Toma nota.../Take note...

Mexico City, Sept.23.– The approval came hours after hundreds of protesters broke into Mexico's Senate, forcing the body to take a temporary recess. The proposed reforms have led judges and other judicial staff to strike and protest, in what’s become one of Mexico’s biggest constitutional debates in years.

Here are the main things to understand about the reforms and why they are so controversial.

The government vows to root out court corruption.

Las nuevas prohibiciones abarcan los sectores de la silvicultura, la industria manufacturera, el comercio y las actividades culturales.

El decreto prohíbe las actividades de silvicultura —sus servicios de apoyo— y otras forestales; la extracción de madera —excepto el carbón vegetal y la leña—; y la pesca de especies bajo régimen especial de protección, amenazadas o en peligro de extinción, tóxicas o restringidas, las cuales están destinadas exclusivamente a la actividad estatal.

Decretos, resoluciones, programas y estrategias, van y vienen  sin que el Estado logre darle solución al problema de los combustibles fósiles en Cuba. Más del 92 por ciento de la generación de energía eléctrica aún se sustenta de fuentes fósiles; gases nocivos para la salud y de gran impacto para el cambio climático. En momentos en que el mundo se mueve hacia las energías limpias en la Isla decae cada vez más su producción, alcanzando en 2023 sólo un 5 por ciento de generación.

El presente año -como en los anteriores- los organismos estatales presentaron pronósticos a largo plazo para generar energías renovables al 29 por ciento y sustituir los combustibles fósiles. Reducir el impacto ambiental  y socioeconómico de la importación del 60 por ciento de combustibles es otro de los objetivos para el 2024, ya que en el país se produce solo un 40 por ciento del crudo para termoeléctricas y gas natural. La energía eólica, la biomasa y la fotovoltaica, se proyectan dentro de estos planes como la vía idónea hacia la seguridad energética; teniendo en cuenta el enorme potencial que posee el país.

Aug. 17.– In a scheme to promote a radical leftwing overhaul of the U.S. justice system, billionaire George Soros has spent about $117 million in the last few years to elect then control dozens of liberal county prosecutors throughout the nation, a new report reveals. Once elected the prosecutors, typically known as district attorneys who represent the government in criminal cases, meet regularly with representatives from Soros-funded nonprofits that coordinate and manage the chief officials responsible for upholding and enforcing the law in their respective districts. 

The Soros machine orders prosecutors to practice leftist policies that are soft on crime, and target police and political opponents. The district attorneys are also directed not to enforce certain laws such as those protecting children from chemical castration and genital mutilation, procedures justified by the left as “life-saving gender-affirming” for transgender individuals.