El pincipal grupo mediático argentino, opuesto al gobierno, tendrá que dividirse en aplicación de la ley impulsada por el las fuerzas políticas gobernantes. También los gobiernos de Ecuador, Bolivia y Venezuela aprietan las tuercas represivas a la prensa y limitan su libertad con diversos pretextos. Aunque algunos puedan parecer justificados como un intento de frenar la expansión monopólica de ciertas empresas, la verdadera intención subyacente es la represión a la libertad de expresión, puesto que las medidas sólo se aplican contra medios de comunicación que divulgan opiniones divergentes o contrarias al discurso oficial y promueven al mismo tiempo la consolidación de los medios de prensa en un monopolio estatal, tolerando si acaso en la periferia a los que conservan su vigencia mediante una forzosa autocensura.
Latinoamérica: leyes a medida para cambiar el mapa periodístico
Buenos Aires, Nov. 7.─ El fallo de la Justicia argentina contra el grupo Clarín, de abierta oposición con la administración de Cristina Fernández, supone un nuevo capítulo de tensiones entre medios de comunicación y gobiernos, como ha sucedido últimamente también en Ecuador y Venezuela. El veredicto judicial obliga al poderoso conglomerado mediático de Argentina a desinvertir, dividir su patrimonio y desprenderse de decenas de radios y televisiones.
La ley que disolverá el consorcio había sido aprobada y promulgada en diciembre de 2009, pero Clarín interpuso una serie de recursos que la dejaron en suspenso hasta el pasado 29 de octubre, día en que la Corte Suprema de Justicia la declaró constitucional. El grupo mediático, uno de los más grandes de la región, tiene hasta mediados de noviembre para confirmar cómo se realizará la división y el inventario de propiedades que se adjudicarán por concurso a nuevos licenciatarios. El gobierno argentino gana el pulso a "Clarín"
En estos cuatro años, el gobierno y Clarín se enfrascaron en una guerra sin cuartel, donde el grupo utilizó su plataforma para criticar abiertamente a la presidenta Cristina Fernández y su entorno, y donde estos no dejaron pasar oportunidad –actos públicos, inauguraciones y viajes– para machacar que "Clarin miente". La fricción entre ambas partes comenzó cuando surgió el largo conflicto entre el kirchnerismo y el campo en 2008; en parte, la ley de medios nacida un año después fue fruto de esa rotura de relaciones.
En 2009 también sucedió que el Congreso argentino, sustentado por la administración kirchnerista, instauró un delito de calumnias e injurias a las autoridades, que puede ser castigado hasta con prisión ...
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