Toma nota.../Take note...

Every Communist must grasp the truth, ‘Political power grows out of the barrel of a gun.’”—Mao Zedong, “Problems of War and Strategy” (Nov. 6, 1938), Selected Works, Vol. II, p. 224

 During the 1960s and 1970s, when African-American revolutionaries launched street violence in cities across the United States, their close ideological and personal working relationship with the Chinese Communist Party (CCP) was very much out in the open. When Black Panther Party leaders Elaine Brown and Huey P. Newton or avowed militant revolutionaries such as Robert Williams visited Beijing in those days, it was often a photo op—sometimes with Mao Zedong himself.

On Aug. 8, 1963, the Peking Review published a statement that Chairman Mao issued at the direct request of Robert Williams, former president of the Monroe, North Carolina, chapter of the National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) and later affiliated with the Socialist Workers Party, the Workers World Party, and members of the Communist Party USA. Mao’s statement was entitled “Statement Supporting the American Negroes in Their Just Struggle Against Racial Discrimination by U.S. Imperialism.”

Mao’s words make reference to the “American Negroes’ struggle against racial discrimination,” and claim that “American Negroes are awakening and their resistance is growing stronger and stronger … [in a] continuous expansion of their mass struggle against racial discrimination and for freedom and equal rights.”

After citing some of the early developments of the U.S. civil rights movement in the early 1960s, Mao called upon “the workers, peasants, revolutionary intellectuals, enlightened elements of the bourgeoisie and other enlightened persons of all colors in the world … to unite to oppose the racial discrimination practised by U.S. imperialism and support the American Negroes in their struggle against the racial discrimination.”

That sort of full-throated, public backing by the top levels of the CCP is absent for the revolution currently being led on America’s streets by the openly Marxist, pro-Maoist Black Lives Matter (BLM) movement and its allies among the equally communist Antifa and others. But that doesn’t mean that the ideological affiliation of Antifa and BLM leadership with communism and Beijing or even tangible CCP support for today’s communist street insurrection is absent. It’s just a little more discreet these days.

Tenemos que hablar de un tema que cada vez cobra mayor importancia en medio de la coyuntura sanitaria: el Congreso digital en México. ¿De qué se trata este concepto? Básicamente de que el Senado de la República, la Cámara de Diputados y los Congresos locales utilicen la tecnología para agilizar sus actividades tanto en sus plenos como en las comisiones de trabajo.

En los noventa, con la consolidación del uso del internet, se crearon las bases para que en estas décadas subsecuentes que vivimos sea una realidad el “gobierno electrónico”, que incluye al Congreso digital.

Se trata de tener la información que le interesa a usted como ciudadano al alcance de un clic, de digitalizar la información. Un Congreso digital es sinónimo de procesos rápidos, de consolidación de datos de manera automatizada. Hablamos de inmediatez, de fácil acceso, de interactividad.

No olvidemos que en una democracia el poder emana de la mayoría. Votamos por representantes legislativos, es decir, senadores, diputados federales y diputados locales, para que nos representen, para que lleven nuestra voz y atiendan nuestras necesidades por medio de la elaboración y reforma del marco legal que nos permite vivir en un Estado de Derecho.

Los demócratas tienen el plan de ampliar la Corte Suprema, lo que significaría un enorme peligro para la República y la libertad de EE.UU.

Publio Valerio Publícola, uno de los cuatro militares romanos que derrocó la monarquía y forjó la República Romana, tiene la distinción adicional de haber sido el pseudónimo (“Publius”) que emplearon los tres arquitectos del modelo de gobierno en EE.UU. Al escribir El federalista (o Los ensayos federalistas), una serie de 85 ensayos redactados entre 1787 y 1788, Alexander Hamilton, James Madison y John Jay se propusieron la tarea de tratar de persuadir a los ciudadanos de Nueva York a que ratificaran la Constitución nueva que reemplazaría los Artículos de la Confederación, un esquema débil que no logró preservar la cohesión nacional.

La estrategia para concretar esa hazaña requería lograr que los neoyorquinos le perdieran el miedo a la materialización de un gobierno federal absolutista. Hamilton, Madison y Jay ingeniaron un arquetipo cuyas funciones de gobernar se extendería entre las instituciones del poder político. El afán de este trío dotado intelectualmente, tuvo repercusiones mucho más allá de Nueva York, ya que estableció las bases conceptuales y filosóficas para el ensayo político sistémico en EE.UU.

Después del fracaso de los Artículos de la Confederación, la Carta Magna original (1777-1789), los fundadores estadounidenses tenían claro que el poder político había que dividirlo y establecer un mecanismo de balance y monitoreo mutuo entre las tres ramas (ejecutiva, legislativa y judicial) para evitar un leviatán federal o que una rama adquiriera la supremacía sobre las otras. Hamilton argumentó, convincentemente, que el poder judicial era el más débil, ya que «no tenía influencia sobre la espada o la billetera…» (El federalista No. 78). Al considerar que ésta no podía recaudar o dispensar fondos ni comandar ejércitos, la rama judicial había que despolitizarla lo más posible.

Las recomendaciones hamiltonianas incluían: la tenencia permanente de los jueces federales, la independencia absoluta de las cortes y la capacitación para declarar una ley inconstitucional. Esta última facultad, el control de la constitucionalidad (“judicial review”), sería el arma más potente para resguardar los derechos del soberano, el pueblo, si el congreso emitiese una ley o el presidente una orden ejecutiva, que excediera los límites constitucionales.

China deja escapar o libera un virus letal que causa ingentes pérdidas de vidas, colapsa la actividad económica y comercial en casi todos los países, desestabiliza al sistema financiero mundial deteriorando sus capacidades de asistencia crediticia, mientras ella, el Gran Dragón, se asoma a la cima de la globalización.

 Las grandes guerras del siglo XX significaron, en sus premisas o consecuencias, la forja necesaria de nuevos órdenes, la reorganización de los espacios de poder entre los Estados, el reclamar y acordar reparaciones por daños sufridos por estos o sus nacionales o, como ocurre a partir de 1945, la sujeción de la soberanía al respeto de la dignidad de la persona humana y al deber de la injerencia humanitaria internacional en los casos de violaciones agravadas y sistemáticas.

La idea de que todo Estado debe responder por el daño injusto irrogado a otro u otros Estados o a sus ciudadanos, sea por acciones u omisiones lícitas o las ilícitas originadas en el desconocimiento de obligaciones pactadas o aceptadas consuetudinariamente, es un principio cardinal del Derecho internacional. Llega a nosotros inspirado en las reglas del Derecho Común y para darle especificidad al ordenamiento entre los Estados, tal y como lo reconocen las obras modernas de A.G. Heffter (Le droit international public de l’Europe, Paris, 1857) y la de don Andrés Bello (Principios de derecho de gentes, Santiago de Chile, 1832), que es pionera: “Toda ley supone también una sanción, esto es, una pena que recae sobre los infractores, y mediante la cual el bien común, de que la pena es una garantía, se hace condición precisa del bien individual”.

La realización de tal principio en sede internacional requiere, según este, de algo inexistente para su época: “Para obtener la reparación sería necesaria una liga de estados”, dice. Mas, el mismo proceso de formalización de las obligaciones de reparar los hechos internacionalmente ilícitos –crímenes y delitos de los Estados– se gastó casi unos 100 años entre los escritorios de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU y aquellos de la Sociedad de las Naciones. El celo por la soberanía –el creerse cada Estado que puede hacer desde sus predios lo que le venga en gana, sin obligarse a reparar los daños que irroga a terceros con sus tareas– ha sido un obstáculo nocivo, incluso en situaciones en las que se han concretado crímenes de lesa humanidad.