El director del Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, considera el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC sobre la justicia transicional permite la impunidad.
En una entrevista televisada por CNN (26-8-2016), José Vivanco reiteró sus críticas contra el acuerdo de justicia en el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC por considerar que permite la impunidad para quienes cometieron crímenes graves en el marco del conflicto armado
Vivanco aseguró que el proceso de paz es una oportunidad única para reducir las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, dice que el acuerdo de víctimas le permite penas alternativas a los guerrilleros por el hecho de confesar sus crímenes, lo cual supone un problema de desproporcionalidad ya que pagan poco por delitos atroces.
Después de las elecciones legislativas de 7 de diciembre del año 2015, el poder ejecutivo desconoció los resultados, y descalificó, desacreditó y, finalmente, anuló las acciones de nuevo poder legislativo, desconociendo la separación de los poderes públicos y, específicamente, al Poder Legislativo. Hizo nombramientos ilegales en el poder judicial y en los poderes independientes de estado con el propósito definitivo ha evitar el ReferéndumRevocatorio Presidencial y las elecciones de los gobernadores y alcaldes municipales, que significarían a la pérdida de la libre expresión ciudadana.
El oposición democrática considera de la situación ingobernabilidad de Venezuela se deteriorado mucho en 2016 debido a las dificultades económicas con la creciente escasez de alimentos y medicinas, tornada en una verdadera crisis humanitaria; la inseguridad ciudadana; la represión política;el permanente aumento de la corrupción; pero sobretodo la incapacidad del poder ejecutivo de ejercer la gobernabilidad. La oposición ha llamado a la marcha a Caracas el 1ro. Setiembre para reclamar sus derechos conculcados.
Para Luis Almagro, el Secretario de OAE, quien comenzó a invocar la Carta Democrática para Venezuela en el pasado mayo, de la única forma de que Venezuela pueda empezar a salir de su crisis es con tres prioridades: la celebración del Referéndum Revocatorio del mandato del presidente, la liberación de los presos políticos y me que permita la entrada de ayuda humanitaria.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia costarricense falla sobre el caso ICE-Alcatel, que obligó a renunciar al ex Presidente Miguel Ángel Rodríguez a su cargo de Secretario General de la OEA, lo cual favoreció las aspiraciones de José Miguel Insulza y sometió al ex mandatario a un largo y penoso proceso legal
Miguel Ángel Rodríguez.- "Fui víctima de una persecución infame"
San José, Ago.19.─ El expresidente Miguel Ángel Rodríguez celebró el haber sido absuelto de forma definitiva del caso conocido como ICE-Alcatel y asegura que en los últimos 12 años ha sido víctima de una "persecución infame".
El exmandatario (1998-2002) expresó que nunca debió haber sido llevado antes los tribunales desde que volvió al país el 15 de octubre del 2004.
Una corriente chavista que integra el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) exigió a la autoridad electoral del país activar el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. El reclamo fue realizado por el sector Marea Socialista, una agrupación emergente de la izquierda venezolana liderada por ex ministros del gobierno de Hugo Chávez que mantienen diferencias con el actual mandatario después por la muerte de su referente político.
Marea Socialista está liderada por los ex ministros del gobierno de Chávez Héctor Navarro, Ana Elisa Osorio y Gustavo Márquez. Entre otras figuras que integran el sector está el ex general del Ejército Clíver Alcalá y ex ministro de Planificación y mentor intelectual de Chávez, Jorge Giordani.
Además los disidentes del PSUV condenaron los despidos de los funcionarios públicos señalados de haber firmado las solicitudes preliminares del referéndum revocatorio requerido por la oposición venezolana. El supuesto despido de funcionarios fue una orden impartida presuntamente por parte de varios líderes del partido gobernante, por considerar que quienes respaldan el revocatorio no pueden ser parte de la "revolución bolivariana" y deben dejar sus cargos en los organismos del Estado.
También este pasado lunes de julio se dieron a conocer los resultados de la encuesta de opinión Venebarómetro de Caracas, que estimó que 88% de los entrevistados apoyan la pronta remoción de Maduro del poder, y que 58% se dijeron dispuestos a firmar las planillas de solicitud del revocatorio a pesar de los riesgos que ello pudiera comportar para cada uno de ellos.
Marea Socialista considera que la situación no es fácil, pero que el revocatorio es impostergable para dar una salida pacífica a la crisis política y evitar salidas no deseadas o graves desenlaces, cuyos signos ya se advierten. El Estado debe garantizar el ejercicio del derecho constitucional de los ciudadanos a participar y protagonizar la acción confirmatoria o revocatoria del presidente, sostuvo la organización en un escrito entregado en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) el lunes 18 de julio.
The global trade system and the international investment system face significant turning points at the end of this year, one that was postponed when China joined the World Trade Organization almost 15 years ago. The United States (US) and the European Union (UE) must decide whether they will begin to treat China as a “market economy” in their trade and investment policies. Unfortunately, even as the battle escalates over the course of this year, the terms of the choice ensure that nothing will be done to address the global trade and international investment regimes’ deeper flaws.
China’s WTO accession agreement, signed in December 2001, permitted the country’s trade partners to deal with China as a “non-market economy” (NME) for a period of up to 15 years. NME status made it a lot easier for importing countries to impose special tariffs on Chinese exports, in the form of antidumping duties. In particular, they could use production costs in more expensive countries as a proxy for true Chinese costs, increasing both the likelihood of a dumping finding and the estimated margin of dumping.
Today, though many countries, such as Argentina, Brazil, Chile and South Korea, have already rewarded China with market-economy status, the world’s two biggest economies, the US and the EU, have not. But, regardless of whether they do, antidumping measures are ill-suited to the task of addressing concerns about unfair trade – not because such concerns are ungrounded, but because they go well beyond dumping. Antidumping facilitates protectionism of the worst kind, while doing nothing for countries that need legitimate policy space.
China's latest proposed list of industries that would be off-limits to foreign investors shows more work is needed to agree on a new investment treaty with the United States, U.S. Commerce Secretary Penny Pritzker said in an interview on Monday (on June 27).
