber, al uso de las facultades íntegras de constitución, con que se ordenen y acomoden, en su responsabilidad peculiar ante el mundo contemporáneo, liberal e impaciente, los elementos expertos y novicios, por igual movidos de ímpetu ejecutivo y pureza ideal, que con nobleza idéntica, y el título inexpugnable de su sangre, se lanzan tras el alma y guía de los primeros héroes, a abrir a la humanidad una república trabajadora”.

2. El decoro y la dignidad de cada persona 

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El 16 de marzo de 2026, el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversiones de la Cuba comunista, Óscar Pérez-Oliva Fraga, anunció un cambio radical. Los cubanos que viven en el extranjero —independientemente de su estatus de residencia— ahora pueden invertir, ser propietarios y asociarse en empresas privadas en la isla, incluidos grandes proyectos de infraestructura. El régimen castrista lo presentó como una apertura hacia el exilio y la diáspora. En realidad, este decreto es el acto inicial de un robo de transferencia de riqueza cuidadosamente orquestado, diseñado para blanquear los miles de millones ocultos en paraísos fiscales del castrocomunismo y devolverlos a la isla bajo el pretexto de la inversión privada «legal». Es la transición de Cuba hacia el putinismo.

Los paralelismos con la Rusia postsoviética son inconfundibles. Tras el colapso de la URSS, la nomenklatura —los altos cargos del Partido Comunista, sus familias y el aparato de seguridad— ideó un plan fraudulento de «privatización». Los activos estatales se subastaron a precios de saldo a personas con información privilegiada que ya habían desviado riqueza al extranjero a través de empresas ficticias. El resultado no fue el capitalismo, sino la cleptocracia: una nueva clase oligárquica surgida directamente del antiguo régimen. Cuba está replicando ahora ese modelo. Los miembros del régimen que han depositado fortunas en vehículos offshore pronto «invertirán» esos mismos fondos en su país, adquiriendo la titularidad legal de empresas mientras los cubanos de a pie siguen atrapados en la pobreza. La propia arquitectura financiera de la dictadura hace posible este plan.

Consideremos la probada red offshore del régimen. El Havana International Bank (Havin Bank Ltd.), con sede en Canary Wharf, Londres, en el número 189 de Marsh Wall, ha funcionado durante mucho tiempo como la principal lavadora de dinero del régimen. Esta empresa fachada castrocomunista es 100 % estatal y está vinculada al Banco Central de Cuba. Fue sancionada por la OFAC del Tesoro de EE. UU. en 2020 precisamente por canalizar fondos al gobierno dictatorial de La Habana. Otras entidades —ACMEX Management Company en el opaco paraíso fiscal de Liechtenstein, estructuras de Mid-Atlantic registradas en Luxemburgo y Caroil Transport Marine Ltd. en Chipre— forman una red interconectada de empresas navieras y sociedades de cartera utilizadas para mover activos de forma discreta. No se trata de empresas neutrales. Son instrumentos del Estado.