Venezuela / Venezuelan Affairs

La diáspora venezolana en EEUU sufre momentos de incertidumbre en los últimos días ante la decisión del viernes 03/10/2025 de la Corte Suprema de Justicia al suspender el beneficio del TPS (Temporary Protected Status), cuya traducción en español es Estatus de Protección Temporal, medida que desde 1990 ha permitido a migrantes de países con condiciones inseguras residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

El impacto de esta decisión es significativo al registrar los 2 grupos diferentes asociaciones de migrantes, como Veppex o la Alianza Nacional del TPS una población en el exilio de aproximadamente 1.100.000 venezolanos, de los cuales 600.000 estaban amparados en su permanencia en el país norteamericano con este beneficio migratorio, distribuidos en dos grupos, el primero referido al grupo que ingresó antes del 8 de marzo de 2021 y un segundo grupo al que ingresó antes del 31 de julio 2023.

Como bien sabemos el Estatus de Protección Temporal de EEUU es una provisión humanitaria que permite a las personas de ciertos países permanecer en Estados Unidos porque sus países de origen no son seguros para su regreso debido a desastres naturales o conflictos, así también esta medida humanitaria no proviene de una orden ejecutiva presidencial, sino como parte del cuerpo legislativo migratorio del país.

Frente a otra realidad histórica, nuestro colega Yaxys Dayán Cires escribió un interesante análisis sobre lo ocurrido en Panamá en 1989 que provocó la intervención americana y la detención del dictador Noriega, al que se le acusó, entre otros cargos, de tráfico de drogas. Es notable la semejanza de aquellos hechos con la situación actual que impera en Venezuela, sus motivaciones y sus posibles resultados. 

Reproducimos a continuación un pertinente segmento de ese análisis:

La situación de callejón sin salida y represión a la que Noriega había llevado al país provocó que, el 3 de octubre de 1989, un importante militar, Moisés Giroldi Vera, hasta entonces cercano al dictador, organizara un intento de destitución.

Ese alzamiento fracasó. Su líder llegó a tener al dictador acorralado en su oficina, pero no quiso ir más allá de exigirle el retiro. Noriega aguantó, hasta que la situación fue insostenible para los militares sublevados. Terminaron entregándose, y vino la masacre: diez militares fueron ejecutados, entre ellos Giroldi; otro murió producto de las torturas y más de 70 fueron enviados a prisión.

Esta decisión de formalizar la campaña como un conflicto activo consolida el derecho del presidente estadounidense a ejercer poderes extraordinarios en tiempos de guerra, según especialistas legales consultados por The New York Times

Washington DC, Oct.2.– El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha notificado al Congreso de forma confidencial que Estados Unidos se considera formalmente en un «conflicto armado» con los carteles de la droga, a cuyos miembros califica de «combatientes ilegales».

Este aviso, enviado a varios comités esta semana y visto por medios locales, justifica los tres ataques militares estadounidenses ordenados por el presidente el mes pasado contra barcos en el mar Caribe, que resultaron en 17 muertes (al menos dos de ellas en embarcaciones procedentes de Venezuela). La justificación es que estas acciones deben considerarse legítimas y no asesinatos.

Desde el inicio de la gestión presidencial de Nicolás Maduro en abril 2013 ha sido el mandatario nacional que ha registrado récords en la promulgación de decretos de estados de excepción, ejerciendo la facultad que otorga la Constitución Nacional en el articulado del 337 al 339 de emitir estas normativas en consonancia con la situación del país.

Durante este periodo a partir del articulo 338 se han publicado decretos de todo género en la materia: el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas, el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación, el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones. Se prolongarán hasta por noventa días, siendo prorrogable hasta por noventa días.

 Veamos a continuación cual ha sido la cantidad y el alcance de estos estados de excepción emitidos bajo la gestión de Nicolas Maduro: