Perspectivas / Perspectives

Valencia, Jun.8.─ La persecución que sufren los cristianos, sobre todo en el Oriente Medio, pero también en Corea del Norte, China, Irán y algunos países de África, se manifiesta de una forma más insidiosa en países democráticos en los que se intenta limitar la libertad religiosa y el derecho de expresión con argumentos legalistas. 

El caso más reciente se ha desarrollado en España mediante una acción legal contra el Cardenal Antonio Cañizares, acusado en los tribunales de Valencia como si se tratara de un delincuente.

El Partido Socialista Popular valenciano (PSPV) está a la vanguardia de esta acción legal, como lo señala el portavos socialista, Manuel Mata, subrayando que no van a "consentir que se devuelva el Medievo" a los valencianos ni que haya "injerencias permanentes" de la religión en la sociedad. El portavos de Ciudadanos, Alexis Mari, en otra declaración señaló que Cañizares "se ha metido un gol en propia puerta y en el último minuto", con unas declaraciones "desacertadas", además de "homófobas y misóginas" que "dañan la convivencia pacífica" entre las personas.

El terribe delito cometido por el Cardenal Cañizares consiste en haber dicho durante una homilía sobre la familia que: “En la familia se juega el futuro del hombre y de toda la sociedad (...) La familia (...) sufre ataques de gran calado, que a nadie se nos oculta. Ahí tenemos legislaciones contrarias a la familia, la acción de fuerzas políticas y sociales, a la que se suman movimientos y acciones del imperio gay, de ideologías como el feminismo radical o la más insidiosa de todas, la ideología de género.”

• El organismo advierte que no podrá seguir funcionando si los países no pagan
• Es vergonzoso el hecho de que los países de América hayan aportado sólo $199,000 dólares en fondos voluntarios a la CIDH en todo el año 2015
• Los únicos que han dado fondos a la CIDH en 2016 han sido Argentina, Estados Unidos, Perú y Uruguay. Estados Unidos ha aportado más del 90% de estos fondos

Washington, DC, Mayo 23.─ La región de las Américas corre riesgo de quedarse sin la protección del organismo que durante décadas ha vigilado y defendido los derechos humanos en el Hemisferio Occidental. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido este lunes de que está arruinada. Si los países miembro no empiezan a entregar fondos, tendrá que despedir casi a la mitad de su personal a partir de agosto y dejar de ejercer funciones clave de su mandato. Algo que, para los expertos, podría tener consecuencias nefastas.

“Nos preocupa que la crisis financiera debilite la capacidad del sistema interamericano de responder a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos”, resume la situación Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).