Derechos Humanos / Human Rights

Junio 25 (DP.net).─ El Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió hoy un fallo decisivo a favor de la ley SB 1070, conocida como "ley de inmigración de Arizona", apoyando la cláusula principal que permite que los agentes de policía estén autorizados a pedir identificación a los detenidos que pruebe que están legalmente en el país. No obstante, se pronunciaron claramente en este fallo que no permite sancionar a quienes no porten documentos si pueden demostrar posteriormente su permanencia legal en el país. Tampoco permite a los agentes del orden realizar arrestos sin contar con una orden judicial previa ni proceder a la detención de personas sin causa probable.

Sin embargo, el abogado del gobierno de Obama, Donald Verrilli, insistió en que los asuntos de inmigración están bajo la autoridad exclusiva del gobierno federal y protestó porque la "interferencia" estatal sólo empeoraría las cosas.

Por su parte, el juez Antonin Scalia preguntó: "Si, de hecho, alguien que no tiene cabida en este país se encuentra en Arizona, ¿Arizona no tiene el poder?" Y remachó su inquietud con otra pregunta: "¿Qué significa la soberanía si no incluye la capacidad de defender sus fronteras?". Incluso la juez liberal, Sonia Sotomayor, dijo al abogado de Obama que el gobierno federal no estaba presentando correctamente sus argumentos.

Aunque la decisión del Tribunal Supremo cubre básicamente la aplicación de la ley dentro de Arizona, se espera que eventualmente se extienda la legislación de este tipo de leyes a otros estados. De hecho, el Estado de Alabama no esperó por la decisión del Tribunal para aprobar recientemente una ley muy semejante que, entre otras cosas, obliga a las empresas a usar una base de datos conocida como E-Verify para verificar el estatuto inmigratorio de sus empleados, y Georgia aprobó igualmente este año una ley similar para combatir la inmigración ilegal. En el Estado de Florida, por ejemplo, los policías han podido preguntar sobre el estatuto migratorio si detienen a una persona sospechosa de haber cometido algún delito o si es arrestada en el acto de cometerlo. En episodios recientes, algunos policías en Miami-Dade y otros condados de Florida han recabado información de las autoridades federales migratorias cuando han detenido a personas que no pueden probar que están legalmente en el país.

Young and female protesters in Yemen fear they may lose recent social gains

Campaigners for women's and human rights want Ms Karman (photo), the first Arab woman to win the Nobel Peace Prize, to come out more vigorously in their defence

Sana'a, June 9.─ On a scorching afternoon a dozen young men with broken bones sit on the main stage in Change Square in Sana'a, Yemen's capital. They grumble about the "unfinished revolution"—and the lack of medical help they have got for injuries sustained during last year's demonstrations, which eventually forced out President Ali Abdullah Saleh after 33 years in office. Among other things, they express disappointment in Tawakul Karman, co-founder of the Yemeni movement "Women Journalists Without Chains", who was a joint winner of last year's Nobel prize for peace. Her tent in the square was a hub of the protests.

Nowadays Ms Karman, aged 33, is much less visible at home. She is a popular globe-trotting speaker who is said to be moving her family abroad. But she says she is still based in the square—and will badger the government relentlessly until it meets all the protesters' demands, including the removal of Mr Saleh's family from the army's upper ranks.

• After a generation of migration, acute barriers to social mobility remain
• The discriminatory "hukou" system ─ Migrant children are eligible to attend local primary and middle schools, but barred from Shanghai's high schools, among other abuses

Shanghai, June 4.─ The greatest wave of voluntary migration in human history transformed China's cities, and the global economy, in a single generation. It has also created a huge task for those cities, by raising the expectations of the next generation of migrants from the countryside, and of second-generation migrant children. They have grown up in cities in which neither the jobs nor the education offered them have improved much.

This matters because the next generation of migrants has already arrived in staggering numbers. Shanghai's migrant population almost trebled between 2000 and 2010, to 9m of the municipality's 23m people. Nearly 60% of Shanghai's 7.5m or so 20-to-34-year-olds are migrants.

Many have ended up in the same jobs and dormitory beds as their parents did.

Dos destacados latinoamericanos, José Manuel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch, y Andrés Oppenheimer, columnista del Miami Herald, salieron en apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, en dos contundentes artículos (DD.HH., Insulza, Brasil y Alba; y La ofensiva contra los derechos humanos).

La Comisión ha desempeñado un rol importante en la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas en la región y ha logrado importantes avances, entre otros, la despenalización de calumnias e injurias y la derogación del desacato, la anulación de leyes de amnistía, el acceso a información de interés público y la derogación de normas discriminatorias.

Realmente es sorprende que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, no haya hecho una defensa similar y que por el contrario haya apoyado reformar el estatuto de la Comisión en áreas clave para la protección de los derechos humanos como son las intervenciones urgentes de la Comisión, la tramitación de casos y los informes de países.

La Comisión ha tocado los intereses de gobiernos hipersensibles a la crítica (Bolivia, Ecuador y Venezuela) que tienen propensiones y récords autocráticos, que se consideran con el peso para no tener que rendir cuentas de sus políticas o prácticas a un órgano regional y que pretenden limitar las atribuciones de la Comisión.  Como señala Vivanco no es sorprende que los gobiernos del Alba estén complacidos en participar en un proceso de reforma de la Comisión y su Relatoría aunque sí sorprende que Brasil apoye esta estrategia porque la Comisión tuvo la insolencia de solicitarle información sobre  el impacto de un proyecto hidroeléctrico para comunidades indígenas.