Perspectivas / Perspectives

Russian fighters and bombers are implicated in the terror strategy 

Damascus, Sept.13.─ On a wintry morning in February warplanes supporting Syria’s President Bashar al-Assad launched a series of missiles that slammed into a field hospital in northern Syria. Medics raced towards the thick cloud of grey dust that mushroomed above the building, before clambering over breeze blocks and fallen trees to pull the wounded from the rubble.

About 40 minutes later, the jets—either Russian or Syrian, no one is sure—circled back and dropped another bomb on the medics as they worked. The air strikes killed 25 civilians, including eight medical workers, making it the single deadliest attack on medical personnel since the war in Syria began in 2011. Unsatisfied with the death toll, the jets tracked the ambulances carrying the wounded to another field hospital three miles north. They hit the hospital entrance with another missile and then, ten minutes later, dropped yet another bomb. “There’s no way on that day they didn’t know what they were doing,” says Ahmed Tarakji, president of the Syrian American Medical Society, which financed the second hospital hit that day.

Este es el apretado resumen del "iter criminis" o camino del delito
de los Castro, Chávez y Maduro, Correa, Morales y Ortega;
de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua,
que usando "leyes infames" producen "sentencias infames"
o fallos que violan los derechos humanos

Jueces y fiscales designados y al servicio de los gobiernos no democráticos del socialismo del siglo XXI en América Latina son herramientas de represión política y control social que Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua utilizan para presentar como decisiones de justicia el asesinato de la reputación, la apropiación indebida de bienes, la persecución, inhabilitación y prisión de ciudadanos inocentes. Los dependientes y manipulados sistemas de justicia de las cinco dictaduras de la región -además de ser prueba de la ausencia de democracia- constituyen fuente constatable de violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sus fallos judiciales o “sentencias infames” deben ser señalados como nulos e inefectivos en los países democráticos donde rige el estado de derecho.

La “separación e independencia de los poderes públicos” es el elemento esencial de la democracia establecido en el articulo 3 de la Carta Democrática Interamericana, que garantiza la existencia de un poder judicial libre del control e incluso de la influencia del poder político. Los jueces tienen potestad jurisdiccional para aplicar la ley y están obligados a dictar fallos de acuerdo a los datos del proceso y en función de las normas de derecho para brindar “justicia”. Las mínimas condiciones de un juez –establecidas en todas las leyes judiciales del mundo civilizado- son “idoneidad, imparcialidad e independencia”. Sócrates enseñó que “cuatro características corresponden al Juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”.

Se han escrito miles de libros, tratados, constituciones, leyes y decisiones judiciales destacando la importancia de la independencia de la función judicial. Los jueces –además del honor, la libertad, la propiedad y la vida de los ciudadanos- tienen en sus manos el control de constitucionalidad, esto es, la garantía y la decisión de determinar si los actos de los otros poderes u órganos del poder están en el marco de la Constitución, y por lo tanto si son válidos o no. Por eso, en la “separación e independencia de los poderes públicos”, y en última instancia en un poder judicial mínimamente independiente, descansan los otros elementos esenciales de la democracia como “el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas…”. Son principios de civilización universal y también principios universales de derecho, base de la organización política en libertad y democracia.

Correa cuestionó una investigación que emitió Teleamazonas y aplicó la figura de “linchamiento mediático”

Quito, Ago.12.─ En una medida que levantó una ola de críticas entre las entidades periodísticas, las autoridades de control mediático de Ecuador sancionaron a un popular canal de televisión y a una de sus investigadoras por un informe crítico sobre el gobierno del presidente Rafael Correa.

La Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), un organismo que el mandatario suele utilizar para castigar a los medios y periodistas opositores, demandó al canal Teleamazonas y a la periodista Janet Hinostroza bajo la figura de “linchamiento mediático”, por difundir “información lesiva al prestigio y la credibilidad” oficial.

• Can the licence to kill be revoked in Islamic countries, such as Pakistan?
• “Honour killings” can be stopped only by scrapping religiously inspired laws  

Islamabad, Jul.23.─ Few Pakistanis have broken taboos as gleefully as Qandeel Baloch, a social-media star who used the internet to titillate and scandalise her fellow citizens. The 26-year-old (pictured with her iPhone), whose real name was Fauzia Azeem, twerked on camera, posted suggestive selfies and mocked the mullahs who police the social boundaries of a Muslim-majority nation that has become more religiously conservative over the years. It was too much for many, including her brother, who strangled Ms Baloch after drugging her to sleep. Waseem Azeem proudly admitted his crime: “She was bringing disrepute to our family’s honour.” He has been arrested on suspicion of murder. Ms Baloch’s funeral (pictured) was held on July 17th.

So-called “honour killings” are rarely so sensational. But nor are they rare. The Human Rights Commission of Pakistan tallied 1,096 female victims of them last year. Many go unreported to the police. Cases in the past three months include a 19-year-old girl burned to cinders for refusing a marriage proposal; a 16-year-old girl who met a similar fate for helping a friend elope; and an 18-year-old killed by her mother for marrying a man from a different ethnic group against her family’s will.