Columnistas invitados/Guest columnists

Los últimos tiempos en Cuba nos hacen recordar aquellas palabras de Jesús a los fariseos: “Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres” (Mateo 23,4). No se trata de esta pandemia, ni de la otra. No se trata de esta medida, ni del reordenamiento. No se trata de una ideología de género o de cualquier otra. Se trata, como dice el pueblo, de todo “esto”. De la “cosa”. Ya la gente dice en las calles sin mucho miedo: ¡Qué malo se ha puesto “esto”! ¡Qué fea está la “cosa”! Y la gente tiene razón.

Hagamos un breve resumen de eventos y decisiones que han agravado exponencialmente la situación ya crítica de Cuba:

1. La demostrada ineficiencia del modelo socio-económico y político.
2. Los efectos de la pandemia, el confinamiento y la renuencia a comprar vacunas probadas.
3. Aplicar las medidas neoliberales llamadas “reordenamiento” en el peor momento.
4. La casi ausencia de turismo y la disminución de remesas.
5. La falta de alimentos y medicinas como nunca antes.
6. Las leyes y decretos que se están preparando o aprobando son para menos libertad. Lo jurídico, en lugar de dar seguridad y derechos, se está utilizando para amenazar y meter miedo al ciudadano.

Se ha formado lo que algunos economistas han llamado una “tormenta perfecta”, que es la coincidencia en el tiempo de varios factores determinantes de una crisis. Además de los anteriormente mencionados, se han sumado estos y otros:

El meticuloso camino de Fauci para evitar cualquier información que pudiera vincular concretamente al Instituto de Virología de Wuhan (WIV) da crédito a su esfuerzo calibrado por ocultar el papel de Pekín en este crimen contra la humanidad

Durante treinta y siete años, Anthony Fauci ha dirigido el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés). Actuando como el comandante en jefe de los inmunólogos de la nación, la cara más visible de la respuesta de Estados Unidos a la pandemia del COVID-19, ha sido objeto de críticas.

La demanda de la Ley de Libertad de Información presentada por Buzzfeed y The Washington Post (WaPo) para obtener acceso a los correos electrónicos de Fauci ha arrojado mucha luz sobre información presentada y/o sospechada hace tiempo, pero amordazada por los medios corporativos y las Big Tech.

El encubrimiento del virus de China

Pese a las dudosas sospechas levantadas en cuanto a los motivos que llevaron a un medio de comunicación de izquierda (Buzzfeed) a buscar y hacer públicos más de 3,200 correos electrónicos y a una influyente publicación de enfoque hacia ese misma tendencia (WaPo) a hacer lo mismo con 900, dado el papel que estas plataformas jugaron en la aceptación y fortificación de la propia narrativa que las comunicaciones electrónicas de Fauci entre enero y junio de 2020 del primero y entre marzo y abril del segundo, ahora contradicen es sorprendente.

Entre los derechos más importantes que integran la Constitución de Estados Unidos figura el derecho a tener un juicio amparado por todas las garantías procesales (fair trial) cuando el acusado tiene que enfrentar cargos ante un tribunal. Esto implica que el acusado sea considerado inocente hasta que se le prueba la culpabilidad "sin lugar a dudas". Por eso, en los casos criminales, se le exige al jurado unanimidad, ya sea para declarar "culpable" o "inocente" al acusado. Cuando no se logra la unanimidad del jurado en un caso criminal, el juicio se anula y, en la mayoría de los casos, debe convocarse a otro juicio con nuevos jurados. En algunas localidades se permite que el jurado presente una lista de preguntas para que se les dé respuesta en una audiencia posterior y puedan así llegar a un veredicto antes de declarar el juicio nulo si todavía no logran la unanimidad.

Este sistema obliga a los fiscales a exigir pruebas comprobables por parte de los investigadores para proceder a llevar a juicio a un acusado. Además, las garantías procesales implican también los derechos a tener un abogado (aun si no puede sufragar su costo), a un juicio público y sin demora, a no utilizar pruebas incautadas ilegalmente (sin una apropiada orden del tribunal), a no enfrentar confesiones obtenidas ilegalmente o bajo coacción, a no exigir la autoincriminación bajo juramento (porque podría ser coaccionada), etc.

Sin embargo, estos requisitos no agotan las garantías procesales sino que un debido proceso legal requiere que los procedimientos sean justos aunque la equidad sea un concepto relativo, no absoluto, porque lo que es justo en un conjunto de circunstancias puede ser un acto de tiranía en otros. Por consiguiente, aplicadas estas consideraciones a un juicio penal, la denegación del debido proceso es el incumplimiento de esa equidad fundamental esencial para el concepto mismo de justicia. Para declarar la anulación de un juicio y dejar en libertad al acusado sin juicio, la Corte debe encontrar que la ausencia de esa equidad infectó fatalmente el proceso; es decir, los actos denunciados deben ser de tal calidad que impidan necesariamente un juicio justo. 

A longstanding legal rule tells us that because the Constitution lists the federal government’s powers, any power not on the list is denied.

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One of the Constitution’s most important features—limits on the central government—has been the target of a propaganda campaign for many decades.

“Progressive” commentators in politics, academia, and the media claim these limits impede creative and effective solutions to social problems. Over the years, they’ve enlisted many issues to promote their cause:

“We can end poverty only through bold federal initiatives!”

“To save the planet, we need more federal regulation!”

“The path to college affordability is for the federal government to pay full tuition!”

“The way to jump-start the economy is through massive federal stimulus spending!”

Other issues on the list have included civil rights, consumer protection, inequality, K-12 education, climate change, racism, and “crumbling infrastructure.” Whatever the malady, the prescription—federal action beyond what the Constitution authorizes—is always the same.

Just for once, I’d like to hear one of the propagandists admit that, in retrospect, too much federal intervention made a problem worse. They would have a lot of examples to choose from, but I don’t ever expect to hear it.

Unfortunately, the campaign to persuade Americans that the federal government is and should be omnipotent has enjoyed great success. One reason is that public school civics education often misrepresents the Constitution’s meaning and the reasons behind that meaning. This essay helps fill the gap by explaining how the Constitution confines federal power and why it does so.