Washington, Feb. 20.─ Deeply concerned about allegations of violations of international humanitarian law and human rights in Sri Lanka, the US on Tuesday said that it plans to introduce its own resolution on the issue at the Human Rights Council meeting in Geneva.
"We continue to be deeply concerned by allegations of violations of international humanitarian law and human rights in Sri Lanka," State Department spokesperson Victoria Nuland told reporters.
En este importante evento se gestó el Grupo Parlamentario Latinoamericano de Amistad con el Movimiento Democrático Cubano 
Santiago de Chile, Feb. 5.─ El foro Relaciones Internacionales y Derechos Humanos: La visión europea y latinoamericana se realizó con el apoyo de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (foto) y contó con el auspicio institucional del Centro Internacional Demócrata Cristiano de Suecia, la organización humanitaria checa People In Need y el Observatorio Hannah Arendt de Venezuela.
El programa, dividido en tres paneles, incluyó presentaciones sobre "Política Exterior, Derechos Humanos y Solidaridad Democrática Internacional", "Comercio Internacional, Responsabilidad Social Empresaria y Derechos Humanos", "Normativa Internacional de los Derechos Humanos y el Sistema Democrático" y "Testimonios de Solidaridad Democrática Internacional".
According to the Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN), the Egyptian Ministry of Justice has announced a new draft law that activists worry will "muzzle dissenting voices and gag public freedoms" in the country. The proposed law bans foreign government funding of NGOs, and mandates NGO registration with the Egyptian state, thus subjecting all activities to the approval of a committee comprised of representatives from several ministries and security apparatus personnel. Violations of the law, including aiding a foreign CSO "in the exercise of any activity in Egypt," carry punishments as severe as imprisonment for not less than one year and fines up to £E 100,000 (approximately US$ 14,820).
Feb. 12.─ Last week, and in the aftermath of mounting political tensions and street violence shaking the country, the Egyptian Ministry of Justice announced a new draft Law on Civil Associations and Foundations and a draft law on demonstrations for consideration and approval by the government.
The Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN), the International Federation for Human Rights (FIDH) and the World Organisation against Torture (OMCT) are deeply disturbed that such repressive legislation should be taken by the Egyptian authorities in an attempt to muzzle dissenting voices and gag public freedoms in the country.
This most disquieting development comes in a context where public authorities have been meeting street protests with excessive use of force entailing tear gas and rubber bullets, leaving over60 dead and dozens of wounded over the past weeks.
Tiene sentido afirmar que la libertad religiosa es
la prueba de fuego que determina la existencia
de una democracia real. Los derechos al voto, a la propiedad
o a la libre asociación tendrían muy poco significado
si los ciudadanos no pudieran expresarse y actuar democráticamente
sobre la base de sus creencias en la realidad definitiva superior
que defina quiénes son y lo que significa su existencia en esta Tierra
En la versión en español de la Wikipedia definen la libertad religiosa o la "libertad de culto" como "un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión, de no elegir ninguna, o de no creer o validar la existencia de un Dios y poder ejercer dicha creencia públicamente, sin ser víctima de opresión, discriminación o intento de cambiarla." En inglés le dan un significado ligeramente distinto, pero más preciso para una interpretación jurídica, describiéndola como "un principio que apoya la libertad de un individuo o comunidad, en público o en privado, a profesar una religión o creencia en la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia; el concepto reconoce generalmente que también incluye la libertad de cambiar de religión o de no seguir ninguna religión."
El Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia".
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos proclamó 28 años más tarde en su Artículo 2 que: "Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social." En su Artículo 18, va más allá para establecer que: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza"; pero añade que: "La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás".
Esta Declaración y el Pacto correspondiente no se habrían podido aplicar a nivel nacional e internacional sin el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que entró en vigor el 23 de marzo de 1976 y que reconoce la competencia de un Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas "para recibir y considerar comunicaciones de individuos que se hallen bajo la jurisdicción de ese Estado y que aleguen ser víctimas de una violación, por ese Estado Parte, de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto", con la obligación de que este Comité presente informes periódicos a la Comisión de Derechos Humanos para que ésta tome las medidas pertinentes.
Feb. 13.─ No sooner had Cuban President Raúl Castro returned to Havana from Chile, where he was sworn in as the new president of the Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Community of Latin American and Caribbean States—CELAC), than Reporters Sans Frontieres (Reporters Without Borders—RSF) repeated his own words back to him. The French-based NGO released a letter Monday urging the Cuban leader to release journalists currently held in Cuban prisons and called on Castro to reject, in Cuba, the "aggression, threats and use of force" he mentioned during his CELAC acceptance speech.
During the CELAC summit, Castro had said he had "total respect for international law and the United Nations Charter." In response, RSF requested "that these undertakings quickly be given concrete expression in your own country."
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