Caracas, 08 de noviembre de 2018
AL PUEBLO DE VENEZUELA
El Artículo 3 de la Constitución Nacional dice, textualmente: “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.
La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines”. Pero con su política antilaboral y 
antipopular, hoy el gobierno está destruyendo el trabajo en Venezuela. Los venezolanos estamos sufriendo la pulverización de nuestros salarios y pensiones, el éxodo de miles de compatriotas por los sueldos miserables, la crisis de los servicios públicos, la emergencia en la salud y en la educación, la pérdida de empleos productivos por el cierre de empresas, la represión gubernamental y los despidos por defender nuestros derechos. Ésta es una realidad tanto en el sector público como en el privado. Patronos públicos y privados incumplen los reenganches con la complicidad abierta del Ministerio del Trabajo.
El país ha sido sometido a una enorme fuga de capitales, un saqueo histórico de la renta petrolera llevado a cabo tanto por vías legales como fraudulentas, por burócratas corruptos, la tradicional burguesía y la emergente boliburguesía, calculado en 500.000 millones de dólares. Para pagar la deuda y la crisis resultado de este saqueo, se desconocen las convenciones, se lleva el salario a la mínima expresión, se impulsa la tercerización y las tablas de hambre como parte de la estrategia de incorporar al país en la geopolítica china, lo que exige garantizarle mano de obra barata y sumisa a sus transnacionales. Nuestros derechos fundamentales son conquistas de largos años de lucha. El gobierno incumple el derecho al salario digno consagrado en el artículo 91 de la Constitución, imponiendo por decreto un salario mínimo de hambre. El salario y las pensiones deben cubrir el costo de la canasta básica y moverse con ella.
El país entero ha sido testigo del enorme esfuerzo desplegado por los sindicatos y gremios de los distintos sectores, para que el Ejecutivo Nacional cese en su política de desconocimiento a los derechos progresivos e intangibles de los trabajadores, y reconozca la vigencia de los contratos colectivos y de la libertad sindical. Gran cantidad de comunicaciones, propuestas, documentos, mesas de trabajo y acciones de protesta han tenido resultados nulos debido a la indisposición gubernamental a atender las justas demandas de los trabajadores.
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El 23 de abril del presente año 2018, hace apenas algunos días falleció en Maracay, Venezuela, el dirigente sindical EDUARDO GARCIA MOURE, quien era el Vicepresidente de la Central Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores-CLATJUPAM, antes había sido Secretario General de la Central Latinoamericana de Trabajadores-CLAT, con asiento en Venezuela.