Venezuela / Venezuelan Affairs

En la antesala del Primero de mayo 2025, es oportuna una mirada a la situación de las relaciones de trabajo de cada país, sobre todo en un contexto marcado por tantas turbulencias en el mercado, siendo el caso venezolano de extrema gravedad por extenderse a lo largo del siglo XXI el prolongado deterioro del trabajo digno.

Hoy tomamos como referencia el contrato colectivo más añejo de los trabajadores venezolanos, bien sea en el sector público como en el sector privado, como es el referido al petrolero que durante 80 años ha marcado la ruta de las aspiraciones de los diferentes movimientos sindicales.

Es de destacar que el nivel de preocupación afecta a todos los sectores laborales de las diferentes empresas básicas de Guayana, telecomunicaciones, eléctricas, de ministerios, de los diferentes gremios universitarios, quienes han sufrido la conversión de sus convenios colectivos en un rosario de cláusulas incumplidas, reflejo triste de otra época cuando en las relaciones de trabajo existía el diálogo social hoy extinguido.

En efecto siendo el pionero de la contratación colectiva en nuestro país al cumplirse próximamente en junio de 2025 el 80 aniversario de la firma de la primera acta laboral, preámbulo del primer convenio colectivo acordado un año mas tarde en 1946, conoció su mayor auge con la firma del IIIer. Contrato en 1960 con acuerdos trienales que fortalecían las condiciones de trabajo en el sector.

En realidad era todo un acontecimiento en los estados petroleros del país donde sus comunidades seguían las negociaciones por los medios impresos, al publicarse las cláusulas aprobadas semanalmente, cuyo contenido garantizaba la permanencia de los comisariatos donde se expendían artículos de la dieta alimentaria a precios congelados del mercado de 1946. Con un marrón (100 bs). compraba el trabajador toda la ficha del comisariato suficiente para la cesta alimentaria mensual.

Para nadie es un secreto la evidente y profunda división en la oposición venezolana, que larvada durante más de una década brotó sin medias tintas con las primarias presidenciales de 2023, aquel domingo de octubre la figura de María Corina Machado arrasó al desprestigiado liderazgo de la Plataforma Unitaria. El resultado de aquella consulta obligó a la maltrecha dirigencia, con los resabios del caso a apoyar con “dientes apretados” al presidente electo el 28-J 2024 Edmundo González Urrutia, ante la peor paliza que haya recibido un mandatario candidato en Latinoamérica durante el siglo XXI.

Consumado el asalto al poder con la fraudulenta y descalificada asunción de Maduro en enero 2025, no reconocida tanto a nivel nacional como internacional, este procedió a convocar anticipadamente elecciones legislativas y regionales el próximo 27 de mayo, como anzuelo para garantizarse el “reconocimiento” a su denostado mandato, atrayendo a la participación de la oposición inconforme por su disminuido estatus político. Aun así esta insiste en participar con un CNE perpetrador de la mayor estafa electoral de nuestra historia republicana, con el objetivo de aspirar a mantener sus cuotas de poder locales y el botín de cargos a su militancia.

 Demás está decir que estos resentimientos internos en la oposición venezolana son alentados desde los altos estamentos del gobierno nacional, utilizando al teniente del Furrial a tambor batiente para profundizar las diferencias opositoras, alimentadas por informantes y alacranes. Ahora bien, estas maniobras distractivas del régimen contienen un objetivo mayor, y es el de mantener ocupada a todos los factores opositores solo en el escenario electoral, ocultando sus verdaderas intenciones de imponer con su proyecto de reforma constitucional al vertical Estado Comunal.

Entre tanto Nicolás Maduro no pierde tiempo, anunció desde febrero a cuatro comisiones para la reforma de la constitución, de las cuales son: para un «nuevo sistema de Estado democrático, e incorporar al Poder Comunal, Social y Popular» encabezada por Jorge Rodríguez, «En los términos jurídico, constitucional» bajo la coordinación de Tarek William Saab en su condición de presidente de la comisión especial, «definir los parámetros, valores y principios» presidida por Cilia Flores, mientras que la cuarta y última comisión realizará el «Nuevo Modelo Económico diversificado», encargada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Conjuntamente con este Comité de marras cuya única característica es la fidelidad perruna, nombró una macro comisión integradas por 25 funcionarios, entre ellos ministros, representantes de los poderes públicos, militantes del PSUV, cuya función es ser Comisarios de un régimen cuyo modelo es copia del dictatorial estado castrista.

Venezuela reclama la región de Esequibo, alrededor del 70% del territorio de Guyana, incluidas las reservas de petróleo en alta mar.

El primer ministro Mark Phillips ratificó su posición de que la Corte Internacional de Justicia tiene jurisdicción para resolver la disputa entre ambos países en base al Acuerdo de Ginebra de 1966

El primer ministro de Guyana, Mark Phillips, aseguró este miércoles que la soberanía de su país “permanece seriamente amenazada” por la dictadura de Nicolás Maduro debido a los reclamos sobre la región fronteriza del Esequibo.

“Nuestra soberanía y la integridad de nuestro territorio permanece seriamente amenazada”, denunció en un discurso durante la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

El Esequibo es un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados, rico en petróleo y minerales, que administra Guyana y que Venezuela reclama como propio.

Phillips defendió que Guyana “siempre ha permanecido firme ante los principios de la carta de Naciones Unidas, el Estado de derecho y la resolución pacífica de conflictos”. También señaló que su país ha cumplido con la Declaración de Argyle, firmada por Caracas y Georgetown en diciembre de 2023 en San Vicente y las Granadinas con el objetivo de rebajar las tensiones.

“Guyana ha cumplido sus compromisos bajo esa declaración y seguirá cumpliéndolos en búsqueda de una coexistencia pacífica y la unidad de Latinoamérica y el Caribe”, subrayó.

Asimismo, Phillips reiteró su posición de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tiene jurisdicción para resolver la disputa entre ambos países sobre la base del Acuerdo de Ginebra de 1966, que establece los mecanismos para una solución negociada sobre el Esequibo.

La crisis migratoria venezolana ha alcanzado dimensiones históricas, con más de ocho millones de ciudadanos obligados a abandonar su tierra natal en busca de libertades, dignidad y trabajo lícito. Este fenómeno es el resultado directo de la represión, la corrupción, criminalización del Estado y las desastrosas políticas económicas del régimen de Nicolás Maduro. De forma intencional este régimen, en alianza con grupos delictivos como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, ha instrumentalizado la migración como un arma política, para que elementos delictivos se infiltren en los flujos migratorios para desestabilizar a las naciones receptoras, como los Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecuador o Chile. 

Es crucial entender que la mayoría de los migrantes venezolanos son ciudadanos de bien, personas trabajadoras, honestas y altamente calificadas. En Estados Unidos, por ejemplo, el 54% de los venezolanos migrantes poseen un grado universitario, lo que los convierte en el grupo migratorio latinoamericano más preparado del continente. Estas personas han contribuido significativamente en áreas como la ciencia, la medicina, la industria y las artes, demostrando que la migración no es un problema, sino una oportunidad, cuando es bien gestionada por los gobiernos y aceptada generosamente por la población de los países receptores. Esto, además del aporte fiscal y cultural.

El Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo (MCVM) tiene como misión defender los derechos humanos, civiles y políticos de todos los venezolanos, pero especialmente los de aquellos que residen fuera del país. El MCVM busca construir puentes entre los ciudadanos de la diáspora, buscando mejores niveles de organización e integración, que faciliten su gobernanza y aumenten su capacidad de incidencia en la defensa de esos derechos para restaurar la democracia y la libertad en Venezuela; contribuyendo además a la seguridad de todo el continente.