Los abajo firmantes, latinoamericanos y diversos en nuestras adhesiones, profesiones e intereses, pero unidos por una aspiración común de libertad, democracia, equidad y bienestar en todo el hemisferio, nos dirigimos a nuestros conciudadanos y gobiernos, especialmente a los de Cuba, para expresar lo siguiente:
Celebramos el creciente proceso de normalización en las relaciones cubano-estadounidense y la disposición de otros estados democráticos para incrementar su interacción con las autoridades de La Habana. Vemos en este proceso una oportunidad para estimular una mayor inserción de Cuba en el mundo y mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.
A la vez, condenamos la sistemática y continuada violación de los derechos humanos en la isla; la persistencia de un modelo político centrado en el control de un partido único; la represión abierta contra quienes se aparten de las líneas oficiales, y la persistente discriminación de los cubanos frente a los extranjeros, en ámbitos que van desde los derechos económicos hasta el acceso libre a las comunicaciones y la información.
Ha llegado la hora de un acto de reciprocidad ante el mundo democrático, pero, sobre todo, como deber ineludible ante su propio pueblo, el régimen encabezado por el Presidente Raúl Castro emprenda un verdadero proceso de apertura política y social y escuche las iniciativas de cambio de sus ciudadanos, mientras reactiva los tímidos cambios económicos anunciados con entusiasmo, pero paralizados en medio de la rigidez, el temor y la burocracia.
Ha llegado la hora de que Cuba se abra a su propio pueblo.
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El director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, considera que el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, si es aprobado en sus términos actuales, supone un "desafío existencial" a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya porque otorga "impunidad" a delitos de lesa humanidad y contra los derechos humanos. Asimismo, el acuerdo vicia la integridad y legitimidad del acuerdo nacional.
