El director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, considera que el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, si es aprobado en sus términos actuales, supone un "desafío existencial" a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya porque otorga "impunidad" a delitos de lesa humanidad y contra los derechos humanos. Asimismo, el acuerdo vicia la integridad y legitimidad del acuerdo nacional.
El acuerdo, anunciado en los negociadores del gobierno y las FARC en La Habana el 15 de diciembre de 2015, establece un nuevo Tribunal para la Paz que se ocuparía de juzgar a los graves delitos cometidos durante el conflicto armado. Los responsables de los delitos cometidos de lesa humanidad y los graves crímenes de guerra que cooperen con el nuevo sistema judicial y confiesen esos actos recibirán una pena máxima de ocho años en “condiciones especiales” que supondrán la “restricción efectiva de la libertad”.
Así la persona que admite un delito, aunque haya sido "atroz", no tiene ir a la cárcel, sino será confinado en un territorio, hacer tareas por el bien de la comunidad para pagar su pena y no le invalidarán sus derechos políticos.
Ningún tribunal internacional ha permitido que los que han sido condenados por crímenes de guerra puedan evadir la prisión por crímenes tan graves. Este nuevo acuerdo va incluso más mucho allá y garantiza que no enfrentarán castigo, ni siquiera remotamente serio, una auténtica impunidad.
Desde 2004, la Fiscalía de la CPI realizó un análisis preliminar de los delitos cometidos en Colombia sobre los cuales la Corte podría asumir competencia. En 2014, la fiscal de la CPI señaló que informó a las autoridades colombianas que una condena que fuera severamente o manifiestamente inadecuada a la luz de la gravedad de los crímenes y de la forma de participación de la persona acusada, viciaría el genuino carácter del procedimiento nacional, aun en caso de que todas las fases anteriores del procedimiento hubiesen fueron sido apropiadas.
Vivanco considera que los términos de la justicia transicional acordados por las FARC y el Ejecutivo de Bogotá suponen un asunto "grave" porque significa la regresión en materia de derechos humanos a nivel internacional. Si la Corte deja pasar ese acuerdo hace muy difícil la justificación de su propia existencia y las opiniones anteriores expresadas sobre el tema por la fiscal de la CPI.
Según Vivanco el acuerdo contiene numerosas alusiones a la justicia, la rendición de cuentas e incluso a las restricciones efectivas de la libertad. Sin embargo, un minucioso análisis del texto revela muchas ambigüedades, omisiones y lagunas que convierten a tales referencias, en el mejor de los casos, en promesas vacías.