Caracas, 08 de noviembre de 2018

AL PUEBLO DE VENEZUELA

 El Artículo 3 de la Constitución Nacional dice, textualmente: “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.

La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines”. Pero con su política antilaboral y antipopular, hoy el gobierno está destruyendo el trabajo en Venezuela. Los venezolanos estamos sufriendo la pulverización de nuestros salarios y pensiones, el éxodo de miles de compatriotas por los sueldos miserables, la crisis de los servicios públicos, la emergencia en la salud y en la educación, la pérdida de empleos productivos por el cierre de empresas, la represión gubernamental y los despidos por defender nuestros derechos. Ésta es una realidad tanto en el sector público como en el privado. Patronos públicos y privados incumplen los reenganches con la complicidad abierta del Ministerio del Trabajo.

El país ha sido sometido a una enorme fuga de capitales, un saqueo histórico de la renta petrolera llevado a cabo tanto por vías legales como fraudulentas, por burócratas corruptos, la tradicional burguesía y la emergente boliburguesía, calculado en 500.000 millones de dólares. Para pagar la deuda y la crisis resultado de este saqueo, se desconocen las convenciones, se lleva el salario a la mínima expresión, se impulsa la tercerización y las tablas de hambre como parte de la estrategia de incorporar al país en la geopolítica china, lo que exige garantizarle mano de obra barata y sumisa a sus transnacionales. Nuestros derechos fundamentales son conquistas de largos años de lucha. El gobierno incumple el derecho al salario digno consagrado en el artículo 91 de la Constitución, imponiendo por decreto un salario mínimo de hambre. El salario y las pensiones deben cubrir el costo de la canasta básica y moverse con ella.

El país entero ha sido testigo del enorme esfuerzo desplegado por los sindicatos y gremios de los distintos sectores, para que el Ejecutivo Nacional cese en su política de desconocimiento a los derechos progresivos e intangibles de los trabajadores, y reconozca la vigencia de los contratos colectivos y de la libertad sindical. Gran cantidad de comunicaciones, propuestas, documentos, mesas de trabajo y acciones de protesta han tenido resultados nulos debido a la indisposición gubernamental a atender las justas demandas de los trabajadores.

Interim Report – Report No 386, June 2018

Case No 3271 (Cuba) – Complaint date: 21-DEC-16 – Active

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• INTRODUCTION
• A. Alegatos de la organización querellante
• B. Respuesta del Gobierno
• C. Conclusiones del Comité
• Recomendaciones del Comité

Alegatos: ataques, hostigamiento y persecución, con detenciones, agresiones y despidos, a sindicalistas independientes, entre otros actos de discriminación e injerencia antisindical por parte de autoridades públicas, así como reconocimiento oficial de una única central sindical controlada por el Estado e inexistencia de negociación colectiva y de reconocimiento legal del derecho de huelga

1. 214. La queja figura en comunicaciones de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) de fechas 21 de diciembre de 2016, 3 de enero, 7 de febrero, 30 de marzo y 3 de abril de 2017.
2. 215. El Gobierno envió sus observaciones por medio de una comunicación de 29 de septiembre de 2017.
3. 216. Cuba ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), así como el Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135).

A. Alegatos de la organización querellante

1. 217. En sus comunicaciones de 21 de diciembre de 2016, 3 de enero, 7 de febrero, 30 de marzo y 3 de abril de 2017 la ASIC denuncia numerosos casos concretos de discriminación e injerencia antisindical por parte de las autoridades (incluido hostigamiento, persecución, detenciones y agresiones) contra activistas sindicales independientes, alega que el Gobierno sólo reconoce a una sola central sindical y afirma que no existe en el país la negociación colectiva ni la autorización por la ley del derecho de huelga.

«The repeated calls issued within the Church's social doctrine,
beginning with Rerum Novarum, for the promotion
of workers' associations that can defend their rights
must therefore be honoured today even more than in the past,
as a prompt and far-sighted response to the urgent need
for new forms of cooperation at the international level,
as well as the local level.» (no. 25)

Charity in Truth (Caritas in Veritate)
Pope Benedict XVI, 2009

A long-cherished predisposition on the part of the Roman Catholic Church is that labor unions act as a protection against the exploitation of workers. From Pope Leo XIII’s 1891 encyclical Rerum Novarum forward, the Church has been an outspoken proponent of organized labor, worker safety and human dignity.

Thus, it comes as little surprise that the U.S. Catholic Conference of Bishops weighed-in when the U.S. Supreme Court heard arguments in February regarding the Janus v. American Federation of State, County, and Municipal Employees case. At issue is AFSCME’s collection of dues from nonmembers in Illinois and the USCCB’s opposition to right-to-work legislation.

The USCCB’s amicus brief, however, succumbs to romantic notions of unions protecting employees from the child-labor sweatshops out of some 19th-century Dickensian dystopia or even Solidarity, the 1980s Polish trade union movement’s struggle against oppression of workers by the Communist state. The contemporary reality of collective bargaining, particularly that conducted by public- sector unions, is vastly different.

• Highways around São Paulo have been blocked.
• Brazilian President Michel Temer says he has authorised the use of force to clear fuel protests that have paralysed the country.   

São Paulo, May 25.– Truckers have blocked highways in all but two of the Brazil's 28 states.

The protests have led to shortages of fuel and basic goods across the country, and have also halted industrial production and exports.

The city of São Paulo has declared a state of emergency, allowing it to seize fuel from petrol stations.