El 15 de mayo de 1891, el Papa León XIII hizo pública una encíclica con el nombre de Rerum Novarum («De las cosas nuevas»), en respuesta a la terrible explotación laboral de los obreros en esos tiempos de revolución industrial. La Iglesia Católica no podía quedarse callada, y su respuesta fue un documento en donde denunciaba la terrible situación obrera. Una solución ofrecida fue que el Estado, la Iglesia, el trabajador y el empresario, la sociedad como un todo integral, trabajasen juntos. Una solución que con los años sería asumida, cada uno según su realidad, por los diversos modelos políticos democráticos que buscaban hacer del hombre un ciudadano, y no un mero individuo dependiente de las dádivas del todopoderoso Estado totalitario, fuera en su versión fascista, o en las diversas fórmulas socialistas-marxistas.
La Rerum Novarum fue llamada la Carta Magna del Trabajo, y su influencia ha persistido en el tiempo. Para la encíclica, la solidaridad no podía expresarse en actos caritativos, sino que era un tema fundamentalmente de justicia social.
Dicha encíclica es pieza clave de la Doctrina Social de la Iglesia, y su influencia en política fue tan amplia que ella sería fuente primaria de inspiración en la creación de los partidos demócrata-cristianos en el mundo.
Muchas de las proposiciones de Rerum Novarum fueron ampliadas por encíclicas posteriores, especialmente Quadragesimo Anno (1931) de Pío XI, Mater et Magistra (1961) de Juan XXIII, y Centesimus annus (1991) de Juan Pablo II.
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Centrémonos en el aspecto siguiente: La encíclica condena la pobreza y degradación de muchos trabajadores, argumentando que la deshumanización del trabajador y una paga injusta eran contrarios a la fe católica, al humanismo cristiano.
Por desgracia, la deshumanización, degradación y pobreza de los trabajadores representan hechos fundamentales en la acción de Gobierno del llamado socialismo del siglo XXI. Y ejemplos de ello, por desgracia, sobran.
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♦ Un total de 441 personas se registraron como víctimas ante la Corte Penal Internacional (CPI) y enviaron sus testimonios sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades venezolanas. Entre los testimonios, todos coinciden en pedirle al Alto tribunal que continúe su investigación en Venezuela. Estos daños pueden incluir lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o la privación sustancial de los derechos fundamentales. Las víctimas pueden presentar sus opiniones llenando el formulario habilitado por la CPI hasta el próximo 7 de marzo, y estarán siendo compiladas en un informe que será presentando por la VPRS el próximo 21 de marzo.
