Denuncias / Reports

• Yazidis, Alevis and women in the region are also being abused by Turkish authorities, and dozens of Kurdish journalists who have publicized this have been imprisoned.
• President Recep Tayyip Erdogan has seized Christian churches and turned them into state property. This hatred of Christians and Kurds in Turkey is not restricted to government officials, but it is widespread on social media.
• The situation of minorities in Turkey and their persecution by Turkey -- a member of NATO and perpetual candidate for EU membership -- must be told as often and as loudly as possible.

 Sept.4.– Since 2015, the government of Turkish President Recep Tayyip Erdogan has been attacking Kurdish-majority areas in the country.

A 2017 World Heritage Watch report details the destruction of one such town, Suriçi (Sur), as follows:

    "[C]urfews were declared six times for several days each from September 2015. These curfews were 24-hour-a-day blockades and led to clashes between Turkish state forces and Kurdish rebel groups, resulting in the deaths of hundreds of people and serious destruction of the affected area. The last ongoing curfew from 11 December 2015, accompanied by the use of heavy military weapons such as tanks, mortar and artillery by the government, was the most devastating one. Numerous historical buildings and monuments – as well as the integrity and authenticity of Suriçi – suffered damage and destruction."

Un pequeño grupo de valientes cubanos ha presentado una Demanda ante el Tribunal Supremo Popular Cubano contra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y el Ministerio del Interior de Cuba, así como un Recurso Especial de Amparo, el pasado 17 de agosto de 2017. Según los informes recibidos, la reacción del gobierno no ha sido un debido proceso judicial sino una agresiva acción represiva, como relata el siguiente Comunicado de Prensa:

Comunicado de Prensa
Denuncia:

Lunes, 04 de septiembre de 2017

El Abogado Rigoberto González Vigoa, de la Consejería Jurídica de Pinar del Rio, adjunta a la Corriente Agranmontista fue amenazado y citado para el técnico de la Policía en esa provincia para el próximo 10 de septiembre por Capitán de la Seguridad del Estado conocido por Juan Pérez.

El Oficial del G-2 le informo a González Vigoa que será procesado por denunciar en el Tribunal Supremo Popular al Ministerio del Interior y al Ministerio de Relaciones Exterior y que debía presentarse el próximo día 10 en la unidad policial situada en la calle Herriman de la ciudad de Pinar del Rio.

El abogado Gonzales Vigoa es representante legal del demandante, Geiser Alejandro Conde Medina, al entregar el pasado día 19 de Agosto un Procedimiento Especial Civil de Amparo al Tribunal Supremo Popular, contra actos provenientes de autoridades y órganos administrativos, a favor del Sr. Conde Medina. El amparo busca una inmediata protección a los derechos del Sr. Conde Medina y una rebaja a los precios del Pasaporte Cubano y otros costos migratorios que dentro de Cuba deben ser cobrados en moneda nacional. Por lo tanto no se trata de una “denuncia” en realidad es un proceso administrativo permitido por la Ley Cubana actual.

Madrid, 23 de julio de 2017

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informa que en el mes de Junio se han producido 410 detenciones arbitrarias en Cuba de las cuales 237 han sido contra mujeres y 173 contra hombres; el número de detenciones en contra de personas de raza negra fue de 138.

Las cifras de detenciones, aunque son significativamente menores que las del mismo periodo del 2016, siguen siendo escandalosas y los niveles represivos son iguales o mayores. La disminución del número de detenciones, interpretamos, no se debe a la existencia de cambio positivo alguno en la voluntad política del gobierno cubano, sino al ya denunciado cambio en sus mecanismos represivos.

Así como hace varios años, luego de la repulsa internacional, el gobierno pasó de una estrategia basada en el encarcelamiento de mediana y larga duración a otra basada en las detenciones de corta duración, ahora refuerza otras tácticas represivas, tales como: las presiones y agresiones directas a hijos y familiares de los activistas; la confiscación o robo de bienes personales o de medios de trabajo a integrantes de grupos de la sociedad civil; la fabricación de delitos penales comunes para intimidar o encarcelar a opositores; la prohibición e impedimento físico de la salida de los activistas de sus propias residencias; el impedimento de salida del país de activistas invitados a foros internacionales. Todo ello convive con la existencia de un creciente número de presos políticos. El recrudecimiento de estos métodos represivos está siendo documentado por nuestros observadores y ha sido denunciado por el OCDH recientemente ante diferentes departamentos de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.