Venezuela / Venezuelan Affairs

El próximo 15 de marzo se cumplirán 3 años del último aumento al salario mínimo decretado por el gobierno nacional en 2022, el monto de la decisión decretó unilateralmente un nuevo salario mínimo de 130 Bs digitales mensuales equivalentes a 30 $, hoy permanece incólume el mismo monto, pero con una diferencia al significar solo 1,64 $ mensuales.

Como bien sabemos nuestra economía esta dolarizada al condicionar los precios del mercado, a pesar de que el dólar BCV (Tasa del dólar oficial) registra un valor de 65,42 bolívares digitales, también conocemos que el dólar libre es el patrón que señala los precios de los productos al público, indicando la cifra de 79,11 bolívares digitales, cuya proyección apunta a una devaluación aún mayor en los próximos días.

Durante estos tres años el régimen ha inventado toda suerte de piruetas para evadir su responsabilidad establecida en el artículo 91 de la CRBV y los acuerdos fijados en el contexto de la Comisión de Encuesta de la OIT, estableciendo con el sector empresarial la aplicación de bonos prácticamente en sustitución del salario legal / formal / constitucional que han llamado “INGRESO ECONÓMICO INTEGRAL INDEXADO” vendido como un gran logro en todas las instancias Nacionales e Internacionales, el cual está siendo aplicado en la Administración Pública bajo la mención de BONO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA (BGE), y el termino de REMUNERACIÓN en el Sector Privado (Empleadores). (Carbone S, 2024).

Pero veamos las consecuencias de esta nefasta política laboral al sustituir el concepto salario por Ingreso en el poder adquisitivo del trabajador, pretendiendo presentar que el bono de guerra o de remuneración de 90$ como una gran conquista laboral, cuando en realidad determina la flexibilización absoluta de la remuneración del trabajador, como se podrá observar con el pago de las utilidades o aguinaldos en el siguiente ejemplo.

El contexto político nacional determina opinar sin medias tintas sobre los eventos que marcan la agenda en este 2025, uno es el referente a la participación o abstención en las próximas elecciones de mayo de este año, y otro el relacionado con la iniciativa madurista de promover una reforma constitucional en los próximos 80 días.

Sin menoscabo de otros episodios de la vida nacional como son la suspensión de la licencia 41 a Chevron, el desconocimiento al resultado de las elecciones presidenciales del 28-J 2024, la ominosa persecución a opositores, la violación de DDHH a los presos políticos, la persistencia de un salario mínimo que hoy es inferior a 2 $ luego de 3 años del último aumento, entre tantos desmanes de los poderes públicos, debemos reconocer que los citados inicialmente marcarán la pauta del presente año.

Por parte, el régimen centra su estrategia en profundizar la división opositora en torno al debate si participar o no en las elecciones, tratando de lanzar una cortina de humo sobre su caballo de Troya, representado en una Comisión de incondicionales encargada de reformar la constitución, cuyo encargo es nada más y nada menos que fraguar tras bambalinas el Nuevo Estado.

En torno a las elecciones manifiesto mi preocupación, se centra en la camada de zorros y camaleones que propugnan la participación, desde el reconocible “grupo de alacranes” tarifados como nómina del Ejecutivo Nacional quienes refrendan su condición en cada elección que convoca el Ejecutivo, hasta los recién incorporados anteriores integrantes de la maltrecha Plataforma Unitaria, cuya característica común es su resentimiento para no aceptar el nuevo liderazgo opositor legitimado en las Primarias de 2023 y en las Presidenciales del 28-J 2024, hasta los incautos de buen corazón, resumen un coro de guacharacas electoralistas que pretenden legitimar con su presencia a un régimen moribundo empoderado solo sobre las bayonetas. En todo caso cada quien tiene derecho a expresar su posición.