Valencia, Jun.8.─ La persecución que sufren los cristianos, sobre todo en el Oriente Medio, pero también en Corea del Norte, China, Irán y algunos países de África, se manifiesta de una forma más insidiosa en países democráticos en los que se intenta limitar la libertad religiosa y el derecho de expresión con argumentos legalistas.
El caso más reciente se ha desarrollado en España mediante una acción legal contra el Cardenal Antonio Cañizares, acusado en los tribunales de Valencia como si se tratara de un delincuente.
El Partido Socialista Popular valenciano (PSPV) está a la vanguardia de esta acción legal, como lo señala el portavos socialista, Manuel Mata, subrayando que no van a "consentir que se devuelva el Medievo" a los valencianos ni que haya "injerencias permanentes" de la religión en la sociedad. El portavos de Ciudadanos, Alexis Mari, en otra declaración señaló que Cañizares "se ha metido un gol en propia puerta y en el último minuto", con unas declaraciones "desacertadas", además de "homófobas y misóginas" que "dañan la convivencia pacífica" entre las personas.
El terribe delito cometido por el Cardenal Cañizares consiste en haber dicho durante una homilía sobre la familia que: “En la familia se juega el futuro del hombre y de toda la sociedad (...) La familia (...) sufre ataques de gran calado, que a nadie se nos oculta. Ahí tenemos legislaciones contrarias a la familia, la acción de fuerzas políticas y sociales, a la que se suman movimientos y acciones del imperio gay, de ideologías como el feminismo radical o la más insidiosa de todas, la ideología de género.”
Sólo por estas palabras se ha desatado la persecución, la caza al hombre que se ha atrevido a pensar distinto de ciertos partidos y grupos. Y además se ha atrevido a proclamarlo. Su obligación como representante de la Iglesia Católica es seguir y proclamar la doctrina de Jesús sin arredrarse por las posibles consecuencias.
La primera defensa partió del Partido Popular (PP), por declaraciones de su portavoz, Isabel Bonig, calificando la "campaña" contra Cañizares como "desproporcionada, impropia e inadecuada", pero endulzando sus palabras para hacerlas más políticamente correctas, al añadir que en su homilía el Cardenal ha causado todo este revuelo por hacer "una referencia no muy acertada".
Por su parte, el Cardenal Cañizares declaró públicamente que los que fomentan esta campaña y mueven hilos legales para sustentarla: "Me recuerdan a los tiempos del dictador Franco cuando se censuraban homilías". Y puntualizó que "nada de lo que ustedes afirman sobre mí es cierto".
No obstante, los políticos acusadores llevaron su demanda a la Corte valenciana en apoyo del colectivo Lambda (gais y lesbianas) en una vista que tuvo lugar el miércoles 8 de junio, presentada con el argumento de que "las declaraciones del cardenal Antonio Cañizares, pese a que no reflejan el pensamiento de la mayoría de las personas que profesan el catolicismo y conviven en la Comunitat Valenciana, realizando un llamamiento a la desobediencia de normas que protegen contra la discriminación machista a las mujeres y que permiten el libre desarrollo de los derechos del colectivo LGTBI, pueden avivar situaciones de violencia de diversa índole ante las que los demócratas, debemos reaccionar."
No obstante esos alegatos, este abusivo hostigamiento provocó la reacción de más de 50 mil ciudadanos que firmaron una iniciativa en defensa del Cardenal y de la libertad religiosa, y logró el publico rechazo del Partido Popular (PP), que obligó al PSPV a retirar su demanda al encontrarse en minoría parlamentaria y sin apoyo en Corte.
Este no es un hecho aislado. Según un informe presentado el 24 de mayo por el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC), en 2015 se registraron en España 187 agresiones contra los derechos fundamentales de libertad religiosa, frente a las 91 del año anterior. La mayoría (99) fueron casos de marginación de la religión de la vida pública. De ese centenar, alrededor de 69 estuvieron impulsados por partidos políticos, como Podemos y sus distintas confluencias –Ahora Madrid, Compromís, Ganemos– y coaliciones de gobierno de extrema izquierda en las que también forma parte el PSOE.
Aunque los agresores han perdido ya varias batallas legales en España, tales como el intento de cerrar la iglesia de Sta. María en Barcelona, la prohibición de procesiones de Semana Santa para reemplazarlas con procesiones escandalosas, la suspensión de la Cabalgata del Día de Reyes, el hostigamiento a la libertad de expresión de los obispos de Getate, etc., etc., la táctica agresiva contra los grupos religiosos y sus principios y derechos, continúa con denuedo.
Pese a las victorias logradas en defensa del Estado de derecho en las Cortes españolas, es muy importante que estemos akertas a los intentos de represión religiosa que se están produciendo cada vez con mayor frecuencia en muchos países democráticos. Sean cristianos o no los ciudadanos de esos países, es obligación de todos defender los derechos y libertades de los demás. En cuestión de derechos humanos y de libertades fundamentales, no podemos observar desde la cerca lo que ocurre porque tarde o temprano su violación nos afecta a todos.