La respuesta a esta cuestión no es complicada. En esencia, se trata de mostrar que las instituciones, normas, e incluso el texto constitucional, no aportan suficientes evidencias de un modelo favorable para el crecimiento económico. Tras el fracaso de los regímenes socialistas de Europa y la opción de China y Vietnam hacia las libertades económicas, Cuba se ha quedado en el mundo como el último baluarte de la guerra fría, defendiendo un modelo económico agotado, que no da para más y que tiene que ser modificado.
El socialismo de inspiración comunista que reivindican los dirigentes cubanos supone un estado dueño absoluto de los medios de producción, con capacidad para controlar la economía por medio de la planificación central, la ausencia de libres derechos de propiedad privada y la anomalía de contar con uno de los pocos ministerios con competencias en materia de precios. Un modelo que no facilita el despegue de la actividad económica.
En la práctica el modelo social comunista cubano combina un estado totalitario que gasta más de lo que ingresa de forma sistemática, muy sobredimensionado porque detrae no solo recursos tributarios, sino también no tributarios de las empresas, lo que debe combinar con subsidios que se destinan a rebajar los precios de la producción poco competitiva e ineficiente.
No existe respeto a la propiedad privada, ni garantías para su existencia, porque no hay un estado democrático de derecho, las expropiaciones se mantienen como espada de Damocles en la regulación y la planificación central desarrolla amplias competencias sobre la economía. demás, Cuba no mantiene estabilidad monetaria y fiscal, como consecuencia de la elevada intervención del gobierno en la economía. El estado necesita de las divisas y por ello apuesta por la libertad de comercio e inversiones, pero prohíbe la realización de proyectos que no se ajusten a las directrices oficiales.
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