Venezuela / Venezuelan Affairs

Sin duda alguna la transición es el concepto de moda presente en los análisis políticos de tirios y troyanos a la hora de abordar la aguda situación política venezolana. Para los opositores su significado le indica al régimen madurista llegó la hora de hacer maletas, entre tanto la respuesta de los corifeos del estado chavomadurista es emitir conjuros al toparse con ese espanto de la sabana.

Lo cierto del caso es que, al abrir el manual de las transiciones en cualquier país del mundo, se observan muchas páginas en blanco al desarrollar cada una de ellas su propia historia, en algunas se escribe con tinta sangre, en otras la cordura priva entre los adversarios al pactar en paz la entrega del poder. En primer lugar, hay que desmitificar la dimensión del concepto y su temporalidad, al no estar circunscrita por ejemplo solo a un acto electoral, por el contrario, múltiples variables influyen para que se desate el proceso, y pueda llegarse a puerto seguro en función del interés nacional.

Con relación a esta idea sintetizada por Jacqueline Peschard (2013), al citar a Woldenberg, José, (2012) Historia mínima de la transición democrática en México…” para marcar el inicio y la conclusión de la transición democrática es importante demostrar, que no se trató de un evento único o ejemplar, sino de un proceso y que es posible identificar un horizonte delineado y concreto que fue el de edificar elecciones democráticas”.

Observemos nuestra propia historia, nuestro camino a la democracia fue largo y tortuoso, al morir el dictador Juan Vicente Gómez en diciembre 1935 se inició un proceso transitorio con el general Eleazar López Contreras, seguido por el periodo de apertura democrática del general Isaías Medina Angarita, interrumpido por el golpe de octubre de 1945 que abrió la fase del trienio 1945-1948 cuando se realizan por vez primera elecciones universales, directas y secretas, interrumpido luego por los 10 años de dictadura Perejimenista hasta el 23 de enero de 1958, momento crucial que finalmente permitió sentar  las bases del periodo democrático mas extenso de nuestra historia republicana implementado hasta finales de siglo XX.

En realidad, desconocemos si en la gestión de Maduro pudiera reconocerse algún momento de legitimidad, al  resaltar desde el inicio de su mandato en 2013 solo sombras y dudas, en torno al camino trazado por poderes públicos cómplices en su ascenso al poder, los cuales no han escatimado toda suerte de estratagemas para mantenerlo como mandatario nacional hasta el sol de hoy.

De esta manera, desde el interregno creado en diciembre 2012 hasta la cuestionada muerte de Hugo Chávez el 05/03/2013 al ser encumbrado como presidente encargado, hasta el proceso electoral fraudulento de abril 2013 donde fuera impuesto como presidente de la república por la tramoya técnica del CNE, se tejió un manto de dudas entre la población sobre la legalidad y legitimidad del mandatario.

Aun así, sobrevivió gracias a la genuflexión del candidato opositor quien reconociera bajo chantaje el fallido acto para “evitar una matanza”, al respaldo incondicional de las Fuerzas Armadas y del conjunto de instituciones públicas, generando el desencanto popular al ver como se escapaba una vez mas la liebre, que ungido bajo la “sombra del guerrero” fallecido como garantía de continuidad del chavismo gobernante.

Incluso en el país político la ilegitimidad del mandatario calificado por su escaso carisma y conocimiento de la gestión pública, le pronosticaba no culminaría el mal habido mandato. Lo transcurrido hasta hoy es historia trajinada traducida en el drama mas agudo que haya sufrido pueblo alguno de la región, quizás como epílogo de la estafa histórica que sufriera primero con la revolución cubana derivada en la dictadura castrista y luego con el socialismo del siglo XXI derivado en el autoritarismo chavista y la tiranía madurista.

Ambas dictaduras sueñan con la eternidad en el poder amparados por el “manto sagrado de la Revolución” y la protección de sus aliados internacionales del eje del mal, hasta que sus pueblos decidan salir de ellos “por las buenas o por las malas”, como les encanta vociferar desde sus tribunas al sentirse amenazados.

La palabra transición sacude Indudablemente el espectro político nacional, al motivar por los cuatro costados del país la aspiración a un cambio ante el sufrimiento acumulado durante 25 años, en medio de un ambiente de crispación y exclusión permanente, auspiciado desde las altas esferas del poder como política de estado.

Ese aroma de primavera política lo revela las giras que realiza la líder opositora María Corina Machado a lo largo y ancho del territorio nacional, al recibir las exigencias transformadoras de la población a pesar de la gran incertidumbre que generan las dictaduras, con el uso abusivo del poder y la ferocidad de sus acciones para no perderlo.

Este nuevo escenario de relaciones entre la tiranía gobernante y el surgimiento de una oposición de fresca imagen ante la población, ha sido el terreno propicio para el surgimiento de propuestas, de planes de reconstrucción nacional que avivan el ideario colectivo de superar el peor capítulo de nuestra historia republicana próxima a cumplir 2 siglos en 2030.

Ahora bien, la mayoría de los conversatorios y propuestas rondan alrededor del restablecimiento del orden democrático, en tal sentido debemos alertar que esta lógica pretensión para que sea viable, debe obligatoriamente incluir las bases de un pacto social que restablezca el concepto de trabajo en toda su dimensión.

Este eje de acción debe ser la respuesta al proceso de demolición desatado desde el Estado chavomadurista contra el mundo del trabajo, desatado desde los poderes públicos contra todas y cada una de las instituciones relacionadas con el sistema de relaciones de trabajo, al punto de envilecerlas y transformarlas en caricatura en función de la ideología gobernante.

La recién aprobada "Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista", coloca en primera plana, la trágica evolución de la seguridad social en nuestro país, cuyo desarrollo contiene la deuda histórica del Estado venezolano con la población y en particular con sus trabajadores.

Ahora bien, este señalamiento no solo atañe a los gobernantes durante el siglo XXI, incluye a quienes ejercieron el poder bajo el puntofijismo, a aquellos que inicialmente desarrollaron la aplicación plena de la ley del seguro social en la década de los 60, para luego ser responsables de la decadencia extrema de la cobertura de las contingencias previstas para la protección de la salud y el retiro de la población.

La catástrofe de la institución en la última década del siglo XX se magnificó con las múltiples manifestaciones de pensionados del IVSS en diferentes ciudades denunciando pensiones miserables, y las acusaciones de corrupción y negligencia de la Junta Administradora del organismo, integrada en forma tripartita por representantes del Gobierno Nacional, Trabajadores y Empresarios, señalados por haber quebrado el organismo y el enriquecimiento ilícito.

¿Quiénes se protegieron parcialmente hasta entrado el siglo XXI de esta hecatombe del sistema de seguridad social?

Aquellos sectores laborales públicos y privados que habían concretado mediante sus convenios colectivos planes de jubilación y pólizas de HCM, el resto por cierto la mayoría quedó únicamente a merced de la mísera pensión. Por tanto, podemos afirmar que, sobre los escombros de la bancarrota de la seguridad social, del rescate de las prestaciones sociales y las falsas promesas de la democracia protagónica, cabalgaron los cánticos de redención de Hugo Chávez para cautivar a los venezolanos y desechar la gestión gubernamental caída en desgracia.