Caracas, Ene.17.– El domingo el régimen de Nicolás Maduro procuró que se eligiera una junta directiva del Parlamento venezolano a su medida. El acto ha sido calificado como un intento de “golpe de Estado”. El Presidente encargado Juan Guaidó logró ratificarse en una 
sesión fuera de la sede del Legislativo. No obstante, los intentos del chavismo por acabar con la Asamblea Nacional, único Poder Público que se les opone, han existido desde el mismo momento de su elección en 2015: el Tribunal Supremo ha dictado 113 sentencias para “boicotear” al Legislativo, 90 parlamentarios han sufrido algún tipo de persecución política y en 2019 se denunció compra de votos en contra de Guaidó.
Hoy está llamada a sesionar la Asamblea Nacional de Venezuela -el Congreso- con un único punto en el orden del día: “rechazo de la toma y asalto militar al Palacio Federal Legislativo, impidiendo el acceso a diputados, en violación a la Constitución Nacional”. Juan Guaidó ratificado el domingo, con 100 votos, como presidente del Poder Legislativo venezolano y encargado del Poder Ejecutivo, al aplicar el artículo 233 de la Carta Magna de ese país reiteró ayer en una conferencia de prensa que en su país hubo un “golpe al Parlamento” y un “golpe de Estado”.
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Si existe un organismo mundial que haya hecho un seguimiento a la conducta de la actual gestión en materia de relaciones de trabajo, ha sido la Organización Internacional del Trabajo (OIT), surgida por cierto hace un siglo en el contexto de los acuerdos del Pacto de Versalles que concluían la Ira. Guerra mundial. Pacientemente durante 20 años ha documentado minuciosamente las tropelías del régimen, en materia de violaciones a los convenios laborales, sigilosamente vigilados por este organismo integrante de la Organización de Naciones Unidas.