En días recientes se han puesto de manifiesto una vez más las tremendas diferencias que hay dentro del sindicalismo cubano. Me refiero a las que existen entre la todopoderosa y oficialista Central de Trabajadores de Cuba (CTC), que cuenta con ingentes recursos y millones de afiliados, de una parte, y el acosado movimiento sindicalista independiente, de la otra.
La primera dispone de un edificio de varios pisos enclavado en San Carlos y Peñalver, en el corazón de La Habana. También cuenta con su órgano oficial, el periódico Trabajadores. Resulta harto difícil encontrar, entre los millones de obreros cubanos, a alguno que confíe en la defensa que pueda hacer de él ese sindicato oficialista, pero casi todos están afiliados a él, pagan la cuota mensual y asisten a las reuniones que convoca de tarde en tarde; todo ello con el comprensible propósito de “no señalarse”.
La CTC goza de todo el respaldo y la confianza de la jefatura del régimen. Y es lógico que así suceda. Los Estatutos de la referida “organización de masas” proclaman: “La CTC y sus sindicatos reconocen abierta y conscientemente el papel del Partido Comunista de Cuba como fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado, destacamento de vanguardia y máxima organización de la clase trabajadora”.
Los pequeños sindicatos independientes sufren una situación diametralmente opuesta. Su membresía suele ser exigua. En ocasiones, sus afiliados prefieren mantener en secreto su condición de miembros. Su objetivo está más que claro: evitar la represión proveniente del régimen, que rechaza y persigue cualquier cosa que huela a pluralismo, en particular en el terreno que nos ocupa.
Esas diferencias abismales se ponen de manifiesto no sólo en el tamaño y la membresía de uno y otros sindicatos. Ellas se hacen evidentes también en la forma en que el primero y los restantes reaccionan ante las medidas oficiales que afectan a los trabajadores cubanos. Es el caso del reciente “paquetazo” anunciado durante la reciente reunión de la llamada “Asamblea Nacional”. Se trata de un conjunto de medidas que merecen de sobra el adjetivo “antiobreras”, aunque Díaz-Canel rechace indignado ese calificativo.
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