Venezuela / Venezuelan Affairs

Esta decisión de formalizar la campaña como un conflicto activo consolida el derecho del presidente estadounidense a ejercer poderes extraordinarios en tiempos de guerra, según especialistas legales consultados por The New York Times

Washington DC, Oct.2.– El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha notificado al Congreso de forma confidencial que Estados Unidos se considera formalmente en un «conflicto armado» con los carteles de la droga, a cuyos miembros califica de «combatientes ilegales».

Este aviso, enviado a varios comités esta semana y visto por medios locales, justifica los tres ataques militares estadounidenses ordenados por el presidente el mes pasado contra barcos en el mar Caribe, que resultaron en 17 muertes (al menos dos de ellas en embarcaciones procedentes de Venezuela). La justificación es que estas acciones deben considerarse legítimas y no asesinatos.

Desde el inicio de la gestión presidencial de Nicolás Maduro en abril 2013 ha sido el mandatario nacional que ha registrado récords en la promulgación de decretos de estados de excepción, ejerciendo la facultad que otorga la Constitución Nacional en el articulado del 337 al 339 de emitir estas normativas en consonancia con la situación del país.

Durante este periodo a partir del articulo 338 se han publicado decretos de todo género en la materia: el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas, el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación, el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones. Se prolongarán hasta por noventa días, siendo prorrogable hasta por noventa días.

 Veamos a continuación cual ha sido la cantidad y el alcance de estos estados de excepción emitidos bajo la gestión de Nicolas Maduro:

Recientemente el desenlace de la crisis venezolana se ha convertido en centro de atención mundial y nacional en medios de comunicación y redes sociales, donde connotados analistas y managers de tribuna locales, avizoran a través de sus bolas de cristal el apetecible final de la repudiada tiranía en el poder, cuya gestión se ha extendido como tragedia nacional a lo largo del siglo XXI.

En verdad la imaginación es prodigiosa, unos hablan de la presencia de la flota norteamericana en el Mar Caribe como si se tratara del día D en Normandía, otros especulan sobre rumores de desembarco de marines en la Península de Paria, entre tanto algunos recurren a la épica de la extracción de Bin Laden en 2012, cuando los SEAL de la Marina estadounidense, allanaron el complejo donde se ocultaba Osama en Abbottabad, Pakistán, y abatieron al líder de Al Qaeda.

Este guion de epílogos se ha alimentado de una narrativa surgida de la política exterior norteamericana durante el siglo XX hacia América Latina, a partir de las acciones de los gobiernos de Teddy Roosevelt, quien creía que Estados Unidos tenía el derecho y la obligación de ser el policía del hemisferio. Esta creencia, y su estrategia de "hablar con suavidad y portar un garrote", moldearon gran parte de su gestión durante su mandato (1901-1909).

Washington, D.C., Sept. 18.– Robert F. Kennedy Human Rights and Foro Penal today published a new report outlining patterns of political repression in Venezuela following the July 2024 presidential elections, and the 2025 parliamentary and regional elections. The report, titled Electoral Repression, Enforced Disappearances and Political Control in Venezuela, analyzes how President Nicolas Maduro’s regime has increasingly utilized enforced disappearances and hostage-taking to silence political opposition, ensure domestic control, and barter with other countries. The report’s publication follows RFK Human Rights and Foro Penal’s recent presentation of their findings to key stakeholders in Geneva, including diplomatic delegations.

“Last summer, the world watched as the Venezuelan government used every tool at its disposal to prevent a free and fair election and suppress political dissent,” said Isabel C. Roby, Senior Staff Attorney at Robert F. Kennedy Human Rights. “Unfortunately, these blatant human rights violations are not new. Venezuela’s current crisis reflects deeper structural and institutional trends that entwine repression with governance.”