Los demócratas tienen el plan de ampliar la Corte Suprema, lo que significaría un enorme peligro para la República y la libertad de EE.UU.
Publio Valerio Publícola, uno de los cuatro militares romanos que derrocó la monarquía y forjó la República Romana, tiene la distinción adicional de haber sido el pseudónimo (“Publius”) que emplearon los tres arquitectos del modelo de gobierno en EE.UU. Al escribir El federalista (o Los ensayos federalistas), una serie de 85 ensayos redactados entre 1787 y 1788, Alexander Hamilton, James Madison y John Jay se propusieron la tarea de tratar de persuadir a los ciudadanos de Nueva York a que ratificaran la Constitución nueva que reemplazaría los Artículos de la Confederación, un esquema débil que no logró preservar la cohesión nacional.
La estrategia para concretar esa hazaña requería lograr que los neoyorquinos le perdieran el miedo a la materialización de un gobierno federal absolutista. Hamilton, Madison y Jay ingeniaron un arquetipo cuyas funciones de gobernar se extendería entre las instituciones del poder político. El afán de este trío dotado intelectualmente, tuvo repercusiones mucho más allá de Nueva York, ya que estableció las bases conceptuales y filosóficas para el ensayo político sistémico en EE.UU.
Después del fracaso de los Artículos de la Confederación, la Carta Magna original (1777-1789), los fundadores estadounidenses tenían claro que el poder político había que dividirlo y establecer un mecanismo de balance y monitoreo mutuo entre las tres ramas (ejecutiva, legislativa y judicial) para evitar un leviatán federal o que una rama adquiriera la supremacía sobre las otras. Hamilton argumentó, convincentemente, que el poder judicial era el más débil, ya que «no tenía influencia sobre la espada o la billetera…» (El federalista No. 78). Al considerar que ésta no podía recaudar o dispensar fondos ni comandar ejércitos, la rama judicial había que despolitizarla lo más posible.
Las recomendaciones hamiltonianas incluían: la tenencia permanente de los jueces federales, la independencia absoluta de las cortes y la capacitación para declarar una ley inconstitucional. Esta última facultad, el control de la constitucionalidad (“judicial review”), sería el arma más potente para resguardar los derechos del soberano, el pueblo, si el congreso emitiese una ley o el presidente una orden ejecutiva, que excediera los límites constitucionales.
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