Otra decisión del régimen castrista puede suponer un duro golpe al sector agropecuario privado que empieza a funcionar en el país. Pagar impuestos por la tierra cedida.
Tras las reformas de Raúl Castro en 2006, que permitían la entrega en arrendamiento de tierras ociosas, propiedad del estado, a productores privados para que las pusieran en cultivo, un lento pero continuo aumento de usufructuarios ha situado en 2017 la cifra en 151.000 que ocupan 1,2 millones de hectáreas que continúan siendo propiedad del estado.
Transcurridos 11 años desde la aprobación de estas reformas, que aún tardaron casi dos años en implementarse plenamente, más del 70% de las tierras de cultivo de la isla están en manos de productores no estatales, entre usufructuarios y campesinos propietarios. Por el contrario, la proporción de tierras que gestiona el estado se mantiene en el 30%, una cifra realmente elevada, que no se observa en otros países de América Latina y del mundo, y que está detrás de los bajos rendimientos de la agricultura en Cuba.
En realidad, todavía queda por entregar a los productores privados unas 500.000 hectáreas de tierras para la agricultura y la ganadería. Las autoridades justifican esta situación porque se trata de “áreas poco atractivas” por situarse lejos de poblaciones y plagadas de marabú. La realidad es que la fórmula del arrendamiento sin derechos de propiedad no interesa a muchos productores agropecuarios. Nadie quiere trabajar para algo que no es suyo. No obstante, gracias a la entrada de productores privados en la agricultura, se han obtenido incrementos de la producción de arroz, maíz, fríjol y frutas, en los que más del 90% de la producción depende de la iniciativa privada, con crecimientos medios anuales entre el 6% y el 8%.
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