Los abajo firmantes, latinoamericanos y diversos en nuestras adhesiones, profesiones e intereses, pero unidos por una aspiración común de libertad, democracia, equidad y bienestar en todo el hemisferio, nos dirigimos a nuestros conciudadanos y gobiernos, especialmente a los de Cuba, para expresar lo siguiente:
Celebramos el creciente proceso de normalización en las relaciones cubano-estadounidense y la disposición de otros estados democráticos para incrementar su interacción con las autoridades de La Habana. Vemos en este proceso una oportunidad para estimular una mayor inserción de Cuba en el mundo y mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.
A la vez, condenamos la sistemática y continuada violación de los derechos humanos en la isla; la persistencia de un modelo político centrado en el control de un partido único; la represión abierta contra quienes se aparten de las líneas oficiales, y la persistente discriminación de los cubanos frente a los extranjeros, en ámbitos que van desde los derechos económicos hasta el acceso libre a las comunicaciones y la información.
Ha llegado la hora de un acto de reciprocidad ante el mundo democrático, pero, sobre todo, como deber ineludible ante su propio pueblo, el régimen encabezado por el Presidente Raúl Castro emprenda un verdadero proceso de apertura política y social y escuche las iniciativas de cambio de sus ciudadanos, mientras reactiva los tímidos cambios económicos anunciados con entusiasmo, pero paralizados en medio de la rigidez, el temor y la burocracia.
Ha llegado la hora de que Cuba se abra a su propio pueblo.
No existe justificación alguna para continuar impidiendo que los cubanos hagan valer los derechos y libertades elementales que les pertenecen, y que son ampliamente reconocidos por los instrumentos universales de derechos humanos. Muchos de ellos, paradójicamente, han sido suscritos por su gobierno.
El camino hacia una democracia plena debe emprenderse sin dilaciones. Cada nuevo retraso prolonga las precariedades y limitaciones del pueblo, dificulta las posibilidades de éxito y eleva los riesgos de conflicto interno. Por esto, es hora de comenzar a abrir el camino, reconociendo, al menos, las siguientes garantías para todos los cubanos:
· La libertad de expresión, entendida como el derecho a buscar, recibir y divulgar informaciones, opiniones y otros contenidos, por cualquier medio y sin limitaciones, censura o represiones posteriores.
· La libertad de asociación, reunión y manifestación.
· La libertad de movimiento dentro y fuera del territorio nacional.
· El derecho de petición ante las autoridades y poderes públicos.
· El derecho a elegir y a ser elegido, en un ambiente de pluralidad, para todos los cargos públicos.
· El derecho a no ser detenido y encarcelado arbitrariamente, a tener juicios justos ante tribunales independientes y a contar con mecanismos de defensa eficaces.
· El derecho a no ser discriminado en los ámbitos educativos, laborales o sociales en razón de las convicciones políticas o religiosas, o por cualesquiera otras razones.
· La eliminación del control ideológico sobre la educación.
· La libertad de emprender iniciativas profesionales, laborales y empresariales sin restricciones, y de que los cubanos cuenten, al menos, con las mismas posibilidades que se ofrecen a los inversionistas o comerciantes extranjeros. El virtual apartheid económico, pero también social y político, imperante en la isla contra sus ciudadanos debe desaparecer sin dilaciones.
Ninguno de estos derechos tan elementales, que forman parte de la vida cotidiana en la inmensa mayoría de nuestros países, pueden ser ejercidos en Cuba. Peor aún. Quienes se atreven a reclamarlos son objeto de represión abierta y marginación sistemática.
En su Informe mundial 2016, la organización no gubernamental Human Rights Watch destaca y documenta con varios casos que “en los últimos años se han incrementado significativamente las detenciones arbitrarias por períodos breves de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas”. Solo entre enero y octubre 2015, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación, declarada ilegal por el gobierno, recibió más de 6.200 denuncias de detenciones arbitrarias, que se exacerbaron con anterioridad a la visita del Papa Francisco a la isla, en septiembre del mismo año.
El informe también revela la existencia de un número de prisioneros políticos difícil de determinar por la ausencia de información confiable; las golpizas y agresiones callejeras contra manifestantes no gubernamentales, el hacinamiento carcelario; las restricciones casuísticas para viajar dentro y fuera del territorio cubano; la imposibilidad de formar sindicatos independientes, y la negativa a reconocer la defensa de los derechos humanos como una actividad legítima.
La triste conclusión es que, a pesar de que el mundo y en particular Estados Unidos, cada vez se ha abierto más a Cuba, el régimen no se ha abierto a su propia población, que, salvo excepciones de privilegio, permanece sumida en la precariedad, los controles, la falta de oportunidades y la asfixia política y social. Hay que desmantelar este encierro; hay que eliminar el embargo político, económico y social del régimen contra los cubanos.
La responsabilidad directa de poner fin a esta situación es de la élite que domina a Cuba desde su partido único y Estado monolítico. Sin embargo, se extiende a los gobiernos de América Latina, hasta ahora actores pasivos e, incluso, cómplices, ante las crónicas arbitrariedades y la parálisis del régimen.
“Nuestra América”, la que proclamó el prócer de la independencia cubana José Martí como ideal de unidad latinoamericana, no podrá ser realidad mientras persista en Cuba un gobierno impermeable ante los derechos ciudadanos, y en su doble cara ante el mundo.
Al proclamar estas inquietudes, expresamos nuestro deseo de que los cubanos puedan construir, en paz y libertad, un nuevo orden democrático, pacífico e inclusivo.
Oscar Arias (Costa Rica), expresidente y Premio Nobel de la Paz en 1987. Laura Chinchilla (Costa Rica), expresidente. Graciela Fernández Meijide (Argentina), fue Secretaria de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Jaime Malamud Goti (Argentina), jurista y uno de los autores intelectuales del juicio a las Juntas Militares en la Argentina. Eduardo Ulibarri (Costa Rica), periodista y ex Embajador ante la Organización de las Naciones Unidas. Ricardo Gil Lavedra (Argentina), jurista y político, integró el tribunal que en 1985 condenó a las juntas militares de la dictadura argentina. Beatriz Sarlo (Argentina), ensayista y periodista. Carlos H. Acuña (Argentina), politólogo especialista en Estado y políticas públicas, miembro de organizaciones de derechos humanos en Argentina desde 1977. Roberto Gargarella (Argentina), jurista y sociólogo, investigador del CONICET y docente. José Manuel Quijano (Uruguay), Economista y ex director de la Comisión Sectorial y de la Secretaría General del Mercosur. Sergio Fausto (Brasil), politólogo y Superintedente Ejecutivo del Instituto Fernando Henrique Cardoso. Roberto Ampuero (Chile), escritor, columnista, ex Ministro de Cultura y ex Embajador de Chile, vivió en Cuba entre 1974 y 1979. Rodolfo Rodil (Argentina), ex vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Facundo Guardado (El Salvador), ex integrante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y ex candidato a presidente. Daniel Sabsay (Argentina), profesor Titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Liliana de Riz (Argentina), socióloga e investigadora Superior del CONICET. Luis Alberto Romero (Argentina), historiador, Academia Nacional de la Historia. María Matilde Ollier (Argentina), politóloga, docente e investigadora. Eduardo Viola (Brasil), profesor titular de relaciones internacionales en la Universidad de Brasilia. Héctor Schamis (Argentina), politólogo, docente, investigador y columnista. Aníbal Pérez Liñán (Argentina), politólogo, docente e investigador. Vicente Palermo (Argentina), sociólogo, escritor e investigador del CONICET. Marcos Novaro (Argentina), sociólogo, docente e investigador del CONICET. Alejandro Katz (Argentina), ensayista y editor. Roberto García Moritán (Argentina), diplomático y ex Vice-Canciller. Fernando Petrella (Argentina), diplomático y ex Vice-Canciller. Jorge Edwards (Chile), Escritor y diplomático. Osvaldo Guariglia (Argentina), filósofo e investigador del CONICET. María Sáenz Quesada (Argentina), historiadora, escritora y ex Secretaria de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Lilia Puig (Argentina), Diputada en el Parlasur y ex Diputada Nacional. Juan Octavio Gauna (Argentina), jurista y político, ex Procurador General de la Nación y Diputado Nacional. Fernando Pedrosa (Argentina), historiador, docente e investigador. Raquel Gamus (Venezuela), antropóloga, politóloga y periodista. Patricio Navia (Chile), politólogo, docente e investigador. Adolfo Garcé (Uruguay), Politólogo, docente e investigador. Daniel Muchnik (Argentina), periodista, historiador y escritor. Carlos Gervasoni (Argentina), politólogo, docente e investigador. Armando Chaguaceda (Cuba), politólogo, docente e investigador. Daniel Pérez (Argentina), diseñador y pintor, publicó un testimonio sobre la intervención militar cubana en América Latina durante los años '60 y '70. Jessica Valentini (Argentina), abogada y ex Defensora del Pueblo en la ciudad de Córdoba. Sabrina Ajmechet (Argentina), socióloga, docente e investigadora. Jorge Elías (Argentina), periodista, escritor e investigador. Alejandro Oropeza (Venezuela), politólogo, docente e investigador. Francisco Quintana (Argentina), abogado y legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luis Gregorich (Argentina), periodista y escritor. Manuel Mora y Araujo (Argentina), sociólogo y consultor en comunicación y opinión pública. Marta Velarde (Argentina), abogada y ex Diputada Nacional. Carlos Facal (Argentina), abogado y ex presidente de la Fundación Poder Ciudadano. Andrés Cañizález (Venezuela), periodista, docente e investigador. Eduardo Amadeo (Argentina), Diputado Nacional, diplomático, economista y ex Ministro de Desarrollo Social. Gabriel Palumbo (Argentina), sociólogo, docente e investigador. César Ricaurte (Ecuador), Periodista y activista por la libertad de prensa y expresión. Nicolás José Isola (Argentina), doctor en Ciencias Sociales y columnista de opinión en varios medios. Romeo Pérez Antón (Uruguay), politólogo, docente e investigador. Ignacio Labaqui (Argentina), politólogo, docente e investigador. Aleardo Laría (Argentina), abogado y periodista, exiliado político durante la dictadura militar argentina. Antonio Camou (Argentina), Sociólogo, docente e investigador. Javier Valdez Cárdenas (México), periodista. Alejandro Páez Varela (México), periodista. Rolando Rodríguez (Panamá), Periodista. María Sirvent (México), activista de Derechos Humanos. José Rubén Zamora (Guatemala), periodista. RAFAEL ROJAS (Cuba), historiador, docente e investigador. Leandro Querido (Argentina), politólogo, docente y titular de la ONG Transparencia electoral. Fernando Ruiz (Argentina), politólogo, docente e investigador. Martín Landi (Argentina), politólogo y activista en libertad de expresión. Hugo Machín (Uruguay), periodista y ex preso político durante la dictadura militar en Uruguay. Rogelio Alaniz (Argentina), periodista.