Otra decisión del régimen castrista puede suponer un duro golpe al sector agropecuario privado que empieza a funcionar en el país. Pagar impuestos por la tierra cedida.
Tras las reformas de Raúl Castro en 2006, que permitían la entrega en arrendamiento de tierras ociosas, propiedad del estado, a productores privados para que las pusieran en cultivo, un lento pero continuo aumento de usufructuarios ha situado en 2017 la cifra en 151.000 que ocupan 1,2 millones de hectáreas que continúan siendo propiedad del estado.
Transcurridos 11 años desde la aprobación de estas reformas, que aún tardaron casi dos años en implementarse plenamente, más del 70% de las tierras de cultivo de la isla están en manos de productores no estatales, entre usufructuarios y campesinos propietarios. Por el contrario, la proporción de tierras que gestiona el estado se mantiene en el 30%, una cifra realmente elevada, que no se observa en otros países de América Latina y del mundo, y que está detrás de los bajos rendimientos de la agricultura en Cuba.
En realidad, todavía queda por entregar a los productores privados unas 500.000 hectáreas de tierras para la agricultura y la ganadería. Las autoridades justifican esta situación porque se trata de “áreas poco atractivas” por situarse lejos de poblaciones y plagadas de marabú. La realidad es que la fórmula del arrendamiento sin derechos de propiedad no interesa a muchos productores agropecuarios. Nadie quiere trabajar para algo que no es suyo. No obstante, gracias a la entrada de productores privados en la agricultura, se han obtenido incrementos de la producción de arroz, maíz, fríjol y frutas, en los que más del 90% de la producción depende de la iniciativa privada, con crecimientos medios anuales entre el 6% y el 8%.
La realidad es que cuando todavía no han transcurrido los años necesarios para que las explotaciones agrarias cedidas en arrendamientos empiecen a dar beneficios sostenidos a sus titulares, el gobierno anuncia que empezará “de manera gradual” a cobrar impuestos en 2018 sobre la posesión y uso de las tierras agrícolas. Como si se tratase de tierras de propiedad privada, que no lo son, ni tampoco lo serán, dentro de la economía socialista que dibujan los llamados “lineamientos”, los productores agropecuarios que ocuparon los terrenos ociosos para el cultivo y ganadería cedidos por el estado comunista, deben prepararse para lo que venga.
El gobierno ha anunciado que los impuestos se aplicarán teniendo en cuenta la superficie y las características de los terrenos. Y si bien, las cifras que se manejan son reducidas, entre 120 pesos cubanos (unos 5 dólares) y 30 pesos (1,5 dólares) por hectárea, según la categoría productiva, lo cierto es que en un país en que los salarios medios rara vez superan los 24 dólares al mes, la aplicación de esta carga tributaria en un sector de muy baja productividad, no parece lo más adecuado para favorecer su evolución.
Una novedad que están barajando las autoridades es el cobro de impuestos sobre las tierras agrícolas y forestales que están ociosas. No deja de ser curioso, si se tiene en cuenta que desde las expropiaciones a los legítimos dueños de la tierra en 1959, la mayor parte de la superficie ociosa ha estado en manos del estado castrista, que nunca ha sido capaz de producir lo suficiente para alimentar a la población. Ahora, el régimen se ha inventado una definición de “tierras ociosas” para hacer recaer la fiscalidad sobre los arrendatarios. En ese sentido, la Ley 113 del Sistema Tributario, señala que las tierras ociosas son las que no están en producción agrícola, pecuaria o forestal -con excepción de las que se encuentran en descanso por rotación de cultivos-, las cubiertas de maleza y las “deficientemente aprovechadas”. Y tras la definición, la fiscalidad. Cuando se trate de este tipo de tierras, los tributos a pagar serán mayores: de 180 pesos a 45 pesos (de 7,5 a 1,87 dólares) por hectárea de tierra.
Las autoridades están barajando la posibilidad de acompañar la mayor carga tributaria a los agricultores privados con otras medidas, como la extensión de 10 a 20 años del periodo de posesión de las tierras entregadas a personas naturales, en tanto que cuando se trate de personas jurídicas el tiempo será indefinido -antes era por 25 años-, siempre que “cumplan con las condiciones pactadas”. Está previsto igualmente, el incremento de tierra entregada, de 13,42 a 26,84 hectáreas, para las personas naturales que la solicitan por primera vez para uso agropecuario y forestal, autorizando a los beneficiarios de las tierras a “vincularse o integrarse a empresas (estatales) agropecuarias, azucareras o forestales”. La pregunta es, ¿ha consultado alguien del régimen si estas medidas son las que desean los productores privados?
La realidad es que se trata, como en otras ocasiones anteriores, de medidas que apenas corrigen con parches los graves problemas asociados a esta reforma de la producción agropecuaria, que debería atender a la distribución real de los derechos de propiedad. Insisto. Nadie va a dedicar esfuerzos y trabajo a una tierra que sabe que nunca será suya, y lo que es peor, que en cualquier momento, el estado se reserva el derecho a ejercer la retroactividad. Esa inseguridad jurídica impide a las fuerzas productivas dimensionar sus explotaciones agrarias, crecer, acumular riqueza, contratar trabajadores e insumos y producir más para el mercado, con los efectos consiguientes sobre la oferta y los precios.
En vez de ello, los productores agrarios privados de Cuba se enfrentan a continuos problemas, como la ausencia de sistemas de distribución y logística eficientes (los que hay se encuentran controlados por el estado), la imposibilidad de acceder a mercados de equipos y fertilizantes, deficientes infraestructuras en las zonas rurales, ausencia de envases para el transporte de la producción, falta de mano de obra, el abandono de los campos tras años de dejadez del estado, y muchos más. Mientras tanto, el régimen dedica 2.000 millones de dólares al año para importar el 80% de los alimentos que consume. Lo que es peor, y como reconocen las autoridades, el 60% de esos alimentos comprados en el exterior se pueden producir en el país.
El aumento de impuestos sobre el uso de la tierra supondrá más costes para los productores, que tendrán que incrementar los precios de sus cosechas para no entrar en pérdidas. Los que no lo puedan hacer, porque las autoridades fijan los precios de manera centralizada, tendrán que abandonar los campos y dejar de producir. Prepárense para más escasez y racionamiento. Los productores que sobrevivan, incrementarán la inflación. Los efectos provocados por el aumento de los impuestos decidido por el régimen, no serán nunca buenos. Tampoco serán bien recibidos por los consumidores.