Derechos Humanos / Human Rights

Pinar del Río, Sept.21 (DP.net).– Karina Gálvez, una destacada economista del Centro de Estudios Convivencia, que agrupa a estudiosos y académicos dedicados a estudiar la realidad cubana, sus problemas y sus soluciones, ha sido procesada tras meses de detenciones y hostigamiento por una presunta "evasión fiscal" durante la adquisición de su vivienda en Pinar del Río, al oeste de Cuba.

Lo cierto es que antes de que entrara en vigor la nueva tasa impositiva para las operaciones de compraventa de viviendas, miles de cubanos abarrotaron las notarías para realizar sus trámites bajo las normas previas que aplicaban impuestos muy alejados de las reales tarifas del mercado inmobiliario. Pero ninguno resultó sancionado. Ahora el gobierno cubano ha puesto la mira en la Sra. Gálvez para acallar su voz y entorpecer sus certeros análisis sobre la economía cubana, convirtiendo a este proceso es un burdo pretexto para castigar su independencia de criterios.

• Yazidis, Alevis and women in the region are also being abused by Turkish authorities, and dozens of Kurdish journalists who have publicized this have been imprisoned.
• President Recep Tayyip Erdogan has seized Christian churches and turned them into state property. This hatred of Christians and Kurds in Turkey is not restricted to government officials, but it is widespread on social media.
• The situation of minorities in Turkey and their persecution by Turkey -- a member of NATO and perpetual candidate for EU membership -- must be told as often and as loudly as possible.

 Sept.4.– Since 2015, the government of Turkish President Recep Tayyip Erdogan has been attacking Kurdish-majority areas in the country.

A 2017 World Heritage Watch report details the destruction of one such town, Suriçi (Sur), as follows:

    "[C]urfews were declared six times for several days each from September 2015. These curfews were 24-hour-a-day blockades and led to clashes between Turkish state forces and Kurdish rebel groups, resulting in the deaths of hundreds of people and serious destruction of the affected area. The last ongoing curfew from 11 December 2015, accompanied by the use of heavy military weapons such as tanks, mortar and artillery by the government, was the most devastating one. Numerous historical buildings and monuments – as well as the integrity and authenticity of Suriçi – suffered damage and destruction."

Un pequeño grupo de valientes cubanos ha presentado una Demanda ante el Tribunal Supremo Popular Cubano contra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y el Ministerio del Interior de Cuba, así como un Recurso Especial de Amparo, el pasado 17 de agosto de 2017. Según los informes recibidos, la reacción del gobierno no ha sido un debido proceso judicial sino una agresiva acción represiva, como relata el siguiente Comunicado de Prensa:

Comunicado de Prensa
Denuncia:

Lunes, 04 de septiembre de 2017

El Abogado Rigoberto González Vigoa, de la Consejería Jurídica de Pinar del Rio, adjunta a la Corriente Agranmontista fue amenazado y citado para el técnico de la Policía en esa provincia para el próximo 10 de septiembre por Capitán de la Seguridad del Estado conocido por Juan Pérez.

El Oficial del G-2 le informo a González Vigoa que será procesado por denunciar en el Tribunal Supremo Popular al Ministerio del Interior y al Ministerio de Relaciones Exterior y que debía presentarse el próximo día 10 en la unidad policial situada en la calle Herriman de la ciudad de Pinar del Rio.

El abogado Gonzales Vigoa es representante legal del demandante, Geiser Alejandro Conde Medina, al entregar el pasado día 19 de Agosto un Procedimiento Especial Civil de Amparo al Tribunal Supremo Popular, contra actos provenientes de autoridades y órganos administrativos, a favor del Sr. Conde Medina. El amparo busca una inmediata protección a los derechos del Sr. Conde Medina y una rebaja a los precios del Pasaporte Cubano y otros costos migratorios que dentro de Cuba deben ser cobrados en moneda nacional. Por lo tanto no se trata de una “denuncia” en realidad es un proceso administrativo permitido por la Ley Cubana actual.