La Haya, Nov.20.– El fiscal del Tribunal Penal Internacional, Karim Ahmad Khan (en la foto), así lo anunció en una reciente visita a Venezuela en la que ordenadamente notificó esa grave decisión al gobierno que hoy encabeza Nicolás Maduro.
Maduro, por su parte, aseguró que respetará esa decisión, que dijo expresamente no compartir y que colaborará con la investigación que ya se ha abierto, en busca de determinar la verdad de lo sucedido.
Los venezolanos en la diáspora tenemos pleno derecho a la “participación política” en nuestro país y al protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, y lo vamos a ejercer. En defensa de nuestros derechos es el título que dimos al documento que 45 organizaciones de la sociedad civil venezolana, desde distintos países de las Américas y Europa, suscribimos el pasado 23 de julio, víspera de la conmemoración del Natalicio de El Libertador. Allí anunciamos que comenzaríamos a actuar ya, “tomando la decisión de organizarnos para concretar nuestra participación” en la vida política de Venezuela, en sus elecciones de carácter nacional, “en referendos, en consultas populares o en cualquier otro medio de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía”.
Hemos decidido constituir una Plataforma Internacional por Venezuela para desde ella, de manera organizada y sistemática, con participación de todas las organizaciones de la sociedad civil venezolana en la diáspora que así lo deseen, así como con la decidida actuación de personalidades comprometidas con la defensa de nuestros derechos políticos y civiles, avanzar en la puesta en marcha de una ONG con sede en el Estado de Florida, Estados Unidos, con proyección continental y mundial, para asegurar y hacer viable la participación de los venezolanos en el extranjero en el acontecer político nacional, y lograr el restablecimiento de un sistema democrático regido por los cánones de la Declaración de los Derechos Humanos.
Desde VenAmérica hemos promovido esta idea, habiendo encontrado tierra fértil en hermanos venezolanos que se encuentran por igual en la casa grande, Venezuela, o esparcidos por el mundo. Nos alegra estar coincidiendo con otros que junto con nosotros, o tal vez incluso antes, han pensado en idénticas o semejantes acciones, marchando ahora juntos en el propósito de defender nuestros derechos.
El sueño dorado de Hugo Chávez, de cortar todas las comunicaciones con el exterior, ya es una orden del dictador Nicolás Maduro y se cumplirá en los próximos días gracias a las manipulaciones de la CANTV, Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, cuyo irónico slogan es “trabajamos para mantenerte conectado”.
Las redes sociales van a ser las más perjudicadas en la nación bolivariana y hay temor que, al desaparecer, quede cortado todo contacto con el exterior además de la telefonía, internet, televisión, data y otros.
CANTV, que cumplió 90 años de “servicio” fue el proyecto mimado de Hugo Chávez, quien durante su administración nacionalizó la empresa y el servicio eléctrico del país.
Chávez lanzó durante su gobierno una ley para controlar internet y las redes sociales.
Miraflores prohibió -como primera medida- la difusión de textos, sonidos e imágenes que perjudicaran al mandatario venezolano y obligó a las compañías a contar con mecanismos para las restricciones.
Los aspectos que atacó el proyecto son “aquellas informaciones que puedan constituir manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra en la ciudadanía o alterar el orden público. Los que estén destinados a desconocer las autoridades legítimamente constituidas, irrespetar a los poderes públicos o personas que ejerzan dichos cargos”.
El proyecto estableció que “los proveedores de servicios de internet deberán colocar mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes y acceso a portales divulgados”.
Comenzaré con dos constataciones, que dan cuenta de parte del estado del sindicalismo en Venezuela hoy. La primera es que la palabra sindicato, está vedada en la mayoría de los espacios laborales, sobre todo los que están ubicados en el sector privado de la economía; de tal manera que las personas evitan hablar de ello y si lo hacen son muy discretas. La segunda, es el desprestigio sistemático al que han sido sometidas nuestras organizaciones sindicales, con el objeto de que carezcan de reputación y credibilidad alguna. Es así, que como consecuencia de esto último no es extraño observar falta de apoyos a la dirigencia, lo que se traduce en la soledad de la misma y por supuesto en la desconexión con la base de sus agremiados y agremiadas. Esta situación nos pone en minusvalía, en el terreno político, donde se expresan las contradicciones de intereses.
Los sindicatos a lo largo de la historia han sido las herramientas que hemos tenido quienes vivimos del salario, para conquistar derechos en el capitalismo. Estos derechos, en el caso venezolano son irrenunciables y progresivos, de acuerdo a nuestra carta magna; además se expresan en una institucionalidad, frente a la cual podemos tener varias valoraciones, pero que existe y puede mejorarse. Dicho de otro modo, los sindicatos han contribuido en otros países a promover el Estado de Bienestar, y en otros casos han propuesto avanzar al socialismo.
The United Nations Human Rights Council welcomed Venezuelan dictator Nicolás Maduro to deliver remarks at its annual regular session on Monday, despite the fact U.N. human rights experts have accused Maduro of committing crimes against humanity.
Geneva, Feb.22.– “Crimes against humanity” is an elaborately defined crime that includes most human rights abuses committed outside of the context of war, including murder, rape, torture, and slavery. A top investigator at the U.N.’s Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) published a report late last year that “found reasonable grounds” to accuse Maduro and his socialist regime of crimes against humanity.
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