Caracas, 08 de noviembre de 2018
AL PUEBLO DE VENEZUELA
El Artículo 3 de la Constitución Nacional dice, textualmente: “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.
La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines”. Pero con su política antilaboral y 
antipopular, hoy el gobierno está destruyendo el trabajo en Venezuela. Los venezolanos estamos sufriendo la pulverización de nuestros salarios y pensiones, el éxodo de miles de compatriotas por los sueldos miserables, la crisis de los servicios públicos, la emergencia en la salud y en la educación, la pérdida de empleos productivos por el cierre de empresas, la represión gubernamental y los despidos por defender nuestros derechos. Ésta es una realidad tanto en el sector público como en el privado. Patronos públicos y privados incumplen los reenganches con la complicidad abierta del Ministerio del Trabajo.
El país ha sido sometido a una enorme fuga de capitales, un saqueo histórico de la renta petrolera llevado a cabo tanto por vías legales como fraudulentas, por burócratas corruptos, la tradicional burguesía y la emergente boliburguesía, calculado en 500.000 millones de dólares. Para pagar la deuda y la crisis resultado de este saqueo, se desconocen las convenciones, se lleva el salario a la mínima expresión, se impulsa la tercerización y las tablas de hambre como parte de la estrategia de incorporar al país en la geopolítica china, lo que exige garantizarle mano de obra barata y sumisa a sus transnacionales. Nuestros derechos fundamentales son conquistas de largos años de lucha. El gobierno incumple el derecho al salario digno consagrado en el artículo 91 de la Constitución, imponiendo por decreto un salario mínimo de hambre. El salario y las pensiones deben cubrir el costo de la canasta básica y moverse con ella.
El país entero ha sido testigo del enorme esfuerzo desplegado por los sindicatos y gremios de los distintos sectores, para que el Ejecutivo Nacional cese en su política de desconocimiento a los derechos progresivos e intangibles de los trabajadores, y reconozca la vigencia de los contratos colectivos y de la libertad sindical. Gran cantidad de comunicaciones, propuestas, documentos, mesas de trabajo y acciones de protesta han tenido resultados nulos debido a la indisposición gubernamental a atender las justas demandas de los trabajadores.
El desconocimiento a los derechos constitucionales al trabajo, a la salud, a la educación de calidad, al salario digno, a la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales, no es asunto sólo de los trabajadores, sino de la Nación entera, cuya Constitución está siendo pisoteada mientras su población es llevada a la pobreza extrema. En esta carestía que golpea a los trabajadores se dan la mano patronos públicos y privados. Estos últimos, en muchos casos, solo están pagando el salario mínimo.
Rechazamos el paquete económico de Maduro porque es lesivo para la clase trabajadora En estos momentos, cuando la negativa gubernamental a respetar nuestros derechos constitucionales obliga a la profundización y generalización del conflicto laboral en Venezuela, hacemos un llamado a todos los trabajadores del país a profundizar y unir nuestras luchas hasta alcanzar la restitución plena de nuestros derechos humanos, políticos y sociales.
Exigimos:
• Cese inmediato a la represión y despidos de trabajadores por reclamar sus derechos.
• Reenganche con pago de salarios caídos de todos los trabajadores despedidos por ejercer su derecho a la protesta.
• Libertad plena para todos los dirigentes sindicales presos o bajo régimen de presentación por defender los derechos de los trabajadores.
• Respeto a los principios constitucionales de progresividad, intangibilidad y salario digno.
• Suspensión de toda medida que implique modificar las escalas y tabuladores salariales vigentes, subsumiéndolos a procedimientos contrarios a los pactados en las Convenciones Colectivas que nos amparan.
• La correcta aplicación, tal como fueron pactados, de los aumentos salariales previstos en actas convenio o en las convenciones colectivas de trabajo que nos amparan.
• Cumplimiento estricto de los beneficios socio-económicos de las Convenciones Colectivas en sus mismas proporciones y fórmulas de cálculo.
• La derogatoria inmediata de todo lineamiento de cualquier dependencia oficial del Estado venezolano que viole o menoscabe los derechos adquiridos, progresivos e intangibles de los trabajadores venezolanos.
• La indexación de las prestaciones sociales.
• Cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por la República.
• Auditoría a PDVSA y demás empresas del Estado, con participación de los trabajadores.
• Nos solidarizamos con las luchas de los campesinos venezolanos y nos pronunciamos por el derecho a las tierras para los campesinos y contra el asesinato de sus dirigentes.
• Nos pronunciamos en defensa de los Parques Nacionales, rechazamos la pretensión de explotar las minas de coltán en Bailadores y exigimos el cese a la destrucción ambiental en el mal llamado Arco Minero.
Finalmente, declaramos que vamos a defender la Constitución Nacional vigente y exigimos estricto cumplimiento de sus principios y postulados
¡La lucha nos unió, unidos venceremos!