En el contexto de la agonía del régimen chavomadurista acelerada por la victoria electoral de Edmundo González en julio 2024, el desolado acto de usurpación presidencial del poder en enero 2025, y la ofensiva desatada de la administración Trump en el Caribe contra el narcotráfico que amenaza la permanencia en el poder a Nicolás Maduro, ha sumergido a los interesados en un debate sobre el país posible que se avecina.
Como es natural cuando se trata de abordar la transición de una gestión que demolió durante el siglo XXI a la nación mas próspera de América Latina en el siglo pasado, el cruce de ideas se centra en el restablecimiento de las instituciones públicas, la libertad de expresión, la reconstrucción de la economía y de las empresas básicas: PDVSA, Guayana, Electricidad, Telecomunicaciones, entre un amplio etcétera que componen la envergadura de un país.
Entre tantas deliberaciones debe dársele especial relevancia a la importancia que merece al valor del trabajo, que constituye para los pueblos del mundo en la actividad económica que dignifica al ser humano, lo motiva y lo reproduce. En el caso venezolano durante el siglo XXI ha alcanzado el extremo de la degradación y el abaratamiento, como no lo ha conocido región alguna en el continente americano.
Según datos extraoficiales ya que la CEPAL coloca siempre un asterisco a los datos sobre la economía local, la relación entre el factor Capital y el Factor Trabajo se ubica a partir del indicador Ingreso Nacional en el orden de 90% para el Capital y el 10% para el Trabajo, que de corroborarse saltarían las alarmas al significar la extrema precariedad de los salarios y de la condición de vida de la población.
Esta inequidad salarial permitiría sentir cómodos a los empresarios privados de cualquier país del mundo, al disfrutar de una política de estado que garantiza el bajo costo de la mano de obra al sustituir los bajos salarios por bonos, determinando que el monto de las nóminas hoy es ínfimo, al ubicarse alrededor de un 5% en lugar del usual 20% al 25% en el valor total del producto.
Recientemente en Foro realizado por el Comité Cúmplela en defensa de la Constitución, el Prof. Héctor Lucena introdujo “el concepto de "precariado", que se refiere a aquellos que laboran sin seguridad social ni derechos laborales. Este grupo, más vulnerable que la clase trabajadora tradicional, carece de sindicatos y no cuenta con convenios colectivos que protejan sus condiciones laborales”.
Este tema es de especial preocupación para la OIT, cuyo reciente Informe Mundial sobre Salarios 2024-2025 destaca “Más de la mitad de los trabajadores del mundo son asalariados. Eso significa que la reducción de la desigualdad salarial puede ser un factor determinante para reducir las desigualdades en general. La importancia de los salarios en la lucha contra la desigualdad se reconoce en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, que insta a reducir las desigualdades dentro de los países y entre ellos”.
Las recomendaciones del organismo tripartito global hacia políticas públicas son determinante al indicar “según las estimaciones, la desigualdad salarial ha disminuido desde principios del siglo XXI en casi dos tercios de los países sobre los que se dispone de datos. Sin embargo, a pesar de esta reciente mejora, el informe muestra que, a nivel mundial, el 10 por ciento de los trabajadores peor remunerados perciben solo un 0,5 por ciento de la masa salarial total, mientras que el 10 por ciento de los trabajadores mejor remunerados obtienen cerca del 38 por ciento de la misma masa salarial”.
Así también se puede reconocer en el Informe OIT que al combinar los datos sobre trabajadores no asalariados con los relativos a los trabajadores asalariados, se observan mayores niveles de desigualdad de ingresos, así como mayores diferencias de ingresos entre mujeres y hombres, y entre trabajadores con empleo formal e informal. El contraste es especialmente notable en los países de ingreso bajo y mediano, donde los trabajadores no asalariados —en su mayoría mujeres o trabajadores de la economía informal— constituyen el grupo predominante de la población ocupada.
Estas consideraciones generan contradicciones a la actual gestión de Maduro, quien se ufana de un crecimiento económico, al indicar el Prof. Manuel Sutherland en el mencionado Foro que según el Banco Central de Venezuela (BCV), el PIB creció aproximadamente un 7.71 % en los primeros seis meses de 2025 y creció 8,71 % en el tercer trimestre del 2025. Este crecimiento alcanza los 18 trimestres consecutivos de expansión económica, según el BCV. El organismo también proyectó un crecimiento de más de 8 % para el año 2025. Entre tanto Las cifras que proyecta el FMI son enteramente distintas.
Según el FMI la economía podría crecer 0,5 % este año 2025 y caería en un – 3 % para el que viene. Por tanto, ante estas cifras es irracional mantener un salario mínimo y pensiones a 0.50 $ mensuales cuando proyecta crecimientos astronómicos del PIB, entre tanto la población formal y aun mas la informal mantienen el salario por debajo del umbral de pobreza mínimo de 2 $ diarios.
Esta realidad refleja la crítica condición del factor Trabajo en la economía venezolana, establecido en esas condiciones como política de Estado, lo cual descarta posibilidad alguna de cambio mientras se mantenga la actual cúpula gobernante en el poder.
Por lo pronto ajustar el salario mínimo con el fin de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores con niveles salariales bajos señalados en el 80% de la población, sin perder de vista los factores económicos, debe seguir siendo un objetivo prioritario y un reto restablecer el valor digno del trabajo como garantía de estabilidad democrática. El pueblo ha pagado con sangre, sudor y lágrimas su aspiración a vivir dignamente y en democracia, mereciendo un reconocimiento a su sacrificio.
Froilán Barrios Nieves Movimiento Laborista
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