La dirigencia cubana acaba de declararle la guerra a “los ricos”. ¿Se trata de millonarios, de inversionistas extranjeros, o de esos burócratas que disfrutan de residencias suntuosas, yates y numerosas prebendas? Nada de eso. Se está hablando de trabajadores independientes que con su trabajo están ganando unos CUC más que los demás y por lo tanto rompiendo el esquema de igualdad en la miseria que el modelo cubano ha impuesto en la base social. Durante las pasadas sesiones de la Asamblea Nacional se acordó poner fin al acaparamiento de riquezas y propiedades en el sector privado, se elevaron los impuestos a los trabajadores por cuenta propia, se congeló el otorgamiento de licencias de la mayorías de los oficios y en los últimos días se han reportado hostigamientos contra algunos cuentapropistas. Durante la reunión para el Estudio de la Economía Cubana desarrollada en Miami, el economista residente en Cuba Omar Everleny Pérez afirmó: “Cuba es el único país del mundo que persigue (acabar con) la riqueza y no (con) la pobreza”.
Ya durante las sesiones de la Asamblea Nacional, algunos diputados informaron que habían inspeccionado en numerosas regiones de Cuba a las cooperativas agrícolas (CNA) y dieron a conocer que “aumentan su aporte a sectores de alta importancia económica y social, contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de sus socios y logran satisfacer las demandas de clientes, sobre todo en la rama de las construcciones”.
Estas noticias evidentemente buenas, ¿fueron acogidas con gozo por los parlamentarios? ¿Acordaron acaso enviar felicitaciones a esos cooperativistas por tan buen trabajo que satisface demandas de la población y en general de la sociedad cubana? Por el contrario, se preocuparon y advirtieron de lo “peligroso” de esta eficiencia de los cooperativistas, pues “podrían debilitar el capital humano de empresas estatales, ya que crece el éxodo de personal calificado hacia las cooperativas”. En el informe se añade otro aspecto notable: una parte no despreciable de esos cooperativistas “hacen contratos fuera del territorio donde radican”, noticia estupenda porque extienden los beneficios de su trabajo a otras regiones. Pero esto para nada importa a los diputados. Por el contrario, les preocupó, porque eso limitaba “el control y fiscalización de los organismos competentes de la administración pública”.
¿“Control”? ¿“Organismos competentes”? Ni control ni competentes. Según Gustavo Santos, director de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información: “la indisciplina informativa de las entidades coadyuva a que los registros no sean confiables”. Podría haberse ahorrado esta palabrería eufemística sólo con dos palabras: desastre total.
Estas informaciones, que debieron publicarse ampliamente para que otras cooperativas tomaran ejemplo y el país entero mejorara con la productividad, fueron más bien opacadas lo más posible, porque todo esto perjudica al gran competidor: el gigantesco monopolio estatal que controla la mayor parte de los bienes de producción. En los países capitalistas hay que dictar leyes contra los monopolios para proteger a las empresas menores de esa competencia desigual, como la Ley Sherman de 1890 en los Estados Unidos que llevó al propio John Rockefeller ante los tribunales. Pero en Cuba es al revés: se dictan leyes para proteger a un monopolio único o absoluto: el Estado. ¿Protegerlo de quién o de quiénes? Pues nada menos que de los artesanos independientes y dueños de restaurantes domésticos. Si el Estado, a pesar de contar con tantos recursos, necesita crear leyes restrictivas para protegerse de la competencia de humildes cuentapropistas, es el colmo de la incapacidad como administrador de empresas y debe retirarse definitivamente de ese giro y entregar esas empresas a sus respectivos colectivos de base, o sea, a los trabajadores, que han demostrado hartamente su efectividad cuando emprenden iniciativas productivas independientes. Ellos sabrán encontrar administradores aptos, no por su “confiabilidad política” sino por su capacidad.
Las revelaciones de los éxitos de los trabajadores independientes y de las cuantiosas trabas impuestas por los delegados de la Asamblea Nacional, es una clara evidencia de que esos delegados no representan para nada los intereses de la población y de que sin sus decisiones el país podría marchar espectacularmente mejor. ¿Quiénes son los verdaderos enemigos del pueblo cubano?