Desde el pasado 03 de enero 2026, el país continúa sufriendo las acciones de las instituciones estatales que agravan las condiciones de vida de la población, en cualquier ciudad, pueblo, en carreteras y avenidas permanecen alcabalas móviles hostigando a los ciudadanos, requiriendo sus celulares, en procura de “enemigos del régimen o de colaboradores del imperialismo”. Mediante un decreto firmado por Nicolás Maduro antes de ser extraído en su aciaga madrugada, el exmandatario usurpador hoy preso en una cárcel de Nueva York, pretende sostener desde su celda el terror, el amedrentamiento como política de estado, esta vez aplicada por su ilegal sucesora Delcy Rodríguez hoy presidenta de facto.
El decreto de estado de conmoción exterior dictado por el gobierno venezolano ordena a las policías "emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos contra el territorio de la República". Por tanto, celebrar públicamente la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores detenido por parte de tropas de Estados Unidos, o respaldar los inéditos bombardeos de Washington, se ha convertido en lo más cercano a un delito en Venezuela, convirtiéndose los ciudadanos en objetivos permanentes de colectivos, policía nacional, y demás cuerpos del estado. De allí la persistencia en Caracas y ciudades y pueblos del interior de retenes no solo dirigidos por policías y militares, sino también por civiles armados, presuntos miembros de los colectivos, grupos paramilitares controlados por el régimen.
Quienes requisan arbitrariamente celulares, laptops contravienen la constitución de la república, que establece en los artículos 48 la garantía del secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas y el artículo 49 donde indica serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso.
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New York, Ene.5 (DPnet).
