El año 2024 ha sido escenario de acontecimientos que están marcando el momento geopolítico en Latinoamérica y cuyos efectos alteran la estabilidad y gobernabilidad en la región. De norte a sur del Continente, la mayoría de los países que lo integran confrontan hechos que son el resultado de la convergencia del llamado “trilema de Lessing” (1) - el narcotráfico, la corrupción y la violencia - que afectan gravemente la vida de los ciudadanos y que deben ser, como bien lo advirtió el Apóstol de Cuba José Martí, condenados y combatidos por los pueblos para garantizar su paz y estabilidad.
Repasamos a continuación los países en los que actualmente se desarrollan graves acontecimientos de carácter social, político y criminal que inciden negativamente en su estabilidad institucional y en la convivencia de sus ciudadanos.
HONDURAS
La centroamericana República de Honduras ha sido el lamentable escenario de crisis políticas desde que el presidente José Manuel Zelaya del Partido Liberal asumió la jefatura del estado en enero del 2006. Aunque conservador de cuna, Zelaya migró hacia el populismo de izquierda y en el año 2008 incorporó a Honduras a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA, fundada por Fidel Castro y Hugo Chávez en el 2004. La incorporación al ALBA le permitió a Honduras aprovecharse del programa Petrocaribe que permitía que países se beneficiaran de las dadivas de Hugo Chávez con el petróleo de los venezolanos, accediendo a su compra con un financiamiento del 40% del petróleo adquirido, con una tasa de interés del 1% y pagadero en un periodo de 25 años.
En el año 2009, Juan Manuel Zelaya propuso un referéndum a celebrarse el 28 junio de ese año para modificar la Constitución hondureña de 1981. Dicha propuesta fue rechazada por Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional, bajo control de los conservadores que se oponían a toda reforma constitucional. Todos esos poderes públicos consideraron ilegal la consulta. Por su parte el ejército hondureño, se negó a distribuir las urnas y el material de votación para la consulta del 28 de junio, lo que obligó al presidente Zelaya a importar el material desde Venezuela. Tal proceder del ejecutivo hondureño ocasionó una crisis política por causa de la renuncia del ministro de defensa y de los jefes militares. El 28 de junio de 2009 Zelaya fue depuesto por un golpe militar siendo expulsado hacia Costa Rica y la presidencia la ocupó interinamente el presidente del Congreso Roberto Micheletti.
En el mes de enero del año 2010 fue electo presidente por el periodo 2010-2014 Porfirio Lobo Sosa, quien fue sustituido en enero de 2014 por Juan Orlando Hernández Alvarado quien sirvió dos periodos constitucionales, hasta enero de 2022. Tras dejar la presidencia, Juan Hernández Alvarado fue arrestado en su domicilio en Tegucigalpa y extraditado a los Estados Unidos el 21 de abril. En marzo de 2024, Hernández Alvarado fue sometido a juicio en Nueva York siendo encontrado culpable por los delitos de conspiración para traficar narcóticos, uso de armas de fuego y conspiración para traficar armas de fuego, siendo condenado en junio del mismo año a 45 años de prisión. Según manifestó la fiscalía de Nueva York que calificó a Honduras durante la presidencia de Hernández Alvarado como “un narcoestado”, el expresidente habría aceptado sobornos millonarios antes y durante su presidencia para favorecer el narcotráfico en Honduras.
XIOMARA CASTRO DE ZELAYA
El 28 de noviembre de 2021 fue electa como presidenta de Honduras Xiomara Castro de Zelaya, esposa del
expresidente Juan Manuel Zelaya. Desde el inicio mismo de su periodo constitucional 2022-2026, la Sra. Castro ha ejecutado acciones que ponen en duda su apego a la institucionalidad y legalidad. Para el 23 de enero de 2022, la nueva presidenta de Honduras no había tomado posesión formal de su cargo pues se negaba a ser juramentada ante una directiva del Congreso que fue electa por los votos mayoritarios de los partidos opositores, el Partido Nacional y el Partido Liberal. La coalición de partidos que llevó a la victorial electoral a Xiomara Castro, el Partido Libre dirigido por su esposo el expresidente Manuel Zelaya y el Partido Salvador de Honduras PSH, designó una directiva paralela presidida por Luis Redondo.
Ante ese conflicto institucional, la presidenta fue juramentada el 27 de enero de 2022 por la jueza Karla Romero del Tribunal de Sentencia de Honduras. Cabe destacar que el presidente paralelo del Congreso Luis Redondo, designado por la coalición que llevó a Xiomara Castro a la presidencia, se había negado a juramentarla, razón por la cual se recurrió a la jueza Romero, quien declararía posteriormente que ella no era competente para la juramentación de un jefe de estado. Para octubre de 2022 el Partido PSH, cuyo fundador Salvador Nasralla es el actual vicepresidente de la República, rompió su alianza con el Partido Libre de Xiomara Castro, dificultando la gobernabilidad en Honduras.
En diciembre de 2022, Xiomara Castro declaró un estado de excepción que abarcaba 123 municipios. Según afirmó la presidenta, se requerían medidas extraordinarias para luchar contra la inseguridad, especialmente las extorsiones y el narcotráfico. En virtud del estado de excepción, las autoridades suspendieron derechos constitucionales tales como la libertad de circulación y de reunión y se permitió a la policía militar practicar detenciones y registrar domicilios sin orden judicial. Se suponía que las medidas extraordinarias iban a ser temporales, pero no lo fueron. Tras 640 días, el estado de excepción continua en plena vigencia, días en los que la población de Honduras ha estado expuesta a abusos tolerados por la ley. Entre los afectados por esos abusos resaltan, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, periodistas y ambientalistas. De hecho, el sábado 14 de septiembre de 2024 fue asesinado por unos sicarios al salir de una Iglesia Católica el ambientalista y defensor de derechos humanos Juan López quien luchaba por el cierre de una mina de oxido de hierro a cielo abierto .(20)
En el mes de septiembre del año 1912, Honduras y Estados Unidos firmaron un Tratado de Extradición que es considerado por Estados Unidos como una herramienta clave para desmantelar el narcoestado creado bajo la presidencia de Juan Hernández Alvarado quien, desde su extradición en 2022, purga una condena de 45 años en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. El miércoles 28 de agosto de 2024, la embajadora de Estados Unidos en Honduras Laura Dogu expresó a periodistas su “preocupación” por ver al ministro de defensa, José Manuel Zelaya, y al jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas, general Roosevelt Hernández, “sentados al lado de un narcotraficante en Venezuela”, refiriéndose al ministro de la defensa de Venezuela Vladimir Padrino López.(21)
Tras las declaraciones de la embajadora Dogu, la presidenta Xiomara Castro ordenó al canciller hondureño cancelar el Tratado de Extradición pues como dijo la presidenta Castro, “Ayer atacaron al jefe de las Fuerzas Armadas y al ministro de defensa en nuestro país. Un ataque que no podemos permitir. No voy a permitir que se utilice, instrumente la extradición para intimidar o chantajear a las Fuerzas Armadas de Honduras; nosotros estamos defendiendo nuestras Fuerzas Armadas”. José Manuel Zelaya, el ministro de defensa de Honduras, es sobrino de la presidenta Castro pues es hijo del diputado Carlos Zelaya, hermano del expresidente Juan Manuel Zelaya, su esposo. La cancelación del Tratado de Extradición ha sido objeto de serios cuestionamientos en Honduras pues las declaraciones de la embajadora norteamericana no lo justificaban, como lo alegó la presidenta Castro. En todo caso la embajadora Laura Dugu ha podido ser declarada persona non grata por sus comentarios pero ello en ningún caso ameritaba la renuncia al Tratado, a menos que se esté protegiendo a alguien.
Apenas transcurrida una semana de la declaración de la embajadora Laura Dugu sobre la reunión del ministro de la defensa José Manuel Zelaya con el venezolano Vladimir Padrino López y la terminación del Tratado de Extradición, estalló otro nuevo escándalo en Honduras vinculado con el narcotráfico. El 4 de septiembre fue publicado un video por el grupo especializado en el seguimiento del crimen organizado Inside Crime (https://insightcrime.org/es/) en el que se evidenciaba una reunión entre poderosos narcotraficantes y el político Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro.
En el video, filmado en una reunión celebrada en el año 2013, se muestran a varios narcotraficantes ofreciendo US $650.000 para la campaña política del Partido Libre, el partido de Xiomara Castro y su esposo Manuel Zelaya. Ese dinero era un “aporte” a la campaña presidencial de ese año de la Sra. Castro, elección que fue ganada por el “narco presidente” Juan Orlando Hernández Alvarado. Tras la publicación del video, Carlos Zelaya admitió su autenticidad y dimitió como diputado y secretario del Congreso hondureño. El narco escándalo que afecta a la familia Zelaya Castro también se llevó por delante al ministro de la defensa José Manuel Zelaya, hijo del diputado renunciante Carlos Zelaya. Como sucede en los tambaleantes gobiernos en las Américas, cuando su permanencia en el poder se ve en peligro por sus vínculos criminales, la presidenta Xiomara Castro ha denunciado que existe un plan de las elites hondureñas aliadas con Estados Unidos, para derrocar su gobierno.
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Referencias:
20.-https://cnnespanol.cnn.com/2024/09/15/asesinan-honduras-juan-lopez-ambientalista-derechos-humanos-regidor-municipal-orix.
21.-https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-afirma-que-cancel%C3%B3-tratado-de-extradici%C3%B3n-para-evitar-un-complot-de-eeuu/87462243.